De los actores políticos más relevantes, sólo el Presidente Calderón parece tener el diagnóstico más acertado (o menos desacertado) y una mejor noción de cómo enfrentar el reto de la violencia. Calderón viene insistiendo en los últimos meses en que su lucha no es ni única ni principalmente contra el narcotráfico, sino contra los grupos violentos que buscan someter a su dominio a la población.

No hay la menor duda de que si, por ejemplo, Andrés Manuel López hubiera llegado a la Presidencia de la República las cosas estarían caminando mucho peor.

Sin embargo, un mejor diagnóstico y una mejor noción de cómo encarar el reto por parte de Calderón no han impedido que la violencia siga creciendo y cuando mucho han conseguido que la violencia no crezca más rápido, como habría sido con otro hipotético presidente. ¿Por qué?

Porque la estrategia está incompleta y porque lo que se aplica se hace de modo ambivalente e inconsecuente. Comencemos por lo segundo.

En Tamaulipas y en Nuevo León hay una política más pro-activa, para proteger a la población y para impedir que los grupos criminales se masacren. En Juárez, en cambio, parece persistir la vieja política de dejar que los narcos se maten entre sí y si no ¿cómo explicar entonces que una de las ciudades del mundo con la mayor concentración de agentes del orden, sea al mismo tiempo la que sufrió en 2010 casi 4 mil asesinatos y haya alcanzado la tasa de homicidios más alta entre todas las urbes del planeta (y la más elevada que ciudad alguna haya tenido jamás, con excepción de Medellín, Colombia entre 1990 y 1992)?

En Michoacán el gobierno federal emprendió en 2009 una acción contra la protección que el PRD y el gobierno de Leonel Godoy daban a La Familia, pero Calderón no quiso ir más lejos, no utilizó la evidencia que posee contra el gobernador y no se afana mucho por capturar a su medio hermano, Julio César Godoy. ¿Para no perjudicar una posible alianza electoral en 2012?

El Presidente de la República promueve una reforma legislativa para que el gobierno federal sólo pueda enviar al ejército a un estado si el gobernador lo pide. ¿Acaso Leonel Godoy habría pedido esa intervención?, ¿acaso Calderón descarta que gobernadores estén coludidos con el crimen organizado?, ¿acaso cree que esos gobernadores hampones se suicidarían pidiendo la intervención?, ¿está el Presidente diciendo, con esta ley, que se ha equivocado al tratar de proteger a los gobernados de los criminales (y de sus gobernantes locales)?

La Secretaría de la Defensa Nacional ha hecho un esfuerzo por enmendar errores y ha aceptado las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mientras que la Secretaría de Marina las ha rechazado. Vamos, el comandante supremo de soldados y marinos, respecto un mismo y serio asunto le da a unos una orden y a los otros la opuesta.

En un encuentro “con la sociedad”, un participante utiliza la palabra “guerra” para referirse a la estrategia del gobierno federal y el Presidente Calderón lo interrumpe para aclararle que él no ha utilizado ese término. Pero después otro participante lo acusa a él y al ejército de haber provocado la violencia en el país y le exige que deje de atacar a los pobres narcos. Pero esta vez el titular del ejecutivo no dice ni una palabra.

Von Clausewitz concedía a la moral (entendida como voluntad de prevalecer) un papel decisivo en toda guerra. Pero lo mismo vale para las “guerras” en sentido figurado o para cualquier conflicto. Las vacilaciones, ambivalencias y órdenes contradictorias del mando perjudican la moral de las filas del bando propio. Eso está ocurriendo aquí.

Sería contrario a la verdad achacar exclusivamente al Presidente Calderón la falta de eficacia en la lucha contra el crimen organizado, cuando que en realidad la mayor carga de las omisiones e ineficiencias recae en los gobernadores, quienes en su gran mayoría se han desentendido del problema. Y esto para no hablar de los encubrimientos y complicidades.

Pero de nuevo, lo que el Presidente de la República tendría que haber hecho es asumir a plenitud el liderazgo que le corresponde en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, promover el pacto político contra la violencia organizada que destruye el orden público y encabezar la verdadera reforma al sistema de justicia penal.

Respecto a esto último, nada es más indicado que predicar con el ejemplo. Si se pretende que el sistema de justicia penal se rija por un esquema de responsabilidades públicas, según el cual la permanencia en el mando dependa de los resultados, entonces eso tendría que practicarse en primer lugar en la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal. Pero esto al parecer es impensable para la presente administración.

Continuará.