Con la colaboración de Edgar Moreno

La semana pasada ocurrieron tres eventos importantes en materia de transparencia: (1) la súbita visibilidad de la iniciativa de reforma propuesta por los senadores panistas Fauzi Hamdam y Jorge Zermeño y el priísta Orlando Paredes Lara, a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con la que se revoca la inatacabilidad de las resoluciones del IFAI; (2) la reacción enérgica del propio IFAI, académicos, periodistas y organizaciones diversas, nacionales e internacionales, de la sociedad civil, rechazando la modificación propuesta y utilizando todos los medios a su alcance para hacer públicos los efectos que podría tener; y (3) la no tan enérgica respuesta de los senadores, que aceptaron siempre no incluir la disposición cuestionada en el proyecto de reforma a la ley, pero diciendo que fue exagerada la reacción.

Hay varios asuntos que comentar, pero requieren primero describir la situación actual y la reforma propuesta, su origen y posible propósito. En contra de la creencia popular de que el IFAI se encarga de dar información a los ciudadanos, este instituto en realidad se dedica a dirimir controversias entre ciudadanos –que le piden información directamente a la administración pública federal—y esta última cuando se niega a dárselas alegando que está reservada por cualquiera de los motivos que la Ley de Acceso prevé. En otras palabras, es una especie de tribunal que decide si en efecto el ciudadano tiene derecho a que la autoridad le dé la información (es decir, que la información es pública), o no. Se encarga de que la ley se haga operativa, y lo hace de manera definitiva e inatacable si la resolución que emite es favorable al particular. La autoridad tiene que darle la información a éste y punto. Cuando la resolución no favorece al particular, éste puede apelar en el Poder Judicial.

Cuando se diseñó la ley, se pensó en evitar que la autoridad pudiera apelar, justamente previendo que cada que el IFAI resolviera en su contra, empezarían procedimientos administrativos inacabables entre autoridades (en los que por cierto no participaría el particular afectado), que en vez de tomar los aproximadamente dos meses que hoy tarda la resolución final del IFAI, pudieran tomar meses o años. Esto, además, partiendo de la nada errada suposición de que a la autoridad no le gusta publicitar su información, por motivos tales como el paternalismo añejo que asume que los ciudadanos no sabrán manejar la información, así que mejor no dárselas.

Ya en más de una ocasión funcionarios federales han tenido salidas tan ocurrentes como ampararse en contra de las resoluciones del IFAI, ¡cual si tuvieran una garantía constitucional a no informar! Así de vulnerados se sienten cuando se les exige transparencia. Dado que el Poder Judicial ha tenido a bien explicarles que las autoridades no tienen garantías individuales y no se pueden amparar (ni en contra de las resoluciones del IFAI ni en ningún otro caso), optaron por la presión política, la cual rindió frutos en estos senadores que amablemente se decidieron a protegerlos con esta iniciativa. La iniciativa en cuestión, rodeada por la opacidad, pretendía que una ley que nada tiene que ver con la transparencia (la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), abriera la posibilidad de impugnación a las autoridades y con ello, disminuir la efectividad del IFAI, cuya fuerza ha descansado precisamente en la obligatoriedad de sus resoluciones.

Aunque ya se decidió no modificar la ley en el sentido previsto, de lo cual debe congratularse la sociedad, queda pendiente la reflexión respecto a las resoluciones inatacables –del IFAI o de quien sea. El principio parte de que en algún momento se tiene que poner un punto final a las posibles apelaciones sobre cualquier asunto, para dar certidumbre a las partes en un conflicto. Mientras más riesgoso sea el tema en discusión respecto a los valores que protege una sociedad –por ejemplo las libertades básicas y la seguridad—más medidas que garanticen su protección deben tomarse, a pesar de que se prolonguen los procesos. De tratarse de temas de menor vulnerabilidad al individuo, es lógico que el punto final sea puesto pronto. Sin embargo, es fundamental que en uno y otro supuestos, la autoridad de última instancia, la inatacable, sea de gran solvencia moral, reconocida y respetada como árbitro indiscutible en una contienda. Ya hemos constatado la gravedad de que los jugadores cuestionen y deslegitimen al árbitro final, sea éste el de un deporte, el IFE o la Suprema Corte.