Un verdadero peligro a las libertades de los mexicanos constituye el hecho de que cualquier soldado, miembro de la marina o policía federal, estatal y municipal pueda ingresar al domicilio de cualquier particular sin la orden de un juez. Un verdadero peligro a las libertades de los mexicanos es justificar la invasión de la propiedad privada escudándose en la persecución de cualquier narcotraficante peligroso (o miembro de la delincuencia organizada en general).

Los panistas están ciegos en el tema y cualquier crítica a la estrategia militar para combatir el tráfico de drogas es inmediatamente descalificada, y lo peor, también hay algunos liberales (supuestos) que defienden a capa y espada la presencia del ejército en las calles y que también, ante cualquier crítica (lo que incluye a la propuesta liberal de legalizar las drogas), luego luego la califican de izquierda. Los priistas también están mal y prueba de ello es lo que ocurrió la semana pasada en que policía judicial mexiquense persiguiendo y arrestando a un peligroso asesino del narcotráfico terminaron por invadir la propiedad de particulares inocentes (apuntándoles con sus armas impunemente y sin mediar justificación alguna).

No nos equivoquemos, así como el ejército no es el enemigo, el causante de la violencia en México, como afirman algunos grupos supuestamente ciudadanos (Sicilia y compañía), tampoco es cierto que sea válida cualquier estrategia militar para perseguir al narco, a costa de violar garantías individuales fundamentales. Y no me vengan con que eso es la minoría de los casos (con un solo caso documentado es más que suficiente), se trata de que el accionar del ejército ý/o cualquier policía debe estar sujeto en estricto sentido al Estado de Derecho.

Lo acepto, en el corto plazo desde Vicente Fox (y en ausencia de policías bien calificadas) se hizo indispensable la presencia del ejército (su presencia se justifica en conflictos bélicos con algún país ó en serios disturbios sociales fuera de control), pero ello no es la solución de largo plazo. Y puede terminar en flagrantes violaciones al derecho de los particulares.

A lo panistas fanáticos y a algunos liberales distraídos y desconcertados les recuerdo lo siguiente (ya lo escribí, pero parece que no ponen atención) sobre el Estado de Derecho, sobre el tan olvidado commonwealth.

Las leyes verdaderamente liberales deben reunir los siguientes cuatro principios: generalidad, igualdad, certeza e independencia.

La generalidad se refiere a que las leyes deben ser claras, transparentes y no estar sujetas a la discrecionalidad ó interpretación para beneficiar a un exclusivo grupo; jamás deben obedecer a intereses particulares, es decir, no debe haber ley que sirva exclusivamente a un grupo de interés determinado. En los países avanzados, en materia civil y penal ningún grupo recibe un tipo de justicia especial. Trátese de políticos (nada de fueros mal entendidos), policías, militares ó clérigos, cuando se violan derechos de particulares, éstos son sujetos a la ley vigente que aplica cualquier ciudadano. No debe confundirse a los tribunales militares ó eclesiásticos en donde una violación a las reglas militares en una guerra -el primero- ó una violación a los códigos religiosos -el segundo- son esferas exclusivas de dichos grupos, pero cualquier violación a los derechos de particulares por parte de cualquier miembro de estas corporaciones está sujeto al derecho civil ó penal, el que aplica a cualquier ciudadano (ya la corte en México obliga al ejército a rendir cuentas en tribunales civiles ante la violación a los derechos civiles de cualquier particular, un avance sin lugar a duda).

La igualdad ante la ley significa que frente a un agravio ó delito, todos seamos tratados y tengamos acceso por igual a la misma -la ley- para que se nos compense (castigando al culpable y compensando el daño a la víctima) por los daños hechos. La igualdad ante la ley implica tratar a todos por igual, seamos hombres, mujeres, blancos, negros, indígenas, mestizos, ricos ó pobres. En México sabemos que esto no es así. Los recursos monetarios, los contactos políticos, son muchas veces determinantes para impartir justicia.

Las leyes deben ser estables en el tiempo, dar certidumbre. Ello no implica estar cambiando a capricho la constitución. En México tenemos una constitución política en donde el gobierno interviene a capa y espada en las actividades económicas. Y ello se debe a que la llamada carta magna sólo refleja la ideología socialista del legislador ó peor aún, a la plena ignorancia económica de quienes elaboran y redactan las leyes. Así, tenemos leyes que “protegen” al trabajo, leyes que frenan el “abuso” capitalista, leyes que dan poder monopólico al gobierno en materia de energéticos, leyes que se cambian sin ton ni son sólo para beneficiar a algún grupo de interés. Una ley que garantiza la entrada libre de empresas a los mercados, que no otorga privilegio económico alguno al gobierno ó a determinada empresa particular, una ley que garantiza que el régimen de inversión sea atractivo, una ley que jamás cambia en la defensa de los derechos naturales del ser humano, una ley que no cambia al capricho del legislador en turno, es lo que hace que se cree la mejor atmósfera para que las naciones generen riqueza y se vuelvan prósperas.

Finalmente tenemos el principio de independencia, que garantiza que la impartición de la justicia se dé de manera objetiva, autónoma, independiente de intereses económicos y políticos. Magistrados y jueces deben actuar siguiendo estrictamente la regla de la legalidad. En México es una aberración, un acto gravísimo que el nombramiento de jueces y magistrados dependa del poder político como sucede con todos los gobiernos de los estados. Gobernadores a su antojo ponen a sus cuates en juzgados y magistraturas. Así sólo se garantiza injusticia e impunidad.

El liberalismo legal auténtico tiene su raíz en el llamado Commonwealth, tradición británica que rigió en Inglaterra y luego en EU. Es la tradición legal anglosajona que fue la raíz del éxito económico de la mayoría de los países que diseñaron su constitución siguiendo el Commonwealth.

El Commonwealth nace con el espíritu de dar protección a los gobernados de los caprichos y arbitrariedades de los gobiernos (en su época de la corona). Es un escudo contra el mal gobierno.

Entiendo que el ejército mexicano necesita un marco legal en su actuación en la vida civil, pero es importante que cualquier ley de seguridad nacional proteja ante todo al ciudadano de cualquier abuso de la autoridad sea por parte del ejército ó la policía de cualquier nivel.

Para la ley NO debe importar si somos Hank Rhon ó Juan Pérez, la ley debe ser pareja y no permitir rienda suelta de cualquier autoridad, y menos que se invada nuestra propiedad privada -sin mediar orden de cateo alguna- a nombre de la persecución de cualquier narco ó criminal.

La llamada flagrancia, entiendo, debe dar a la autoridad un marco legal con certidumbre, lo mismo para el policía que dispara contra un criminal, pero insisto, si no se protege la esfera privada de cualquier ciudadano, estaremos tendiendo el camino de servidumbre a cualquier dictadorzuelo.

No se trata de ser pacifistas bobalicones, se trata ni más ni menos que del respeto de la libertad individual de los gobernados ante el gobernante, no lo olvidemos.