El régimen de inversión de una sociedad se mide por medio de indicadores como el riesgo país, riesgo crediticio, ciertamente el grado de inversión, y otros menos formales, como los índices de competitividad o de libertad económica.

Es, sin duda, bastante más difícil medir el impacto de lo que se podría denominar “riesgo institucional”—el riesgo que nace de las incertidumbres derivadas de un estado de derecho, la eficiencia del sistema de impartición de justicia, la complejidad del marco de leyes, los niveles de inseguridad, o la aplicación discrecional, sino arbitraria, de la ley. El riesgo institucional es de carácter cualitativo—no se ve reflejado en las variables digitales, pero ciertamente se siente en el progreso del clima de inversión.

Es, como siempre, un asunto de confianza. Un país donde no se respetan contratos, donde la justicia es reducible a un costo de entendimiento, donde un crimen no se resuelve o se procesa porque no se sabe cual jurisdicción aplicar, donde recurrimos a un legalismo para clausurar hoteles políticamente incorrectos, o sea un país como en el que vivimos en estos momentos, nunca podrá salir adelante. Las inversiones, grandes y chicas, formales e informales, son golondrinas precisamente porque huyen de jardines de inversión que, lejos de inspirar confianza, institucionalizan la desconfianza.

El caso Sheraton es sólo un caso más de una larga lista de casos de indefinición, de aplicación discrecional de la ley, que pareció dar inicio con el gravísimo caso de Atenco. Vaya, como nos dice un estimado colega, parecería que debemos medir incluso el “riesgo delegacional”—el riesgo de caer en la trampa de usar el poder local arbitrariamente, para financiar proyectos personales, o un mercado de extorsiones.

Si se puede suspender un proyecto de inversión, nuevo o con amplia trayectoria, y si ello nace de motivos personales o políticos, entonces se está violando el principio más básico de igualdad de oportunidad. Con ello, se envía una señal que las autoridades tienen el poder de hacer, literalmente, lo que se les pegue la regalada gana, y en el momento que ellos quieran. Al fin que las ganas regaladas, y los momentos que viven, son a cuenta de los que se perjudican de erosionar el clima de inversión: los ciudadanos contribuyentes.

La existencia de estos pronunciados rezagos institucionales, del riego institucional en sí, explica la paradoja que, a pesar de la apertura comercial y financiera, el crecimiento y la inversión han sido, en promedio, sumamente mediocres, muy por debajo del potencial productivo del país. De hecho, un estupendo estudio en la materia, realizado hace dos años por Aarón Tornell, Frank Westermann y Lorena Martínez, demuestra que la ausencia de un desempeño económico congruente con el potencial que guarda el país, se debe a la falta de dos factores: el deterioro en el proceso jurídico de hacer valer los contratos, y con ello, un desarrollo muy lento de los mercados de capital. La consecuencia se ve reflejada en los sobreprecios que pagan los ciudadanos en las tasas de interés—la prima que debemos de pagar de entrada, derivada del riesgo institucional.

Algunos han argumentado que es mejor sacrificar el estado de derecho para que no se estorbe la paz social. Es una disyuntiva ingenua; y que, además, conlleva consecuencias radicales para mejorar el perfil del riesgo institucional.

Hoy, parecería que esta falsa disyuntiva se ha traducido en un genuino frankestein  institucional: un cheque en blanco para los grupos de interés, macheteros contratados, políticos locales, las delegadas borrachas con el poder, y otros tantos lastres que inhiben la posibilidad de hacer, crear, y crecer.