Parece ser que en México hay dos economías, una que hay que poner de ejemplo, y otra que no hay que utilizar como tal. La primera es la de la relativa estabilidad, consecuencia del manejo prudente que los tecnócratas han hecho de las políticas fiscal y monetaria. La segunda es la del crecimiento mediocre en la producción de bienes y servicios, la de la insuficiente generación de ingreso, la de la tasa de desempleo abierto que no cede al ritmo que debiera, efecto todo ello de la falta de reformas estructurales, consecuencia de la habitual negativa de los políticos, sobre todo los legisladores de oposición, para llevarlas a cabo. Intentos de reforma los ha habido, todos, tanto los logrados como los abortados, insuficientes e ineficientes.

El objetivo de las reformas estructurales debe ser fortalecer y multiplicar los cimientos de la economía, que hoy no son, ni todo lo fuertes que deberían ser, ni todos los que tendrían que ser, lo cual, de entrada, le resta competitividad al país y, por lo tanto, la posibilidad de atraer, retener y multiplicar inversiones directas, que son todo gasto destinado a producir más y mejor, inversiones de las cuales depende el progreso económico, definido como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios, para un mayor número de gente, ¡precisamente lo que necesitamos en México!, para lo cual lo primero que hay que hacer es desarrollar, ¡mucho más!, esa capacidad, para lo cual se requiere que en México se invierta más y mejor, para lo cual resulta indispensable avanzar en materia de competitividad, lo cual no se logrará sin las reformas estructurales, de entra las cuales destaca la fiscal.

Una reforma fiscal, antes que tributaria, y preguntarse qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrarlos, y a quién cobrárselos, debe ser presupuestaria y cuestionarse en qué, cuánto y cómo gasta el gobierno. Primero el tema presupuestario y luego, ¡solamente luego!, el tributario. El problema, ¡obviamente!,  es que quienes deben revisar a fondo en qué, cuánto y cómo gasta el gobierno son los gobernantes, es decir, quienes se benefician de esos gastos, independientemente del poder al que pertenezcan (ejecutivo, legislativo o judicial), y al margen del nivel de gobierno al que operen (federal, estatal o municipal), momento de no olvidar que el poder del gobernante depende, en muy buena medida, de la cantidad de presupuesto que maneje. Pedirles, a quienes gastan, que recorten el gasto, ¿no es tanto como pedirle peras al olmo?

¿Hay tela de dónde echar mano para recortar el gasto gubernamental, sobre todo en aquellas partidas presupuestales que no se justifican y que, precisamente por ello, hacen que el cobro de impuestos para financiarlas degenere en un robo con todas las de la ley? ¿Hay, o no hay, tela de dónde cortar? Claro que sí, lo que hace falta es un sastre con la voluntad para meter la tijera. Pongo un ejemplo.

Hace unos días, por una nota de Notimex, nos enteramos que la diputada Blanca Pérez Bueno, presidenta de la Comisión de Salud y Población de la LVI Legislatura local, apuntó que el sector salud, en Querétaro, gasta 76.7 millones de pesos anuales por la hospitalización de pacientes con enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, e indicó que gobierno y sociedad deben unir esfuerzos para revertir esa situación, ¡que le cuesta al gobierno (es decir: a los contribuyentes) 76.7 millones de pesos anuales!, lo cual me lleva a la siguiente pregunta: ¿cuánto debe gastar el gobierno en la atención médica de quienes padecen enfermedades consecuencia del consumo de tabaco? Cero pesos con cero centavos.

Los gobiernos pueden ser gobiernos gobierno, y garantizar la seguridad contra la delincuencia; pueden ser gobierno ángel de la guarda, e intentar preservarnos de todos los males, comenzando por aquellos que podemos hacernos a nosotros mismos; pueden ser gobiernos hada madrina, e intentar concedernos todos los bienes, tal y como sucede con el gobierno que pretende financiar los tratamientos de aquellos que, por haber adquirido un vicio, necesitan atención médica. El problema es que el gobierno financia esos tratamientos con recursos extraídos coactivamente del bolsillo de los contribuyentes, por lo que obliga a estos a pagar los tratamientos médicos de otros o, dicho de otra manera, obliga a unos a hacerles el bien a otros, lo cual es una arbitrariedad, sobre todo cuando se trata de enfermedades consecuencia de una conducta viciosa, como lo es el consumo inmoderado de tabaco, que siempre tiene su origen en la irresponsabilidad de quienes se inician, voluntariamente, en el consumo de tabaco.

Una cosa es que el gobierno financie los tratamientos médicos de quienes contraen involuntariamente enfermedades, y otra muy distinta que lo haga con los tratamientos de quienes padecen las consecuencias de haber contraído un vicio por consumo de tabaco, alcohol, drogas o cualquier otra substancia adictiva, tratamientos que deben ser, tal y como corresponde a gente libre, responsabilidad de cada cual, sin que el gobierno obligue a unos a pagar por los errores de otros, obligación que impone de manera indirecta, pero que al final de cuentas impone: “Yo gobierno te obligo a ti, contribuyente, por medio del cobro de impuestos, a entregarme parte del producto de tu trabajo para que yo gobierno, con una parte de esa parte, pague el tratamiento médico de aquellos que padecen algún mal consecuencia del consumo voluntario e irresponsable de tabaco. Yo gobierno te hago a ti, contribuyente, responsable por la conducta irresponsable de otro, y tú contribuyente tendrás que pagar por las malas consecuencias de esa conducta irresponsable.” ¿Puede haber mayor arbitrariedad que ésta?

Antes de seguir quiero aclarar que el tema del tabaquismo y sus males no me es ajeno: mi padre, que toda su vida adulta se fumó entre dos y tres cajetillas de cigarros al día, murió de enfisema pulmonar. ¿De quién fue la culpa? Suya: mi padre se buscó, cigarro tras cigarro, el enfisema que padeció. Y si la culpa de fue de él, ¿de quién fue la responsabilidad? De él, de la A a la Z. ¿Y qué incluye esa responsabilidad? El financiamiento del tratamiento.

Es increíble el grado de injerencia que los gobiernos han logrado en la vida de los gobernados, injerencias que en muchos casos parecen positivas, como sería el caso del financiamiento, con recursos gubernamentales, de los tratamientos médicas para las enfermedades consecuencia del consumo del tabaco pero que, bien vistas las cosas, no son más que arbitrariedades que generan desde incentivos perversos (si sé que alguien más pagará por el tratamiento de mis enfermedades bien puede ser que no haga todo lo que debería para evitarlas) hasta injusticias (el gobierno obliga a unos a hacerles el bien a otros).

¿Hay, o no hay, tela de dónde cortar para una reforma presupuestaria que, de entrada, elimine todos los gastos que, como el mencionado, no se justifican? Espero la respuesta, sobre todo, de los gubernamentólatras, es decir, de quienes creen que el gobierno lo debe todo, desde preservar a los gobernados de todos los males, gobierno ángel de la guarda, hasta concederles todos los bienes, gobierno hada madrina.