En un acuerdo alcanzado el viernes, la Primer Ministro de Alemania Ángela Merkel, presionada por el Presidente de Francia Nicolás Sarkozy, finalmente cedió en su demanda que los tenedores de bonos de deuda griega aceptaran un descuento en su valor y se superó así la más reciente fase de esta grave crisis.

La confrontación resuelta surgió hace semanas entre el gobernador del Banco Central Europeo (BCE) Jean-Claude Trichet, tajantemente opuesto a forzar el descuento aludido, y las autoridades financieras germanas que insistían en él por razones políticas fáciles de entender: el hartazgo de los alemanes en aportar recursos adicionales para continuar rescatando a los griegos.

Pero es igualmente entendible que Trichet, quien terminará su gestión al frente del BCE al final de octubre próximo, no quiera pasar a la historia por haber permitido un descuento forzoso impuesto a los tenedores de bonos griegos, en lugar de una ampliación voluntaria de los plazos de la deuda, como él propuso.

En cualquier caso, me temo que ésta ha sido una victoria pírrica pues a pesar de la favorable reacción de los mercados financieros que respiraron con alivio por el acuerdo conseguido, el consenso de expertos y observadores coincide en señalar que Grecia no enfrenta un problema de liquidez, como insisten en creer las líderes políticos de la Unión Europea (UE), sino uno de insolvencia.

La empresa calificadora Standard & Poor’s ya clasifica a la deuda griega con el más elevado nivel de riesgo de cualquier pasivo nacional, y sus bonos a diez años de vencimiento ya están pagando 17%, lo que resulta útil comparar con los bonos de la deuda mexicana de plazo similar que actualmente pagan 6.5%.

Grecia ha caído en un temible círculo vicioso pues las medidas de austeridad adoptadas para enfrentar la crisis y reducir el déficit público, resultan en tasas de interés mucho más altas, estancamiento económico y una menor base tributaria, lo que, a su vez, lleva al incremento del déficit y a más deuda.

Hay que enfatizar que las medidas de austeridad adoptadas no son el capricho del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la UE, como creen los griegos que salen con vehemencia a protestar en las calles, pues aún sin su participación en el rescate de ese país, tendrían que ocurrir pues hoy queda claro que Grecia es más pobre que la efímera ficción que se creyeron muchos antes de la crisis.

La severa situación descrita tiene sólo dos formas de enfrentarse. En caso de decidir permanecer dentro de la Unión Monetaria Europea y mantener al euro como su moneda, el país tendría que forzar una depresión económica que presione los salarios a la baja para restaurar su competitividad internacional.

La alternativa es abandonar el euro, lo que resultaría en una profunda depreciación en términos reales de una nueva moneda que adopte Grecia –llamémosla el nuevo dracma-, lo que sería equivalente a reducir en términos de moneda extranjera, los salarios de los griegos y los precios de bienes y servicios de Grecia no susceptibles de ser intercambiados con el resto del mundo.

Lo anterior equivaldría a una severa devaluación de la moneda que desataría una inflación apreciable, medio por el cual se consigue el abatimiento de la deuda pública pero, como decía mi ilustre maestro Milton Friedman al afirmar que nunca hay “comidas gratis,” hay que plantear quién paga los platos rotos.

En ambos escenarios, irremisiblemente los platos rotos los pagarán los griegos con menores salarios, que en el primer caso tendrían que forzarse hacia abajo con una recesión económica, y en el segundo se erosionarían vía inflación que los abate en términos de lo que pueden comprar, aunque su nivel no caiga.

La solución del viernes pasado será efímera pues la renovación voluntaria de la deuda griega acordada, con vencimientos entre ahora y 2014, le da un respiro al país pero no resuelve el problema de pasivos colosales que plantean una situación de insolvencia que demanda recortes radicales en su nivel.

Los líderes europeos están cada vez más concientes del peligro que el contagio de la situación griega ha traído ya para Irlanda y Portugal, y eventualmente a otros países vulnerables, porque ello sí puede poner en entredicho no sólo la sobrevivencia del euro sino el proyecto político que llevó a la creación de la UE.

Tal convicción puede empujarlos a tomar las decisiones radicales que requiere la situación, una integración más profunda en materia fiscal con la creación de un ministerio de Hacienda europeo con control sobre el gasto y la recaudación impositiva del área, como propuso Trichet en días pasados.