Jaque Mate
Mar 23, 2012
Sergio Sarmiento

Litigar las campañas

La culpa no es de los partidos, sino de quienes redactaron la ley.

La judicialización de los procesos electorales se vuelve cada vez más intensa. Este pasado martes 13 de marzo (sí, tenía que ser un martes 13) los representantes del PRI y del PAN en el IFE intercambiaron denuncias por supuestas violaciones a la legislación electoral. Nadie parece tomar muy en serio estas acciones, que difícilmente afectarán de manera significativa las campañas. Más bien parecen parte de una estrategia inevitable en un período en que las campañas están ahogadas por la veda de la llamada intercampaña.

Las dos demandas se presentaron por las tomas de protesta que realizaron los “virtuales” candidatos (la ley no permite, absurdamente, hablar de “candidatos” todavía) a la Presidencia de la República de los partidos. Josefina Vázquez Mota realizó un acto abierto en el Estadio Azul de la ciudad de México, con la presencia no sólo de militantes sino de simpatizantes del partido, cosa que fue objetada por los abogados del PRI.

Peña Nieto realizó dos actos de protesta: uno el 17 de diciembre de 2011 ante la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI y otra más el lunes 12 de marzo en Dolores Hidalgo ante los consejeros nacionales del partido. El PAN objetó que hubiera dos ceremonias para lo mismo y que Peña Nieto hiciera en la última propuestas concretas para resolver problemas nacionales. Según el PAN, esto viola el principio de equidad de la ley de 2007.

Hay dudas muy serias acerca de que alguna de las dos demandas pudiera prosperar y generar sanciones en contra de los partidos o de los “virtuales” candidatos. Pero ya los abogados de los partidos se han dado cuenta de que la legislación es tan absurda y restrictiva que vale la pena denunciar cualquier acto de un rival. Siempre pueden los consejeros del IFE o los magistrados del Tribunal Electoral --cuyas decisiones suelen ser contradictorias-- tomar una decisión que perjudique al enemigo. En el sistema lo que no tiene sentido es no litigar, porque entonces cualquier comportamiento termina siendo aceptado.

El PRD y sus aliados no han sido tan proclives a las demandas en este año, pero sí han sufrido la censura de la ley. Así, los anuncios protagonizados por María Rojo y Héctor Bonilla --los dos que más impacto han tenido en la actual campaña-- fueron retirados del aire por las autoridades electorales. La razón, se dijo, es que promovían el voto en momentos en que la legislación no lo permite.

Todo parece indicar que seguiremos viendo una judicialización de los procesos electorales. Cuando las leyes son complejas, restrictivas y mal hechas generan enormes incentivos para litigar. No debe sorprender así que el PAN y el PRD se intercambien demandas a cada paso. Si consideramos los defectos de la ley, y la falta de claridad en los fallos, deberíamos esperarse todavía más demandas. La culpa no es de los partidos, sino de quienes redactaron la ley.



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