Dos de los candidatos a la presidencia, primero López y después Peña, han propuesto la adopción de un sistema de pensión universal para los adultos mayores de 65 años, con un esquema similar al que introdujo López en el Distrito Federal. Dada la evolución de la economía mexicana durante los últimos treinta años, en donde el crecimiento del PIB por habitante ha sido prácticamente nulo y por lo tanto uno en donde el empleo formal y los salarios reales no han aumentado significativamente, uno en donde la mayor parte de la población económicamente activa no tiene acceso a un sistema formalmente establecido de pensiones esta propuesta, que parecería ser una buena idea, en realidad no la es.

La dinámica poblacional en la cuál estamos inmersos, nos está llevando paulatinamente a un envejecimiento de la población. De acuerdo con información de CONAPO, se estima que este año el 11.6% de la población tiene más de 65 años de edad. Para el 2020 se proyecta que este porcentaje ascenderá al 14.6%; para el 2030 al 20.8%; para el 2040 al 28.2% y para el 2050 al 34.7%.

Con esta dinámica poblacional, un esquema de pensión universal financiado de la recaudación general es a todas luces insostenible. Simple y sencillamente no es financiable. Es esta misma dinámica de la población lo que llevó al cambio del esquema de pensiones, primero para los trabajadores asegurados en el IMSS y después para los trabajadores asegurados en el ISSSTE, al pasar de un sistema de pensiones definidas a uno de contribuciones definidas bajo el sistema de las Afores. Y este el camino que hay que seguir.

Obviamente para que la población tenga al momento de su retiro acceso a una pensión, es indispensable que la economía crezca y bastante más por arriba de los que hemos estado creciendo durante las últimas tres décadas, pero más aún, se requiere que este mayor crecimiento venga acompañado de una continua y creciente generación de empleos formales, particularmente en el sector privado. Y de ahí la necesidad de hacer todas las reformas estructurales (laboral, fiscal, energética, telecomunicaciones, judicial, etcétera), las mismas que dice el Sr. López que no haría. Es claro que con el marco institucional actual, la economía no puede crecer sostenidamente por arriba del 4% anual, tasa a todas luces insuficiente para alcanzar el propósito deseado de que todos tengan acceso a una pensión.

Hay además otros dos problemas. El primero es que la contribución que se hace mensualmente a las cuentas individuales de los trabajadores asegurados en el IMSS (6.5% del salario bruto) es insuficiente para alcanzar una mayor tasa de reemplazo (el monto de la pensión como porcentaje del último sueldo). Con la contribución actual, la tasa de reemplazo apenas llega, en el mejor de los casos, al 40%. En consecuencia, es necesario incrementar la tasa de contribución a cuando menos el 11% del salario. La propuesta es que lo que ahora se aporta al INFONAVIT (5%) se canalice a las Afores y que esta institución se fondee en el mercado.

El segundo es que el ahorro voluntario es muy bajo; inclusive, un alto porcentaje de la población apuesta a que al momento de su retiro, sus descendientes se harán cargo de ellos. Muy mal esto de la “herencia negativa”, ya que por mantener a los padres, el nivel de bienestar de los hijos y nietos es menor y de ahí la necesidad de fortalecer el ahorro voluntario.

La pensión universal sí es una muy mala idea.