El presidente Calderón se indignó por los supuestos casos de corrupción en los que incurrió Walmart para “agilizar” los permisos que le permitieron abrir más rápidamente varios establecimientos. La pregunta que viene a la mente es por qué el presidente no se indigna aun más con los otros miles de casos de corrupción que se dan cada año en México en los tres niveles de gobierno y por qué no se indigna todavía más con los propios funcionarios públicos corruptos. México es un país en donde la corrupción es endémica, un país en donde abrir y operar un negocio prácticamente no puede hacerse si no hay de por medio algún tipo de pago a algún funcionario público.

De acuerdo a Transparencia Internacional, el valor del Índice de Percepción de la Corrupción para México correspondiente a 2011 es de 3.0, muy por debajo de Chile (7.2) y Uruguay (7.0), los dos países latinoamericanos con mejor calificación, así como de nuestros socios comerciales del TLCAN: Canadá (8.7) y Estados Unidos (7.1). Con el valor de 3.0, México está en el mismo grupo de países en el que se encuentran Argentina, Benin, Burkina Faso, Djbouti, Gabón, Indonesia, Madagascar, Malawi, San Tome & Principe, Surinam y Tanzania. ¡Todo un honor!

Por otra parte, Transparencia Mexicana, en su estudio correspondiente a 2010, concluyó que, como promedio nacional, 10.3 de cada 100 trámites que hicieron los hogares mexicanos ante las autoridades estatales y municipales requirieron de un soborno, siendo Baja California Sur la entidad menos corrupta (1.8 actos de corrupción por cada 100 trámites) y el Distrito Federal la más corrupta (17.9 actos de corrupción por cada 100 trámites). Esta organización estimó que durante ese año se reportaron más de 200 millones de actos de corrupción por un monto total de 32,000 millones de pesos, que equivale a un impuesto adicional sobre el ingreso promedio de los hogares de 14%.

El caso Walmart no es la excepción sino la regla y el costo económico medido en términos de PIB no generado. Cuando una empresa tiene que pagar un soborno para conseguir un permiso o una licencia, se enfrenta a un funcionario corrupto, quién utiliza el poder público para obtener un beneficio privado. Lo que está haciendo el funcionario corrupto es apropiarse de una parte del flujo de utilidades que generaría el proyecto de inversión de la empresa, lo que repercute negativamente en la tasa de rentabilidad de la inversión y, consecuentemente, en una menor tasa de inversión y de crecimiento económico.

Más aun, estos actos de corrupción también tienen un enorme costo para los consumidores, quienes enfrentan mayores precios que los que tendrían que pagar de no haberse visto forzada la empresa a pagar sobornos. Esto, aunado a las propias mordidas que los hogares tienen que pagar, tal como apunta Transparencia Mexicana, obviamente se traduce en un menor nivel de bienestar de las familias.

Reducir significativamente la incidencia de corrupción es una condición indispensable para alcanzar mayores niveles de desarrollo económico. Obviamente se requiere, para ello, mayor transparencia en las operaciones del gobierno pero más importante aun, se requiere eliminar la fuente originaria de la corrupción que es la enorme cantidad de trámites que las empresas tienen que realizar ante diversas instancias de gobierno (federales, estatales y municipales), enfrentándose en muchas de las ocasiones con regulaciones ineficientes y con funcionarios públicos que pueden aplicarlas con total discreción y que tienen, en consecuencia, la posibilidad de chantajear a las empresas.

La enorme incidencia de corrupción, un elemento adicional para explicar por qué la economía simplemente no crece.