Existe sólida evidencia internacional que entre más libre sea una sociedad, mayor tenderá a ser su nivel de desarrollo económico, mayor el nivel de bienestar de la población. Una sociedad que opera en un contexto de amplia libertad económica, una en donde los agentes privados pueden elegir cómo asignar los recursos que son de su propiedad, primero desde un punto de vista productivo en función de las ventajas comparativas que poseen y segundo de cómo asignar el ingreso familiar entre los diferentes bienes que consumen para satisfacer sus necesidades, tenderá a ser una economía en la cual los recursos se asignen eficientemente, reflejando su escasez relativa, propiciando con ello que se maximice tanto el bienestar de las unidades familiares como el bienestar de la sociedad en su conjunto.

La libertad económica obviamente tiene muchas vertientes, entre las que destacan la definición de los derechos privados de propiedad, la protección de estos mismos derechos, la independencia e imparcialidad del poder judicial para garantizar el cumplimiento de los contratos, la seguridad que tengan los individuos sobre su persona y su propiedad, la estructura de los diferentes mercados de bienes, servicios y factores de la producción, la apertura de la economía a los flujos de bienes, servicios y capital, la regulación gubernamental de los diferentes mercados, la tasa de extracción de recursos privados por parte del gobierno a través del sistema impositivo, la flexibilidad de los precios para ajustarse ante cambios en la demanda o en la oferta, la intervención del gobierno en la determinación de los precios, la estabilidad que tenga el poder adquisitivo de la moneda, el monto y la estructura del gasto gubernamental, la incidencia de corrupción que impere en el país, el grado de rendición de cuentas de los funcionarios públicos y más.

Dos índices de libertad económica, uno elaborado por la Fundación Heritage y el otro elaborado por el Instituto Fraser, califican a la economía mexicana entre mediana y mayormente libre. El primero, sitúa a México en el lugar 48 de entre 179 países con una calificación de 67.8 / 100. Por su parte, el Instituto Simon Fraser califica a la economía mexicana en el lugar 75 dentro de una muestra de 141 naciones, con un grado de 6.74 / 10.

México ha avanzado significativamente en otorgar a sus agentes económicos una mayor libertad, particularmente si comparamos la situación actual respecto de la que prevaleció hace 30 o 40 años. A pesar de ello, siguen prevaleciendo muchos elementos en el marco institucional que rige la operación de los mercados, la interacción de los agentes económicos entre sí y la de estos con el gobierno, que efectivamente limitan la libertad individual y son estos los que mayor peso tienen para explicar por qué la economía mexicana ha tendido un desempeño tan mediocre en las últimas tres décadas, con un crecimiento promedio del PIB por habitante que no llega al 1% anual.

En México siguen existiendo notables barreras de entrada y salida de los mercados de bienes y de servicios, siguen prevaleciendo prácticas monopólicas en mercados clave, existen significativas distorsiones en los mercados de los factores de la producción particularmente el laboral, continúa prevaleciendo una notoria corrupción, etcétera.

El propósito de los siguientes artículos es hacer una análisis de cómo estamos en los diferentes elementos que enmarcan el amplio concepto de libertad económica para poder con ello explicar por qué estamos, en materia de desarrollo económico, prácticamente estancados.

(Continuará)