Cientos de impugnaciones presentaron esta semana pasada los miembros de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión ante el Tribunal Electoral por la decisión del consejo general del IFE de establecer un nuevo reglamento que, según los concesionarios, hará imposible manejar en tiempo y forma los millones de spots políticos que se emitirán en las elecciones federales del próximo 2012.

El problema es de fondo y puede tener repercusiones importantes. Según la CIRT, las emisoras de radio y televisión, en particular las más pequeñas que operan en zonas apartadas del país, tendrán enormes dificultades para cumplir con los más complejos procesos y más cortos tiempos establecidos por el IFE. Casi pareciera que hay la intención de generar incumplimientos en la transmisión de los spots que pudieran llevar a la anulación de las elecciones de 2012 o cuando menos a una falta de credibilidad en los resultados.

Los miembros de la CIRT se quejan de que las nuevas reglas fueron elaboradas por los consejeros del IFE, que carecen de experiencia en el tema de la operación de transmisiones de radio y televisión, sobre las rodillas y sin contar con asesoría de especialistas en la materia. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que encabeza las encuestas de opinión en estos momentos y que por lo tanto podría ser el mayor perjudicado en caso de una anulación o de falta de credibilidad de los comicios, se ha opuesto también a la aplicación de este nuevo reglamento.

Es difícil saber cuál puede ser el fallo del Tribunal Electoral sobre este tema. Los magistrados no tienen más conocimiento de la radio y la televisión que los consejeros. Quizá el mayor argumento que podría plantearse desde el punto de vista jurídico sobre este tema es que el IFE está invadiendo atribuciones de legislación que le corresponden al Congreso. Pero ya en una ocasión, en el caso del derecho de réplica, el Tribunal Electoral le ordenó al IFE que supliera la falta de una legislación pertinente y aplicara un proceso sancionador en contra del periódico Reforma por la demanda de un político para obtener un derecho de réplica.

De lo que no cabe duda es que la legislación electoral de nuestro país se vuelve cada vez más compleja y difícil de cumplir. El afán de los políticos, entre los que habría que incluir a consejeros del IFE y magistrados del Tribunal Electoral, de controlar hasta el más mínimo detalle de los procesos electorales, lejos de promover la equidad ha judicializado los comicios en nuestro país. Son tantas las reglas, y tan contradictorias, que no hay forma de llevar a cabo una votación que no viole alguna norma u otra.

Los políticos han olvidado que los sistemas electorales sencillos y transparentes son los que tienen mejores resultados y mayor credibilidad. Nuestro laberíntico sistema electoral vuelve más confusos los procesos en México. Pero quizá eso es lo que buscan los legisladores, consejeros y magistrados, que saben que, aunque las elecciones pierdan credibilidad, ellos se convierten en elementos indispensables de un sistema judicializado.