En días pasados los diarios del país publicaron unos datos que son para congelar la sangre de todos los mexicanos: a) La burocracia, nada más en sueldos, le cuesta a México casi 250,000 millones de pesos. B) La corrupción le cuesta otros 35,000 millones de pesos. En el reporte no se incluye los 250,000 millones de dólares que se estima robaron los políticos durante el siglo XX reportado por el libro THE PAN AMERICAN DREAM. Ante esta vergonzosa información yo me pregunto ¿Cómo es posible que los mexicanos hayamos permitido se fraguara esta cámara de tortura nacional? Aun más grave ¿Cómo es posible que lo sigamos permitiendo? Y lo más importante ¿Qué haremos al respecto?

¿Cómo se construyó esta cámara de tortura que haría palidecer a Torquemada?

La protección del consumidor contra las “prácticas de negocios sin escrúpulos”, se convirtió en cimiento del Estado intruso y la raíz más profunda de la corrupción gubernamental. El argumento que da vida a las monstruosas burocracias que participan en este asalto, es que los hombres de negocios, sin regularlos, se dedicarían a vender productos defectuosos, valores fraudulentos, construirían edificios que con el soplo del viento se derrumbarían. Con esa bandera los gobiernos se han dedicado a edificar sus secretarías, agencias, fideicomisos, comisiones tan “indispensables” para proteger al pueblo de la “voracidad” de los negociantes.

Sin embargo, la ambición, como bien lo señalaba Adam Smith—o más bien la búsqueda de su ganancia—es lo que verdaderamente garantiza la protección del consumidor. Lo que los colectivistas no entienden que el interés que mueve a los hombres de negocios, es lo que los impulsa a construir una buena reputación sobre bases morales para poder subsistir en el mercado. El mercado es ciego y valúa las empresas de acuerdo a capacidad para generar utilidades, es por ello que una buena reputación puede y debe ser un activo más valioso que sus activos físicos y financieros. Desafortunadamente en México se desarrolló el concepto de la familia revolucionaria en donde, más que el prestigio, lo importante eran las conexiones con el establishment.

El prestigio y la reputación en una economía verdaderamente libre, es la herramienta más efectiva para competir. Los participantes con la mejor reputación son siempre los que se llevan los mejores negocios. Cuando Mike Milken era el Rey de los bonos chatarra, con una llamada telefónica lograba que sus inversionistas le situaran, ese mismo día, billones de dólares. El caso de este hombre, quien democratizó el mercado financiero en EU, es un buen ejemplo. A Milken sus “enemigos”, con ayuda del gobierno, lo tuvieron que enviar a la cárcel con juicios fraudulentos, arruinar su reputación para expulsarlo del mercado que él había creado.

Las regulaciones gubernamentales no protegen al consumidor, no fabrican productos de calidad ni proporcionan información confiable. Su única contribución es la de sustituir los verdaderos incentivos con el hostigamiento, asumiendo su papel de “redentores” de la sociedad. Cuando hacemos a un lado la montaña de papeles que producen esas burocracias, lo único que encontramos, primero, es la aniquilación de la competencia—la base de las economías sanas. Segundo; la burocracia ofrece una garantía que el consumidor es el que debería de establecer haciendo sus propios juicios. A través de pasar por su colador a las empresas que cumplen con “sus requisitos” o estándares de su calidad, le afirma al consumidor que su juicio no es necesario.

El propósito de un gobierno regulador es el de no permitir en lugar de crear algo. La estructura mental de los reguladores es la de López Obrador y su grupo de cortesanos, “no pasa.” Eso se traduce en una serie de obstáculos para el desarrollo de mejores productos y una economía moderna. Alguien que trate de construir algo en el DF, se enfrentará a un ejército de inspectores, estándares de construcción que datan de la época de los aztecas, cerrando así la puerta a las nuevas tecnologías. Los constructores deben dedicar su tiempo a cumplir con esas anacrónicas regulaciones en lugar de buscar nuevas técnicas. De esa forma, es más fácil simplemente dar la requerida mordida para poder seguir adelante.

Esto perjudica seriamente al consumidor, pero la víctima más afectada es el productor. Regulaciones retiran de la competencia la reputación que ha tomado años construir. Es una forma especial de expropiación de algo mas valioso que sus activos; su integridad. Así el acto de un gobierno para despojar negocios de sus activos físicos o devaluar su reputación “nivelando el terreno,” permanecen en la misma categoría; ambos son actos de expropiación. La legislación proteccionista es la llamado ley preventiva. Los productores están sujetos a la coerción gubernamental antes de cometer algún delito. En una economía libre, el gobierno solo interviene cuando se ha cometido fraude o se ha producido algún daño al consumidor; en esos casos la protección es la ley criminal.

El gran problema de los colectivistas es esa desconfianza a la libertad y al mercado libre, pero es su cruzada de “protección al consumidor” expone la naturaleza de sus premisas. Al preferir la intimidación en lugar de incentivos y recompensa como medios de motivación, ellos declaran su concepto del hombre como un ser bruto sin capacidad para pensar, actuando en el nivel instintivo. De esa forma muestran su ignorancia del papel de la inteligencia en el proceso productivo, y de la visión a largo plazo requerida para mantener una economía moderna. Declaran su incapacidad para entender la importancia de los valores morales, que es el verdadero poder motivador de un capitalismo democrático.

En un país como EU en el que un asesino violador puede escapar el castigo de la justicia declarándose enfermo, el mercado no perdona. El capitalismo se basa en individualismo, interés personal y autoestima “Sus pilares son la confianza y la integridad consideradas como virtudes cardinales, extraordinariamente redituables demandando que el hombre viva a base de virtudes y no de vicios.”

El que no lo hace, por mas rehabilitado, el mercado no lo acepta de nuevo. Este es un sistema “superlativamente moral” que los estatistas han estado destruyendo sobre con legislación aplicable solo por excepción, oleadas de burócratas hambrientos de dinero sabiendo que la mejor forma de conseguirlo es obstaculizando el proceso, y el ancestral sistema de intimidación. Es lo que James Buchanan bautizó como “la economía de la política,” la gran enfermedad de México provocada por una legión de vampiros burócratas cinco veces más grande de lo que, en opinión de Buchanan, es lo que en realidad México requiere.