La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con siete votos a favor y cuatro en contra, decidió que la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, y en concreto su artículo 22 - que a la letra dice: “Toda persona física o moral que edite o importe libros estará obligada a fijar un precio de venta al público para los libros que edite o importe. El editor o importador fijará libremente el precio de venta al público, que regirá como precio único” - no viola la libertad de comercio, tal y como lo señalaban quienes, en su momento, antepusieron un amparo contra la mentada ley, por considerar, precisamente, que la misma sí viola la libertad de comercio, que comienza por la libertad del oferente, que en este caso es el librero, ¡no el editor y tampoco, dado el caso, el importador!, de ofrecer su producto al precio que considere que se venderá adecuadamente y que le permitirá obtener la mayor ganancia.

Inexplicablemente hubo algunos ministros de la Corte que consideraron que el mentado artículo, de la mentada ley, con el cual se impone - ojo: ¡se impone! - el precio único, no viola la libertad de comercio, reconocida y garantizada en el artículo 5 de la Constitución, en el cual se lee que, y cito, “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”, y lícito es, ¿o no?, vender libros, libertad para vender libros que supone, ¿o no?, la libertad del librero (no del editor, no del importador, sino del librero) para elegir el precio al cual ofrecer su mercancía al posible consumidor, libertad que tiene como contraparte la libertad del consumidor para decidir si compra o no a ese precio.

Uno de los argumentos en defensa del precio único es que con el mismo se va a promover la lectura en el país, lo cual no es cierto, en primer lugar, porque la gran mayoría de los mexicanos no lee, no porque el precio de los libros resulte elevado (hay ediciones muy, pero muy, baratas), sino porque no adquirieron el hábito de la lectura. En segundo lugar afirmar que el precio único promoverá la lectura parte del supuesto,  - fundado en la ley de la demanda: ceteris paribus a menor precio mayor cantidad demandada y viceversa -, de que ese precio será el más bajo posible, cuando en realidad resultará lo contrario, ya que ese precio único, fijado, dependiendo del caso, o por quien edita el libro, o por quien lo importa, tendrá que ser, si se ha de mantener un mínimo de racionalidad económica, lo suficientemente elevado para que el librero menos competitivo, es decir: el de mayor costo de operación, pueda seguir operando.

¿Realmente creen los ministros que votaron a favor del artículo 22 de la mentada ley que evitando la competencia vía precio se beneficia a los consumidores? Si lo creen, ¡que Dios nos encuentre confesados! No es posible tanta ignorancia.

Continuará.