Se acerca la hora del desenlace de la tragedia financiera de Grecia. Hay una intensa actividad en varios frentes simultáneos y me temo que las probabilidades son cada vez más remotas de que haya un arreglo suficiente que evite la debacle y permita una solución a esta crisis, al tiempo que preserve la existencia del euro incólume.

En primer término, debiera estar la negociación entre Grecia y los tenedores de su deuda, como había sido el caso de los países que lidiaron con problemas similares en el pasado en América Latina y Asia. Sin embargo, como Grecia ya ha sido objeto de varios “rescates financieros” por parte de los países más solventes de la zona, me da la impresión de que la acción principal ocurre en el escenario de los gobiernos.

Las negociaciones con los acreedores privados se dan entre las autoridades griegas y el comité de los tenedores privados de sus bonos, y tienen el propósito de llegar a un arreglo “voluntario” mediante el cual se recortaría el monto nominal de esa deuda en un mínimo de 50% al canjearse los bonos vigentes por los que los remplazarían.

Este arreglo tiene que parecer “voluntario” pues de no serlo se dispararía la obligación de pagar los llamados credit default swaps que son el instrumento que asegura que los bonos emitidos, en este caso por Grecia, se salden a tiempo y en los términos originalmente pactados.

Parece ser que las negociaciones se han prolongado pues las autoridades de Grecia insisten también en que la tasa de interés que paguen los nuevos bonos sea menor de la que esperan recibir los acreedores, y que éste desacuerdo es el que ha impedido que se llegue a un convenio, sin el cual los gobiernos europeos no están dispuestos a aportar los 130 mil millones de euros adicionales para su rescate financiero.

Hay otros elementos que complican notablemente el escenario. Primero, los acuerdos pactados entre el gobierno griego y la “troika,” compuesta por la Comisión y el Banco Central europeos, en adición al Fondo Monetario Internacional, no se cumplieron el año pasado. Si Grecia no mejora su record en el acatamiento de sus obligaciones, en especial en cuanto a la reducción de su déficit fiscal, no habrá rescate alguno.

Para mejorar el desempeño griego en la observancia de sus compromisos los acreedores pretenden que Grecia firme un nuevo memorándum de entendimiento innovador que contenga nuevas responsabilidades institucionales como condición para que se apruebe el segundo paquete de rescate financiero.

La primera de ellas es asignar una prioridad absoluta de que el gobierno griego le dará adecuado servicio a su deuda renegociada. Ello requiere de la aprobación por parte del Parlamento de la legislación que así lo establezca para asegurar que los ingresos gubernamentales se utilicen para el pago de su deuda, antes que nada más.

Una medida como esta restauraría la confianza de los tenedores públicos y privados de deuda griega, después de lograr el arreglo pendiente con éstos últimos, y resulta esencial para restaurar un eventual acceso voluntario a los mercados financieros en condiciones más razonables, pues las tasas que prevalecen hoy son prohibitivas.

El segundo compromiso que tendría que aceptar Grecia en esta propuesta es el de transferir su soberanía presupuestal a un mecanismo europeo que se crearía con el fin de conducir y controlar las finanzas públicas griegas, por el tiempo que resulte necesario hasta que se haya conseguido sanear, en definitiva, su situación fiscal.

El comisionado extranjero encargado del presupuesto griego tendría el poder para a) adoptar un sistema centralizado de reporte y supervisión que incluya partidas claves del gasto; b) vetar todas las decisiones que sean incongruentes con los objetivos presupuestales acordados de antemano con la “troika;” y c) responsabilizarse de que Grecia cumpla en priorizar ante todo el servicio de su deuda, como se señaló antes.

Se pretende que el memorándum de entendimiento aludido no sólo sea aprobado por el Parlamento sino que se les otorgue rango constitucional a sus ordenamientos, lo que me parece que resultará virtualmente imposible de lograr, aún si el gobierno de Lucas Papademos lo presentara a sus legisladores.

La moción delineada aquí me recuerda la que hicieron para Argentina el fallecido Rudi Dornbush y Ricardo Caballero del MIT en 2002: ceder las políticas monetaria y fiscal a extranjeros prestigiados, dado el descrédito total de los nativos. Lo llamaron “el enfoque de la credibilidad importada,” y ya sabemos dónde terminó esa propuesta.