En la entrega pasada hablamos de los aspectos que ponen a México por encima de la media en cuanto al ambiente de negocios. Ahora toca el turno a los que nos ponen por debajo de la media, en algunos casos muy cerca del fondo de la tabla. El caso es que México se encuentra en el lugar 73 de 155 en cuanta a la facilidad de operar un negocio dentro del país. Los cinco factores más pesados para el inversionista y el empresario son: iniciar el negocio (lugar 84), contratos laborales (125), protección de inversionistas (125), pago de impuestos (95) y ejecución de contratos (100).

Todos estos factores están en discusión desde hace más de 15 años entre los especialistas y los hombres de negocios, pero no entre los políticos, pues ellos observan que hay costos políticos muy altos por ejecutar una reforma laboral o fiscal. También el caso de las reformas al poder judicial, que van lentas y al propio pasos de este poder independiente, pero con rezagos. En los otros dos casos la mejora regulatoria y la protección de inversionistas sí ha habido esfuerzos pero tal parece que no sólo no son suficientes sino que son factores cruciales y de urgente resolución.

Para iniciar un negocio, según el estudio, se necesitan 58 días, se deben cumplir con 9 pasos y cuesta aproximadamente 1,500 dólares. Sin embargo esta situación varía de municipios a municipio y de acuerdo al tipo de empresa (sobre todo cuando hay riesgo ecológico). Pero en muchos casos el trámite tarda menos de 72 horas para poder empezar a operar, hasta con Cédula de Identificación Fiscal. Pero el gran problema continúa, son sólo algunos municipios modernos que están a la altura de Canadá, el mejor calificado en el estudio, y muchos que están muy cerca de Angola, el peor calificado.

El caso de la reforma laboral es digno de varios libros, llevamos desde el inicio del sexenio intentando negociarla, pero aún sigue atorada en el congreso. Y las críticas del estudio están dirigidas a aquellos puntos más polémicos de la reforma propuesta por el gobierno, la rigidez para contratar, la rigidez horaria y la dificultad para despedir personal, esto es la llamada flexibilidad laboral. Por tanto parece que seguimos intentando competir con salarios y costos laborales bajos, pero a cambio de sindicatos tradicionales, escalafones y demás anacronismos que alejan los empleos de los mexicanos desempleados y la productividad de los ya empelados.

La protección de inversionistas es otro de los punto débiles de la economía mexicana, la propuesta de reforma a la Ley de Mercado de Valores ya entró al Congreso pero éste no la ha considerado relevante, pues no entró al período extraordinario. Y aquí si que nos va mal, pues la cultura de la transparencia sigue siendo una novedad, el demandar a los empresarios defraudadores o mentirosos es imposible, el poner demandas para los inversionistas es extremadamente caro y con pocos resultados y en general la protección legal para el inversionista es baja. A fin de cuentas defender nuestros ahorros sigue siendo un problema, por tanto el financiamiento para empresas continua siendo bajo y caro.

Lo mismo aplica para hacer efectivos los contratos, los procedimientos son demasiados, 37 pasos frente a 19 del promedio de la OCDE; el tiempo de espera excesivo 421 días, según el estudio, resultado de juzgados atestados de trabajo y disparidad de criterios entre los jueces y el costo excesivo, aproximadamente 20% del valor de las deudas. Esto es inseguridad jurídica sobre lo que es de uno y lo que nos deben o debemos.

Pero el caos más claro de rezago es el terreno fiscal, según el estudio México tiene una baja tasa de impuesto sobre las utilidades brutas, pero se genera demasiada burocracia por el número de obligaciones (49) y el tiempo que se dedica para presentar una declaración por la dificultad de los regímenes fiscales, la multiplicidad de extensiones, distorsiones y demás asegures de nuestro sistema fiscal. Pero seguimos discutiendo cómo gastarnos el excedente petrolero y no cómo hacer más sencillo para los contribuyentes el pago de impuestos.

Resultado de todo esto es que no estamos en condiciones de competir con aquellos países que si están haciendo reformas fiscales (Europa Oriental), Mejora regulatoria (Canadá, Australia, Nueva Zelanda), protegen a sus inversionistas (OCDE) o flexibilizan su mercado laboral (prácticamente todo el mundo). Así las cosas pronto terminaremos compitiendo con Venezuela, Cuba, Nigeria o Corea del Norte por ver quién se disputa el marco de negocios menos propicio para la inversión.