Incentivos en el mercado o planeación centralizada, dos formas de asignar los recursos en la economía. Parecería fuera de tiempo entrar  a discutir con cuál de los sistemas económicos se logra un mejor desempeño de la economía, sobre todo después del rotundo fracaso que significó el experimento socialista del siglo XX, particularmente en la Unión Soviética y los países del Europa del Este y como se observa en la actualidad en aquellos que insisten en continuar con este esquema, como en Cuba, Corea del Norte y más recientemente en Venezuela. Es sin embargo relevante discutirlo porqué aun persiste en México, en varios individuos y organizaciones, como el ala izquierda del PRI, la idea de que el gobierno debe participar activamente en las decisiones de cómo asignar los recursos, tal como lo vemos con la propuesta de crear el Consejo Nacional de Financiamiento al Desarrollo.

Un sistema de planificación centralizada no puede lograr una asignación eficiente de recursos por una razón muy sencilla: el planificador no tiene toda la información relevante, particularmente lo referente a la escasez relativa de los recursos productivos, por lo que en sus decisiones de cómo asignar los recursos no toma en consideración el costo de oportunidad. Adicionalmente, para el planificador las preferencias de los individuos que componen la sociedad son irrelevantes, por lo que actúa bajo el supuesto de que las preferencias relevantes para decidir cómo se asignan los recursos son solamente las suyas. Ello lleva, tal como lo señaló Hayek en su ensayo “El camino a la servidumbre”, a que los individuos se vuelven, para efectos prácticos, esclavos del Estado; cada individuo es solamente un engrane más de una gigantesca maquinaria que no funciona.

Insistir en que el gobierno puede hacer las cosas mejor que el mercado no solo termina con un rotundo fracaso económico sino, más aun, cancela la libertad de los individuos, tanto en lo económico como en lo político.

Por el contrario, una economía de mercado, en donde los derechos privados de propiedad están eficientemente definidos en el marco legal y son eficientemente protegidos por un poder judicial independiente e imparcial que garantice el cumplimiento de los contratos lleva a que cada individuo, tomando únicamente en consideración sus preferencias y la información local relevante, asigne los recursos de su propiedad hacia aquél uso en donde la rentabilidad esperada sea la más alta. Es decir, cada individuo, al momento de decidir cómo asigna sus recursos, toma en consideración el costo de oportunidad.

En este sistema de organización social, el gobierno tiene un papel muy importante que jugar, más allá de la provisión del bien público por excelencia que es la protección de los derechos privados de propiedad. Es papel del gobierno establecer en el marco legal y regulatorio un sistema de incentivos que induzca a que cada individuo asigne los recursos hacia su uso más eficiente, garantizando que todos los mercados operen bajo un esquema de competencia. Incentivos correctos llevan a una asignación privada eficiente y, cooperando cada individuo con el resto de la sociedad a través del intercambio voluntario, una asignación que resulta también socialmente eficiente.

La economía mexicana no avanza más rápidamente en gran medida porque, además de que el gobierno no protege los derechos de propiedad, los incentivos que se derivan del arreglo institucional no son los correctos. Si en lugar de corregir esta falla, se insiste en adoptar elementos de planificación centralizada, garantizaremos la mediocridad.