En México se ha avanzado mucho en el tema de la transparencia presupuestaria, pero eso no quiere decir que se vive el mejor de los escenarios, el camino por recorrer todavía es demasiado largo y no debemos parar nuestras exigencias por una mayor claridad en el manejo de los recursos públicos.

Las mexicanos estarán dispuestos a contribuir más con el Estado cuando éste otorgue resultados que sean satisfactorios para ellos, lo que depende de la transparencia; en la actualidad los ciudadanos no cuentan con los incentivos adecuados para realizar una mayor contribución al erario público, sumado a que el sistema tributario se encuentra muy mal diseñado, es complejo e ineficiente.

Hoy en día las personas tienen serias dudas acerca de la importancia del Estado, muchos lo consideran un estorbo, en lugar de factor impulsor. Esto es parcialmente cierto, existen muchos ejemplos en los cuales presenta notables fallas (e.g. la creciente violencia e inseguridad), pero también casos en los cuales tiene grandes aciertos (e.g. la total apertura comercial de la economía).

¿Qué tipo de Estado se necesita? Uno que sea reducido pero fuerte regulador de conductas anticompetitivas, que no favorezca el crecimiento de la burocracia, que haga más con menos, que intervenga lo menos posible en las decisiones del sector privado, pero sobre todo que informe sobre el uso que da a nuestros recursos.

Le decía amigo lector que se ha avanzado, pero particularmente a nivel federal, hoy en día podemos enterarnos de cada peso gastado por la federación a través del portal transparenciapresupuestaria.org, pero si queremos hacer lo mismo a nivel estatal las cosas se complican y si se intenta a nivel municipal se debe tener mucho tiempo e “influencia” para poder acceder a la información. Entre más dificultades se tengan, más son las probabilidades de corrupción y en consecuencia de deterioro de la actividad económica y bienestar de las personas.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), desde hace un tiempo se da a la tarea de vigilar la forma en la que se desempeñan los gobiernos estatales en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Sobra decir que la mayor parte de los gobiernos estatales no cumple a cabalidad con sus obligaciones; sin embargo, esto no ha impedido que sigan recibiendo recursos de la federación, lo que nos habla de un mal diseño de nuestro sistema de aportaciones y participaciones, algo que Genaro Borrego decidió denominar “feuderalismo”, en clara alusión a que el sistema no premia el buen desempeño.

El “feuderalismo” mexicano permite que aquellos gobernadores con más poder político obtengan más recursos federales para sus entidades, sin que por ello rindan cuentas a sus electores. La transición política inacabada permite que no exista una verdadera rendición de cuentas en el plano local y que los actos de corrupción no sean castigados con severidad. Cuando se castiga, se hace con fines políticos y no buscando imponer el Estado de derecho.

Los datos del índice de transparencia presupuestaria 2011 publicados por el IMCO, informan que Colima, Jalisco, Campeche, Nayarit y Aguascalientes son las cinco entidades más transparentes, mientras que las menos transparentes son Michoacán, Querétaro, Chiapas, Tamaulipas y Oaxaca. El valor máximo del índice es de 81, correspondiente a Colima y el mínimo 34, correspondiente a Oaxaca.

Adicional a lo anterior, el IMCO señala una serie de malas prácticas entre los estados, las más importantes son: 1) Veracruz no reporta deuda pública desde 2007; 2) Nuevo León y Oaxaca son los únicos estados que omiten el presupuesto asignado al Instituto Estatal Electoral y a la protección de los Derechos Humanos; 3) en Zacatecas el formato del presupuesto es totalmente ilegible y no desglosa el gasto en cada una de las dependencias; 4) en Tabasco el reporte de lo que se gasta en educación es incomprensible; 5) en Puebla no se aclara con precisión el tabulador de salarios de los funcionarios públicos; y 6) en Baja California se tiene una mala estructura del reporte de gastos públicos.

Algo especialmente preocupante, es la forma en que las entidades están manejando el endeudamiento, existe mucha opacidad y engaño. En los siguientes estados, el IMCO detectó una diferencia positiva entre la deuda reportada y total: 1) Coahuila reportó una deuda de 8,239 mp, cuando la deuda era de 31,873 mp; 2) Tabasco reportó 2,333 mp, cuando realmente debía 4,393 mp; 3) Chihuahua reportó 13,105 mp, cuando debía 18,274 mp; 4) Chiapas reportó 8,036 mp, cuando debía 10,631 mp; 5) Michoacán reportó 13,382 mp, cuando debía 15,037 mp; 6) Estado de México reportó 37,731 mp, cuando debía 40,738 mp; 7) Nuevo León reportó 34,634 mp, cuando debía 36,904; y 8) Distrito Federal reportó 52,259 mp, cuando debía 55,200 mp.

Como lo he dicho antes, los estados piden más recursos, pero cómo dárselos si no sabemos con claridad en qué se los gastan. Muchas entidades se endeudan y reportan un menor nivel de endeudamiento, comiéndose con ello el pastel del futuro y creando incentivos perversos para seguir endeudándose y seguir pidiendo prestado a la federación para pagar.

Es necesario modificar la forma en la que operan las haciendas públicas de cada unas de las entidades, orientado el cambio hacia la total transparencia. En un país que se jacta de democrático es inaceptable que más de 20 entidades tengan un índice de transparencia presupuestaria por debajo de 60 sobre 100. En función de esto, el IMCO propone que los estados de cuenta de las entidades sean homogéneos y legibles, que se describa claramente el apartado concerniente a la deuda pública, financiamiento a partidos, tabuladores de plaza y sueldos, monto asignado a cada municipio y transferencias a la sociedad civil. Lograr esto implica conocimiento por parte de todos y acción ciudadana desde nuestro espacio personal de libertad.