La quiebra es tan importante para la salud de un mercado libre como la muerte lo es para la vida. Sin embargo, sigue habiendo personas que consideran que deberíamos impedir cualquier quiebra.

Mexicana de Aviación dejó de volar en agosto de 2010. La empresa simplemente no pudo seguir haciendo los pagos para mantener sus aviones en el aire. Debía dinero en turbosina y servicios de aeropuerto; no había trasladado a Hacienda impuestos recaudados de sus trabajadores y clientes; y no tenía para pagar a sus proveedores y acreedores.

La empresa entró en un concurso mercantil. Éste es un proceso jurídico cuyo propósito es reestructurar las finanzas de una empresa. Si no se logra este objetivo, que debe contar con la aprobación de más de la mitad de los acreedores, la empresa debe ser declarada en quiebra. Los activos de la empresa son entonces liquidados. Los acreedores reciben lo que quede. Los primeros en recibir su parte son los trabajadores. Después vienen ciertos acreedores especiales. Al final quedan los demás, entre los que se cuentan los clientes que, por ejemplo, puedan haberse quedado con un boleto de avión sin usar.

La ley dice que el concurso mercantil debe definirse en un máximo de un año. Se pone un límite para que no se deterioren en exceso los activos de la empresa, pero también para dar certeza a los acreedores y a los competidores.

En el caso de Mexicana de Aviación, sin embargo, el juez Felipe Consuelo parece haber perdido de vista su función. Abiertamente señaló en una reunión con los representantes de los sindicatos que él estaba de parte de ellos y que obligaría al gobierno a apoyar un rescate de la aerolínea.

En la práctica el juez ha alargado ilegalmente el concurso mercantil. Primero decidió que éste no debía terminar tras un año normal sino después de 365 días hábiles. Con esto extendió el plazo de agosto de 2011 al 10 de febrero de 2012. Cuando se venció esta nueva fecha, amplió nuevamente el plazo, ahora de manera indefinida. También ha girado instrucciones para que la SCT entregue de inmediato los slots que Mexicana tiene en el aeropuerto internacional de la ciudad de México, lo cual haría que tuvieran que suspender sus vuelos Interjet y Volaris sin que Mexicana estuviera lista para emprender el vuelo.

Con esta actitud el juez está generando incertidumbre. Yo no sé si al final habrá algún grupo calificado que pague los 250 millones de dólares necesarios para rescatar la aerolínea y que pueda hacer las inversiones adicionales para que la empresa vuele y sea competitiva. Pero no deja de inquietar que en México tengamos jueces que piensan que su papel es ponerse del lado de alguno de los grupos entre los que tiene que impartir justicia.

Por lo pronto las rutas que servía Mexicana están siendo atendidas ya por otras empresas. Interjet ha tenido un crecimiento particularmente importante porque ha entrado con nuevos aviones y precios bajos. Esa es la naturaleza de un mercado libre.

Tratar de impedir una quiebra con el argumento de proteger los empleos de quienes trabajan en una empresa puede tener un costo enorme. Para empezar pone en riesgo a quienes prestaron dinero u otorgaron un servicio a esa firma, lo cual puede destruir tantos o más empleos. Pero además esto genera incertidumbre entre los demás participantes del mercado y pone en riesgo las inversiones futuras. Nadie quiere invertir en un país en el que los jueces hacen caso omiso de la ley para favorecer a una empresa o a sus sindicatos.