Para el 2012 se decidió un aumento nominal al salario mínimo del 4.2 por ciento, lo cual da un promedio de 60.66 pesos, que viola lo establecido en el artículo 123 constitucional, en el sentido de que ese salario debe alcanzar para “satisfacer las necesidades normales (debería decir básicas)[1] de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos” (lo cual contradice lo dicho en el artículo 3 en el sentido de que “el Estado impartirá educación” impartición que será gratuita)[2].

Interpretaciones de la Constitución aparte, el hecho es que el salario mínimo promedio es de 60.66 pesos, mismo que ganará, más o menos, el 12 por ciento de la población ocupada, que equivale, menos o más, a siete millones de personas, quienes, suponiendo el cumplimiento de cierta condición, aumentarán su poder de compra en 0.5 por ciento. ¿Qué condición? Lo explico: el aumento nominal concedido al salario mínimo fue de 4.2 por ciento, y, según los resultados de la Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, levantada por el Banco de México, correspondiente al pasado mes de diciembre, la inflación esperada para 2012 es de 3.7 por ciento, de tal manera que, si realmente la inflación de este año termina en tal porcentaje, el aumento real al salario mínimo será de medio punto porcentual: 4.2 de aumento nominal menos 3.7 de inflación igual a 0.5 por ciento de aumento real, es decir, de poder adquisitivo.

Quienes perciben el salario mínimo enfrentan tres escenarios: 1) que la inflación resulte menor que el 4.2 por ciento de aumento nominal; 2) que resulte igual; 3) que resulte mayor. En el primer caso ganan, en el segundo salen a mano, en el tercero pierden. ¿Cuál escenario es el bueno? Sólo Dios sabe y, todo así lo indica, no nos quiere decir. ¿Por qué será? (Pregunta aparentemente ociosa pero que no lo es).

Lo que es increíble es que se siga usando el salario mínimo, ¡sobre todo ante la evidencia de que no cumple con el cometido que todo salario mínimo, al menos en su sentido original (con el cual, dicho sea de paso, no estoy de acuerdo), debe cumplir, y que es, más o menos, el mencionado en el artículo 123 constitucional! Más que increíble es una vergüenza.

Por último, ¿de qué otra manera, que no sea tomando como referencia la inflación esperada, y aumentándole unas décimas de punto porcentual para taparle el ojo al macho, pueden los integrantes la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos decidir qué incremento conceder al salario mínimo, si no saben, uno, de la productividad de los trabajadores y, dos, de la relación oferta y demanda de cada uno de los tipos de trabajo, que son las dos variables que determinan, en un mercado libre, el nivel de los salarios? La sola idea de una tal comisión, con tal tarea, es una tontería que, en términos generales, perjudica a los trabajadores.