Los pactos políticos en general tienen por propósito lograr cambios de largo aliento que una fuerza por sí sola no puede alcanzar. En una situación de crisis, los pactos buscan lograr lo que en condiciones normales se daría mediante el funcionamiento automático de las instituciones y la simple aplicación de la ley.

Ha habido pactos para infinidad de situaciones: para la superación de sistemas totalitarios y autoritarios, para poner fin a guerras civiles, para enfrentar una corrupción extrema e incluso para enfrentar la inseguridad. Ejemplo de esto último es la Crime Act aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1994, resultado de un acuerdo bipartidista, a fin de poner remedio de una vez por todas a una crisis de seguridad pública que venía desde finales de los años sesenta.

La “Violent Crime Control and Law Enforcement Act” (que es su nombre completo) consistió ante todo en un acuerdo para aumentar sustancialmente el gasto en el sistema de justicia penal y poner en las calles 200 mil policías más. Pero tan interesante como lo que decía el Acta era el acuerdo subyacente de quitarle carga política e ideológica al asunto de la seguridad pública. Sobre todo del lado del Partido Demócrata, inicialmente más reacio a abandonar la política criminal socialista, hubo un giro hacia al pragmatismo. Lo que los dos grandes partidos estadounidenses acordaron era que la policía podía resolver el problema de la inseguridad, lo cual puede antojarse perogrullada pero que no lo es.

Los resultados del pacto han sido caídas muy importantes en las tasas de delitos, tanto violentos como contra la propiedad, al grado de retornar a la situación anterior a la crisis de seguridad pública. Y la incidencia criminal sigue bajando, año tras año.

Un pacto político es indicado para el caso actual de México: porque el problema es singularmente grave, un solo nivel de gobierno o fuerza política no puede sola y los mecanismos normales no están funcionando.

De esto último baste un ejemplo, el problema de las competencias. Llevamos años viendo un juego de ping-pong entre autoridades federales y locales, de echarse unos a otros la pelotita, mientras atrás, en segundo plano, el país se iba incendiando. Las autoridades locales pretenden que sean las federales las que se ocupen de la investigación de la gran mayoría de asesinatos, por ser el homicidio doloso un delito del fuero común, mientras que las autoridades locales pretenden que sean las federales las que investiguen y persigan, porque la mayoría de los asesinatos están relacionados con la delincuencia organizada.

Un funcionario de un gobierno local, que participa ni la simulación ni del encubrimiento, razona así: la ley es muy clara, el ministerio público federal actúa sólo si decide ejercitar atracción, que es una facultad discrecional y yo como autoridad local no me hago tonto, trato de investigar cada homicidio sin esperar a que la PGR atraiga la investigación. Es loable la actitud del funcionario, pero la ley sigue siendo ambigua, porque no hay un criterio fijo  para distribuir competencias.

Ahora bien ¿para lograr que objetivo sería el pacto entre fuerzas políticas? El objetivo mínimo debería ser revertir la actual situación que conduce a la condición de Estado fallido, el objetivo mínimo sería detener la matanza y el derrotar el embate de los grupos criminales contra las personas inocentes que realizan mediante el asesinato, la extorsión, el secuestro y el robo.

Se trata entonces de, por un lado, cesar la tolerancia ante la actuación de milicias privadas ilegales de cualquier índole y, por otro, revertir el proceso de expansión y “normalización” de las exacciones por parte de esos grupos.

Un esfuerzo de este tipo requiere de una clara definición de victoria, como en toda confrontación amplia y que puede ser prolongada. Y tal definición sería la siguiente: cuando la tasa de homicidio doloso al menos descienda al nivel de 2007 (que fue la más baja desde que existe registro, es decir desde 1935); cuando al menos se recupere la tasa de castigo del homicidio doloso también de 2007 (44% entonces frente a menos de 20% en 2010 para el país en su conjunto, 4% en Chihuahua y ¡2% en Juárez!); cuando cese el secuestro masivo de migrantes y cuando el secuestro de alto impacto al menos disminuya al nivel de 2006 (que fue el más bajo en 10 años); cuando cese la extorsión como práctica permanente, sistemática y organizada contra personas inocentes; cuando no haya ya áreas del territorio nacional y vías de comunicación controladas por grupos armados ilegales; cuando ya no estallen carros-bomba ni haya ataques con granadas contra instalaciones públicas o privadas.

No se trata de contentarse con lo anterior, sino de tomarlo como el mínimo aceptable a partir del cual debe mantenerse un esfuerzo sostenido para seguir reduciendo crimen, violencia e impunidad, tanto como sea humanamente posible. Por ejemplo, México vivió libre de secuestro durante décadas y el 80% de los países no sufren este flagelo, ¿por qué no va a poder México, en un mayor plazo, erradicar el secuestro?

Alcanzar estos logros es impensable sin desarticular la capacidad de violencia de las organizaciones criminales. Esto a su vez no se logra distribuyendo becas o con exhortos, sino mediante el uso de la capacidad de coerción del Estado. No se trata de cometer ejecuciones extrajudiciales, practicar desapariciones o tortura, ni ningún otro abuso. Se trata simplemente de aplicar la ley, de investigar y producir inteligencia, de solicitar y ejecutar mandamientos judiciales (¡hay 800 mil órdenes de aprehensión pendientes de cumplimiento!), de llevar a los responsables ante la justicia y confinarlos en prisiones verdaderas, no en los actuales bastiones del crimen organizado.

Un pacto político para derrotar la violencia en México no será tan fácil ni terso, como los pactos más conocidos para hacer cambios políticos o incluso para enderezar al sistema de justicia penal como se hizo en Estados Unidos (y en Inglaterra con mucho menos éxito). Hay demasiados intereses políticos entreverados con los abiertamente criminales. Los políticos no van a salir uno de estos días, tomados de la mano, a decir que van a poner un hasta aquí a los violentos.

El eventual pacto tampoco va a lograr unanimidad. Todo pacto es una alianza y toda alianza es contra alguien. Y ese alguien no puede ser exclusivamente los capos y sus matones, sino también los políticos y policías coludidos con ellos.

Pero la dificultad de un pacto no nulifica la necesidad de unir voluntades contra la violencia, sólo la hace más patente.

Continuará...