Una de las causas que explica la falta de reformas estructurales que apuntalen la economía es la ignorancia que, en materia económica, padecen los legisladores, y buena muestra de ello es la Norma 29 que, de aprobarse, prohibiría la apertura de tiendas de autoservicio y de conveniencia en las zonas en las que ya operan mercados públicos, los de toda la vida, ¡como si un mercado, ante el progreso económico, pudiera ser para toda la vida!

La Norma 29, ya aprobada en la Asamblea de Representantes del D.F. por 46 votos a favor y 16 en contra, pretende eliminar la competencia que las tiendas de autoservicio, sobre todo por la vía del precio, le generan a los mercados públicos, lo cual va en contra de la productividad y competitividad, y por lo tanto del progreso económico, y en contra de menores precios, y por lo tanto del bienestar de los consumidores, sin olvidar que, como lo señaló Bastiat, la buenas políticas públicas, y las leyes eficaces, son las que benefician a los consumidores, las malas e ineficaces las que los perjudican. Y todo lo que expande la competencia entre oferentes beneficia a los consumidores, de la misma manera que todo lo que la contrae los perjudica.

Pero además, por si fuera poco, la mentada norma es anticonstitucional, ya que en el artículo quinto de la Constitución se afirma que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícito”, y la actividad comercial es lícita, comenzando por el hecho, que para estos efectos es el más importante, de que no es una actividad delictiva por su propia naturaleza, lo cual muestra que los 46 asambleistas que votaron a favor de la Norma 29 no solamente son ignorantes en materia de economía, sino también en materia de Derecho Constitucional, lo cual, por tratarse de legisladores, resulta particularmente grave.

¿A quién beneficia la Norma 29? En primer lugar a los locatarios de los mercados públicos, quienes enfrentarán menos competencia de la que enfrentarían en ausencia de la Norma y, en segundo término, a los políticos que votaron a favor de la misma, haciéndoles un favor a los mentados locatarios, favor que dichos políticos pretenderán cobrarse, lo cual suma, a la ya mencionada ignorancia en materia económica, otra causa que explica la falta de reformas que apuntalen la economía: la defensa de los intereses creados, tanto de los locatarios, a quienes les interesa que, por medio de leyes que la prohíban, no se genere más competencia, como a los políticos, a quienes les interesa, por medio de la concesión de favores, crear clientelas electorales. ¿Qué tenemos? Mercantilismo puro, contrario al mayor bienestar de los consumidores.

Por lo pronto la Procuraduría General de la República interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la Norma 29 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tiene la palabra, que tendrá que ser a favor del progreso económico, que se logra por medio de la competencia.