Una de las condiciones para lograr un proceso sostenido de desarrollo es la libertad que deben tener los agentes económicos para decidir cómo utilizar los recursos que son de su propiedad. En una economía de mercado, cada quién asignará sus recursos hacia aquél uso en donde espere obtener el mayor beneficio posible; desde el punto de vista productivo, los recursos se asignarán hacia aquella actividad en donde el rendimiento esperado sea el mayor posible y, desde el punto de vista de los agentes económicos actuando como consumidores, hacia aquellos usos en donde el nivel de bienestar que se deriva del consumo de bienes sea el más alto posible.

La libertad que deben tener los individuos para poseer bienes, para decidir sobre su uso (mientras no se atente en contra de los derechos de terceros) y para transferir el derecho de propiedad de un recurso a otro agente económico, es la base del estado de derecho. Un país en donde rige el estado de derecho tenderá, en consecuencia, a ser un país con un alto nivel de desarrollo económico. Por el contrario, un país en donde el gobierno, por su intromisión en los mercados, ya sea por acción directa o a través de la legislación o la regulación, reduce la libertad económica de los agentes económicos, inhibirá el desarrollo económico.

La semana pasada se dio a conocer el Índice de Libertad Económica 2011 y México no sale muy bien parado en varios de los elementos que componen este índice. En el agregado, de entre 179 países evaluados, México ocupa el lugar 48, con una calificación de 67.8, una caída de 0.5 puntos respecto de la calificación del año pasado. En América Latina ocupa el quinto lugar detrás de Chile, Uruguay, El Salvador y Perú.

En los subíndices en donde México está relativamente bien son los de libertad para hacer negocios (87.3 puntos), libertad en el comercio internacional (81.2 puntos), libertad fiscal (8i.3 puntos) y gasto gubernamental (83.1 puntos). Respecto del primero, la desregulación de carácter federal, aunque debería ir más a fondo, sí ha bajado los costos de abrir y operar un negocio. En cuanto a la libertad en comercio internacional, México es una de las economías más abiertas del mundo, aunque siguen existiendo prácticas de proteccionismo de carácter no arancelario que limitan esta libertad. En cuanto a la denominada libertad fiscal, las tasas impositivas en México son relativamente bajas, aunque el diseño del sistema tributario es muy ineficiente, castigando el trabajo, el ahorro y la inversión. Finalmente, en lo que toca al gasto gubernamental, inexplicablemente se le asigna una calificación muy alta, considerando no el porcentaje del PIB que representa el gasto gubernamental, sino su eficiencia; aquí la calificación debería haber sido mucho más baja.

En donde sí nos va de la “cachetada” es en tres rubros: flexibilidad laboral (60.9 puntos), protección de los derechos de propiedad (50 puntos) y corrupción (33 puntos). Tenemos una legislación laboral notoriamente ineficiente, una que castiga el empleo y el cambio tecnológico y protege a los líderes sindicales (ninguno de ellos pobre); tenemos un poder judicial, sobre todo al nivel de los estados, corrupto e ineficiente, uno que no garantiza el cumplimiento de los contratos. Y finalmente, nos movemos en un marco institucional notoriamente corrupto, derivado de una regulación ineficiente y la opacidad en los contratos de obras y adquisiciones gubernamentales.

Son estos tres elementos que explican el mediocre desempeño de nuestra economía en los últimos 30 años.