Entre las contribuciones más importantes realizadas por Arnold Harberger a la ciencia económica aplicada se encuentran sus numerosos y profundos análisis sobre la mejor forma de cobrar impuestos con el objeto de financiar el gasto gubernamental con los menores obstáculos, distorsiones y desperdicio para la sociedad.

Cuando regresé a México en 1973 después de terminar la fase inicial de mis estudios en la Universidad de Chicago, habiendo aprobado los exámenes doctorales en Teoría de Precios, Moneda y Banca, Desarrollo Económico y Finanzas Públicas, mi intención era ingresar al Banco de México donde tenía una oferta de trabajo.

Sin embargo, los engorrosos trámites de acceso a esa institución me dieron la oportunidad de platicar con otras personas interesadas en mis servicios profesionales y así es que me sumé a un grupo de economistas que bajo la dirección de Francisco Javier Alejo preparaba un análisis para enfrentar el problema del desempleo.

Mi responsabilidad en ese grupo era la de proponer una reforma fiscal que alentara un crecimiento más dinámico de las fuentes de trabajo en el sector formal de la economía, pues a pesar de estar en las postrimerías del exitoso periodo conocido como el “desarrollo estabilizador” de acelerado crecimiento económico con estabilidad de precios, la creación de empleos distaba mucho de ser la requerida.

En el análisis aludido hicimos referencia a todos los obstáculos que el marco jurídico e institucional prevaleciente entonces le imponían a las empresas para que aumentaran su contratación de trabajadores con mayor celeridad y de esa manera disminuir el desempleo, el subempleo y la economía subterránea.

A mi me pareció una gran oportunidad de aplicar los conocimientos que recién había adquirido de mi maestro Al Harberger y proponer una verdadera reforma tributaria, que remplazara los arcaicos gravámenes que existían entonces, por impuestos más modernos que alentaran una más dinámica generación de fuentes de trabajo.

La idea era adoptar un impuesto sobre la renta que integrara los de las empresas y las personas físicas, con tasas relativamente bajas pero con una cobertura mucho más amplia, eliminando exenciones y las múltiples excepciones que hacían que ese impuesto generara gravísimas distorsiones en la actividad económica.

Ese impuesto se complementaría con uno al valor agregado con una tasa del 15% sin excepciones, que remplazaría a los impuestos a las ventas “en cascada” que existían entonces, lo que permitiría una recaudación importante al tiempo que eliminaba las muchas distorsiones que se generaban con el esquema anterior.

Nuestras propuestas comprendían también ajustar en forma gradual y automática los precios y tarifas que cobraban distintos niveles de gobierno por los servicios que ofrecían, que incluían energéticos –gasolina, diesel y energía eléctrica-, agua, servicio telefónico, y la educación pública superior, para mencionar sólo unos cuantos.

Lo anterior era particularmente importante debido a que por esos años empezaron a resentirse en nuestro país presiones inflacionarias sin precedente, consecuencia, en parte, de la aguda devaluación que había sufrido frente al oro el dólar estadounidense, moneda a la que el peso estaba ligado por un tipo de cambio fijo.

La otra razón que explicaba la creciente inflación fue el enorme aumento del gasto público que había emprendido la administración de Luis Echeverría, que finalmente reveló sus proclividades populistas al nombrar a un secretario de Hacienda sin conocimientos del tema pero con ambiciones presidenciales.

Era de suponer que una más complicada situación de la economía mexicana haría que nuestras propuestas de reforma tomaran mayor urgencia, pero no fue así por lo que el gasto adicional del gobierno se financió con deuda y creación de dinero, lo que eventualmente condujo a la devaluación del peso en 1976.

Al final, todo quedó en un aumento en el precio de la gasolina y el resto de la agenda reformista tuvo que esperar tiempos más favorables, lo que ocurrió cuando Francisco Gil Díaz, alumno distinguido de Harberger, logró al ocupar posiciones clave en Hacienda, culminando con la de Secretario, avanzar en ese camino.

A pesar de los logros conseguidos, ha resultado elusiva la tarea de hacer una reforma fiscal integral en el modelo ideal de las propuestas de Harberger, que modifique de cuajo no sólo la forma como se recaudan los ingresos públicos sino también la manera en la que se ejerce el gasto.

Ello se debe a que existen muchos y poderosos intereses que se benefician de las excepciones del sistema impositivo y del enorme gasto desperdicioso que realizan las distintas instancias de gobierno, lo que hace muy difícil que haya cambios de fondo en el ámbito referido, no sólo en México sino en casi todos los países del orbe.