A más de un articulista nos ha llegado, de parte de la revista Letras Libres, en solidaridad con Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado, la petición de que en nuestra próxima entrega terminemos nuestra columna, a la usanza de Sicilia en sus artículos, con la siguiente frase: “‘Además, exijo a las autoridades federales y locales que esclarezcan el crimen múltiple en que fue asesinado Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta Javier Sicilia,” exigencia a la cual, en contra de mi costumbre de no formar parte de ningún grupo de “abajo firmantes”, me sumo, pero reconociendo que la misma puede presionar para que se encuentren, enjuicien y castiguen a los asesinos de Sicilia Ortega, y de otras cinco personas, pero que resultará inútil para ir más allá, hasta una de las principales causas de la violencia que hoy padecen muchos mexicanos, y que es la prohibición del comercio de drogas, responsabilidad del gobierno y de los gobernantes que lo encabezan.

El análisis económico del Derecho parte del siguiente hecho, más regla que excepción, empíricamente comprobable una y otra vez: una cosa es la intención del legislador a la hora de redactar leyes, y otra las consecuencias que esas leyes tendrán una vez promulgadas. El mejor ejemplo de esa discrepancia lo tenemos en la prohibición del comercio de drogas, cuya intención es terminar con su consumo, algo que no solamente no se ha logrado, ya que la prohibición de tal consumo ha generado una serie de incentivos, de entre los que destacan las multimillonarias ganancias extraordinarias en dólares, que torna mucho más agresiva la oferta de drogas, lo cual termina por ocasionar un mayor consumo de las mismas.

El análisis económico del Derecho nos enseña que las consecuencias de la promulgación de una ley pueden ser contrarias a las intenciones del legislador, sobre todo cuando esa ley es injusta, es decir, cuando viola alguno de los derechos de la persona a la vida, la libertad y la propiedad, tal y como sucede con la prohibición del comercio y consumo de drogas. Pero dicho análisis también nos enseña que entre las consecuencias de la promulgación de una ley pueden encontrarse hechos más graves (por ejemplo: el narcotráfico en lo que de delictivo tiene, comenzando por los asesinatos) que los que se pretendían evitar (en este caso el consumo de drogas).

El análisis económico del Derecho nos enseña que las consecuencias de la promulgación de una ley pueden ser un doble tiro por la culata, uno, porque agrava el problema que se pretendía resolver (por ejemplo: la drogadicción) y, dos, porque ocasiona otros problemas más graves (por ejemplo: el narcotráfico, en lo que tiene de delictivo, siendo que el comercio de drogas, por su propia naturaleza, no es una actividad delictiva), doble tiro por la culata que, en el caso de la lucha contra las drogas en México, está a la vista. Y sin embargo el gobierno, de manera por demás arbitraria, ¡sí: arbitraria!, insiste.

Hay que tener claro que la tarea del gobierno es prohibir que nos hagamos daño unos otros y, de fallar, castigar a quien dañe a otro y resarcir a la víctima. Aceptado lo anterior debemos preguntarnos si también le corresponde prohibir que nos hagamos daño a nosotros mismos, daño que podemos hacernos por conductas que van, desde trabajar mucho hasta ejercitarnos poco, sin olvidar el consumo de drogas, que es una acción entre dañina y mortal, pero que no es, por su propia naturaleza, delictiva, siendo delictivas por su propia naturaleza las conductas que violan los derechos a la vida, libertad y propiedad de los demás. Consumir drogas es un vicio, no un delito, y comerciar con ellas es una actividad éticamente cuestionable, que no debe prohibirse legalmente.

Cuando el gobierno pasa de prohibir que le hagamos daño a los demás a prohibir que nos hagamos daño a nosotros mismos viola la libertad individual (para consumir drogas) y la propiedad privada (de drogas), violación que, por principio (el respeto que le debe a la libertad y propiedad de los gobernados), y por sus consecuencias (agrava el problema que se pretendía resolver, la drogadicción, y ocasiona problemas más graves, la faceta delictiva del narcotráfico), resulta una doble arbitrariedad.

Ningún gobierno tiene el derecho de prohibirle a los gobernados que se hagan daño a sí mismos, y si lo prohíbe es porque tiene el poder para hacerlo, ¡algo muy distinto! Cuando el gobierno ejerce un poder sin el derecho para hacerlo comete una arbitrariedad, con tres consecuencias negativas: violación de derechos (a la propiedad de drogas y a la libertad para su consumo); agravación del problema que se pretendía resolver (el consumo de drogas); surgimiento de problemas más graves (la faceta delictiva del narcotráfico).

Recordemos que, como lo afirmó Othmar K. Amagi, “no hay mayor amenaza contra la libertad individual, y la propiedad privada, que el gobierno inventando delitos”; que, como lo señaló Lysander Spooner, “los vicios no son crímenes”; y que, como lo apuntó John Stuart Mill, “nadie puede ser obligado justificadamente a realizar o no realizar determinados actos, porque eso fuera mejor para él…”

Felipe Calderón, ¿cree que el gobierno tiene el derecho de prohibirle a los gobernados hacerse daño a sí mismos; de definir como delictivas acciones que, por su propia naturaleza, no lo son; de ser ángel de la guarda y protegernos de todos los males, comenzando por los que podamos hacernos nosotros mismos? Si su respuesta es afirmativa no debe olvidar que “un fin éticamente valioso no justifica la utilización de medios éticamente cuestionables”, como leemos en la declaración de principios del PAN.