Resulta interesante ver las reacciones de la gente a un caso como el de Walmart, reacciones que van desde la afirmación de que el desplome en el precio de sus acciones es “un castigo social” por los actos de corrupción, hasta la propuesta de “castigar a Walmart dejando de comprarle”, a manera de postura ética frente a la conducta corrupta.

Lo primero que hay que decir es que la caída en el precio de las acciones de Walmart no es consecuencia del mentado castigo social, sino de las reglas no escritas del mercado bursátil y del objetivo de los especuladores: ganar. A ver: si usted tiene acciones de una empresa, y se entera que la misma ha participado en actos de corrupción, ¿va a vender sus acciones con el fin de castigarla? No, claro que no: las va a vender porque sabe que ese tipo de noticias – la empresa ha participado en actos de corrupción -, dadas las reglas no escritas del mercado bursátil – malas noticias vende, buenas noticias compra -, tiene como consecuencia la venta de acciones, lo cual hace que la oferta de las mismas aumente más que su demanda, lo cual presiona sus precios a la baja, y tiene claro que, en tales circunstancias, lo que conviene es ser de los primeros en vender, para poder hacerlo a un precio mayor de aquel al que se compró.

Lo segundo que hay que decir es que, si hubo conductas corruptas, lo que se debe hacer es castigar a los ejecutivos de la empresa involucrados en ellas, no a la empresa dejándole de comprar, lo cual perjudica, en primer lugar, al consumidor que ve en la oferta de mercancías de la empresa una buena opción; en segundo lugar, a los miles de proveedores de dichas mercancías y, por último, a los cientos de miles de empleados de la misma. Castigar a la empresa, dejándole de comprar, tiene como resultado que pagan justos por pecadores.

En tercer lugar hay que distinguir, como lo señala Luis Pazos, entre ser culpable de soborno y ser víctima de la extorsión, sin olvidar que muchas de las reglas del juego en la economía mexicana están diseñadas para, precisamente, poder extorsionar al empresario, quien, aún en el caso de que pague la extorsión, es víctima y no culpable. Desafortunadamente, como lo señala el mismo Pazos, “en México muchos constructores y empresarios tienen que dar dinero para que les agilicen o autoricen trámites”, siendo víctimas de extorsión no culpables de soborno. Walmart, ¿qué fue: lo primero o lo segundo?

Por último, llama la atención que la opinión pública - que el realidad es la opinión que se publica -, ha puesto el acento en la responsabilidad de la empresa y no en la que, sin duda alguna, tiene el gobierno o, para puntualizar, lo ha puesto en los ejecutivos de la empresa y no en los funcionarios de los gobiernos, sobre todo estatales o municipales, involucrados, o en los actos de soborno, o en las acciones de extorsión.