La campaña electoral ya ha empezado. Todo el mundo lo sabe… menos el IFE y el Trife.

La ley electoral dice que las precampañas no podrán comenzar antes de la tercera semana de diciembre, aunque bien sabemos que esto no es verdad. De hecho, los aspirantes a los principales cargos de elección están ya en campaña y utilizan todos los medios a su alcance para promover sus posiciones. Algunos, como Andrés Manuel López Obrador, se han concentrado en este esfuerzo desde el 2006.

Para la Presidencia de la República quedan siete aspirantes declarados: dos del PRI, dos del PRD, tres del PAN. Para otros cargos de elección popular hay muchos más aspirantes. Todos ellos están ya en campaña. Y todo el mundo lo sabe… menos el IFE y el Trife.

La campaña se lleva a cabo en condiciones restringidas, por supuesto, pero no se detiene. El Instituto Federal Electoral determinó el 27 de septiembre, por instrucciones del Tribunal Electoral, que los debates entre precandidatos en medios electrónicos están prohibidos. El Tribunal, de hecho, ordenó sanciones en contra del PAN, del PRI y de medios de comunicación de Nayarit por llevar a cabo un debate en la campaña para las elecciones de ese estado del año pasado.

La propia Cámara de la Industria de la Radio y Televisión se ha visto obligada a advertir a sus agremiados que pueden incurrir en sanciones económicas muy importantes en caso de transmitir debates. Los suspirantes pueden ser descalificados en sus aspiraciones a los cargos que quieren obtener si participan en ellos y los partidos pueden perder sus registros.

El precandidato del PAN, Ernesto Cordero, dijo el 28 de septiembre que prohibir los debates es “un ultraje a la democracia”. Según Cordero, “el debate es la esencia de la democracia; el debate es lo que nos permite escoger a la persona no más popular sino al más apto para gobernarnos”. La agrupación Unidos con Ernesto, que apoya a Cordero en la aspiración por la presidencia, señaló que la decisión del Tribunal “no sólo es un atentado frontal contra la libertad de expresión de los aspirantes y en su momento de los precandidatos, sino un acto de represión a la libertad de los ciudadanos y los militantes de los partidos y su derecho a estar informados”.

Pero los políticos no deberían quejarse. Ellos son los responsables de haber creado la legislación electoral que nos rige y que restringe a libertad de expresión. Quizá los magistrados del Tribunal Electoral y los consejeros del IFE han asumido con alegría el papel de inquisidores y censores que les ha dado la nueva legislación electoral, pero la razón por la cual pueden ejercer sus abusos es precisamente porque se los permite la ley. Esta legislación la hizo esa clase política que hoy se queja de ella.

Con censura o sin censura, sin embargo, la verdad es que la carrera por la presidencia ya ha empezado. Es una lástima que no se nos permita a los ciudadanos valorar a los aspirantes en debates como se hace en los países democráticos del mundo.