La Diputada Norma Piérola, legisladora de Convergencia Nacional (CN), fue quien la semana pasada denunció ante la Asamblea Legislativa la presencia de cinco bases militares venezolanas en territorio boliviano. A partir del “cortocircuito” generado en el corazón del órgano legislativo ante tan importante denuncia, la legisladora ha sido víctima de una suerte de amenazas, descalificaciones y atropellos de parte de distintos funcionarios del gobierno boliviano. En la siguiente entrevista exclusiva nos aclara todas nuestras dudas:

DS - ¿Cuánto tiempo lleva usted denunciando esta situación al interior de Bolivia y cuál ha sido hasta el momento la reacción de los entes nacionales de su país?

NP - El tema salió a la luz cuando interpelé a los Ministros Carlos Romero y Rubén Saavedra, quienes confirmaron que las Fuerzas Armadas y la Policía son ahora “parte del proceso de cambio” impulsado por el MAS (Movimiento al Socialismo), pese a que la Constitución Política del Estado (CPE) establece en sus Arts. 243 y 251 que los referidos organismos no pueden deliberar ni pueden formar parte de ningún partido político. Durante la interpelación, ambos funcionarios manifestaron que: “hoy hay soberanía y dignidad en Bolivia, y que no se permite la presencia de bases militares extranjeras…”. Ante el cinismo de los ministros fue que pregunté: “…no a las bases extranjeras ¿y qué decimos de las bases venezolanas en nuestro país?”. Mi pregunta provocó la inmediata reacción del Sr. Álvaro García Linera, Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (antes Congreso) y Vicepresidente de la República, quien me intimó e instó a que yo pruebe la existencia de dichas bases y amenazó con procesarme si no lo hacía.

En lo personal vengo investigando el tema desde octubre de 2010. Ante una denuncia realizada por militares bolivianos en ejercicio, solicité un informe escrito a Migración para verificar la presencia de militares extranjeros en Bolivia. Lamentablemente nunca me respondieron. La misma solicitud la presenté ante los Ministros de Defensa y de Gobierno, y tampoco obtuve respuesta. No me quedo más opción que investigar por cuenta propia y acumular documentación relevante, tal como una copia del Acuerdo Bilateral entre Venezuela y Bolivia sobre “Cooperación Estratégica” que incluye el intercambio y el libre ingreso y salida del país de militares venezolanos, suscrito el 26 de mayo de 2006 y ratificado por Ley el 1 de diciembre del mismo año.

A todo esto, un número importante de representantes del Gobierno se apresuraron a salir en todos los medios de prensa tratando de defenestrarme y emplazándome a probar la existencia física de las bases militares, que según el testimonio de los Ministros deben estar debidamente equipadas con armamento y un mínimo de 5.000 soldados. El Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, me envió una carta personal en la que me emplaza a subirme a un avión ante la presencia de periodistas y señalar dichas bases desde el aire. Me dijeron además que si no lo hacía iniciarían acciones legales por supuestos delitos de “incumplimiento de deberes, calumnia e injuria” para que pierda mi puesto en el Congreso.

DS - De acuerdo a la CPE, el ejercicio de la soberanía de Bolivia está delegado a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La independencia y coordinación de dichos poderes es la base del gobierno. En ese sentido ¿Considera usted que existe dicha división de poderes? Siendo usted una legisladora elegida por el pueblo y además, una ciudadana boliviana, ¿Por qué considera que el gobierno habla de posibles sanciones por “incumplimiento de deberes” en relación a su denuncia?

NP – Debo aclarar primeramente que el Art. 12 de la CPE establece: I. “El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. II. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano, ni son delegables entre si”. Bajo este gobierno dicha división de poderes es inexistente, ya que ha logrado cooptar a la totalidad de los órganos del Estado (antes conocidos como poderes). En las actuales circunstancias el órgano Legislativo funciona como un simple sindicato y todas las instituciones de poder se encuentran supeditadas a lo que ordene el órgano ejecutivo. El Presidente no tiene en sus manos tan sólo el Gobierno, sino que goza además de un poder absoluto sobre las Fuerzas Armadas, la Policía y el Ministerio Público. Éstos constituyen su brazo operativo, ejecutor y represor; manejando además a su total discreción el destino de la totalidad de las empresas del Estado: YPFB, ENTEL, ELFEC, el Banco Central de Bolivia, la Aduana Nacional, COMIBOL, etc.

Mi labor de diputada se ha convertido en una tarea peligrosa, puesto que a partir del momento que el gobierno decide que un opositor constituye una amenaza, busca inmediatamente la forma de convertirlo en delincuente y encarcelarlo. En mi caso exigen que yo demuestre la existencia de las bases militares, buscando además sembrarme delitos que no he cometido, y a sabiendas de lo establecido por el Artículo 151 de la CPE que señala: “Las Asambleístas y los Asambleístas gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a éste, por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones, no podrán ser procesados penalmente”. Por lo tanto, este artículo me ampara, no pudiendo el gobierno acusarme de delito penal alguno y menos aún, culparme de mal desempeño de mis funciones.

DS - Días antes de su denuncia, trascendió la noticia de que usted y el diputado Adrián Oliva serían investigados por una declaración que hizo llegar a Bolivia la Cámara de Diputados del Paraguay expresando su preocupación por la persecución y el acoso del que son víctimas los grupos de oposición en su país. ¿Considera que ésta es una retaliación por sus posturas frente al gobierno? ¿Por qué optan ustedes por recurrir tan a menudo a denuncias internacionales, y no acuden ante quien debería proveerles y garantizarles sus derechos que es el Estado boliviano?

NP - Consideramos que el gobierno busca acallarnos como oposición al amenazarnos con enviarnos a una Comisión de Ética luego de que arribara la Declaración Camaral Paraguaya repudiando la vulneración de Derechos Humanos que existe en Bolivia desde la llegada al poder del Sr. Evo Morales. Considerando que en mi país cada día existen menos libertades y que nuestros derechos fundamentales se ven más vulnerados que nunca, estoy convencida de que van a intensificar el acoso por haber denunciado la existencia de las bases venezolanas.

En lo relativo al ámbito local, el Ministro Quintana me ha puesto un plazo para que pruebe la existencia física de las bases; caso contrario, afirma que habré cometido, entre otros, los delitos de: incumplimiento del deber, difamación y calumnia. Sabiendo que la Justicia se encuentra secuestrada por el Órgano Ejecutivo, pretenden procesarme y condenarme. El simple hecho de que el Vicepresidente y sus ministros, se pongan del lado de las Fuerzas Armadas, constituye plena prueba de que las mencionadas fuerzas interdictas constituyen los brazos ejecutores y represivos del MAS. Y como en mi opinión existe injerencia extranjera en este tema, con el fin de determinar con toda la objetividad necesaria, el profesionalismo y la suficiente transparencia la situación denunciada, he solicitado la intervención de una comisión internacional de alto nivel técnico que pueda colaborarnos para verificar las realidades que se viven en Bolivia.

DS - Usted nos explica que la nueva Constitución prohíbe la presencia de bases militares extranjeras en territorio boliviano. Frente a la Ley 3548 del 1 de diciembre de 2006, que ratifica el “Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica entre la República de Bolivia y la República Bolivariana de Venezuela en Materia de Defensa” ¿Habría constitucionalidad en la construcción de 24 bases militares en diferentes puntos fronterizos de Bolivia?, y, ¿Qué opina el Tribunal Constitucional Plurinacional al respecto?

NP - El Artículo 10 Núm. III) de la CPE, prohíbe la instalación de bases extranjeras en territorio boliviano. Por lo tanto, el acuerdo bilateral suscrito el 25 de mayo de 2006 y ratificado mediante Ley 3548 es absolutamente inconstitucional. Asimismo el Art. 202 Inc. 9) dispone que “los tratados internacionales antes de ser ratificados deben pasar por el control previo de constitucionalidad”; por lo tanto este acuerdo debe ser denunciado, ya que ninguna base militar extranjera puede ser constitucional y mucho menos las 24 bases, que el propio Presidente anunció que construirían.

El Tribunal Constitucional aún no ha emitido resolución alguna, pero si lo hiciera, con seguridad diría que la Ley de Ratificación del Tratado Bilateral con Venezuela es constitucional. Lamentablemente dicho organismo también forma parte del “Proceso de Cambio” del MAS, por lo que encubrirá y legitimará todos los actos ilegales del gobierno. Como si eso fuera poco, hay más de un magistrado del llamado Tribunal Constitucional Plurinacional que al igual que Gualberto Cusi resuelve sus causas “leyendo las hojas de coca”. Tan sólo con ese dato podemos comprobar el altísimo nivel de improvisación y la rotunda falta de conocimientos elementales de los magistrados en temas legales y constitucionales.

DS - ¿Cómo ve el futuro del ALBA y especialmente el de su país a partir del momento en que Hugo Chávez muera?

NP - Será el fin del grupo y de su alianza Bolivariana, que nació con gran fervor político pero sin ningún futuro. Ninguno de los países miembros estará dispuesto a destinar la enorme cantidad de recursos económicos que gastaba Hugo Chávez para hacer realidad su sueño de ser el líder de la “Gran Nación Bolivariana”. Hay un dicho popular que dice “muerto el perro, muertas las pulgas” y creo que en este caso el ALBA, una institución que nació muerta tratando de reeditar un trasnochado comunismo a la criolla, también se desplomará.

Uno de los resultados de dicha cooperación es la Escuela de Defensa y Seguridad del ALBA-TCP, inaugurada el 31 de mayo de 2011 en la provincia de Warnes, Departamento Santa Cruz, Bolivia. Se trata de un recinto de altos estudios militares donde toman sus clases los oficiales de los países que conforman el ALBA: Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas. Fue inaugurada en presencia de Ministros, Jefes Militares y la presencia especial de Ahmad Vahidi, el terrorista iraní buscado por Interpol por su participación en el atentado terrorista de la AMIA que tuvo lugar en Argentina en 1994 y donde murieron cerca a un centenar de personas, entre ellos 14 bolivianos.

DS – Ya que menciona la Escuela del ALBA, la misma que según el gobierno no tiene la capacidad de ofrecer entrenamiento militar, ni instrucción acerca del uso de armas, ni cuenta con vehículos de guerra ¿Con qué propósito fue creada?

NP - Según nuestro Presidente, su construcción fue financiada por Venezuela. No sabemos con exactitud qué clase de entrenamientos imparten, sólo sabemos que ingresan militares venezolanos y de otros países. El gobierno guarda al respecto un silencio más que elocuente, ya que no ha respondido jamás a nuestros pedidos de informes detallados sobre la misma.

En el momento de su inauguración se dijo que la Escuela de Defensa de Seguridad del ALBA-TCP tenía por objeto la construcción de una doctrina de defensa para los países miembros del ALBA. La defensa de los pueblos, según Evo Morales “se ha convertido en una situación de vida o muerte contra el intervencionismo imperial que propugna la soberanía del capitalismo. Garantizar la independencia política y económica de los pueblos del ALBA, frenando así la intervención del imperio militar, canalizando el camino de la segunda independencia”. Así mismo afirmó que la unidad de América y el Caribe en una “Patria Grande” constituye el sueño de los libertadores. En otras palabras y según el gobierno, desde esa escuela se impartirá la supuesta doctrina con la que los países empezarán a uniformar sus fuerzas armadas.

DS – Asumiendo que los militares venezolanos se encuentran en territorio boliviano en el marco del intercambio de estudios que existen con países aliados, ¿qué cree usted que hace atractivo a Bolivia para ese tipo de intercambios?

NP - Según las declaraciones del Ministro de Defensa Rubén Saavedra, quien confirmó la presencia de militares extranjeros en Bolivia, dicho ingreso tendría por objetivo los intercambios interculturales. Nosotros entendemos que para Venezuela, la soberanía territorial de Bolivia fue fácil de conseguir, ya que la decisión dependía de un personaje dócil y voluble como el Presidente Morales a quien Chávez compró con recursos para su campaña electoral y sus principales programas de gobierno. Bolivia por su ubicación en el corazón geopolítico de Sudamérica, resulta estratégica como lugar de acopio de minerales radioactivos tales como el litio y el uranio y productos estratégicos tales como la coca y su principal “derivado” la cocaína. Fue increíble ver en notas de la prensa internacional que hasta las FARC, “manifestaron su beneplácito” con la suscripción del convenio y la instalación de las bases militares en nuestro país.

DS - Usted afirma que el 50% del presupuesto general de la Nación está destinado a las fuerzas militares y al ministerio de gobierno. ¿Puede ampliarnos la información al respecto?

NP - Éste es el tercer año consecutivo que el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, destina el 49,93% de todo el Presupuesto General del Estado para tan sólo dos Ministerios, el de Defensa y el de Gobierno (Policía Boliviana y FF.AA.), en desmedro de la salud y la educación. A estas dos últimas funciones apenas se les destinó el 3% y el 2% del presupuesto respectivamente. Sin embargo, los dos Ministros que interpelamos, Rubén Saavedra de Defensa y Carlos Romero de Gobierno, negaron haber recibido tal cantidad de recursos y afirmaron haber recibido tan sólo entre el 2% y el 1% del Presupuesto General del Estado.

Si estas declaraciones son verídicas, entonces alguien está mintiéndole gravemente al país. No nos queda claro entonces porqué Arce Catacora, Ministro de Economía, afirma que dicha partida del presupuesto ya se asignó y ya fue ejecutada. No es casual tampoco que bajo el amparo del Acuerdo Boliviano–Venezolano, se hubiere determinado que “deba actualizarse el material bélico”. En relación a esto último nos surgen a su vez un sinfín de interrogantes: ¿Cómo ingresan a Bolivia las AK 42 y las AK 103 sin que nadie se entere? ¿Qué armamento reemplazó a los fusiles Gali y Mauser que solía usar nuestro ejército?, ¿Cómo se renovó dicho armamento y a partir de cuándo? ¿Cómo se pagarán los créditos millonarios que el gobierno boliviano solicitó para adquirir de China un total de 6 aviones K8, 6 helicópteros por más de 110 millones de dólares y hasta un satélite por más de 350 millones de dólares? ¿Dónde quedaron las 16 barcazas y los 2 remolcadores, que el ex Ministro de Defensa Walker San Miguel compró a través de la ENABOL (Empresa Naviera Boliviana creada expresamente para el préstamo) en el año 2009, por las se pagaron 40 millones de dólares al contado al Gobierno Chino y que jamás llegaron a Bolivia?. Entonces nos preocupa mucho que el Gobierno de Evo Morales aparentemente haya destinado el 50% del Presupuesto General del Estado a favor de Defensa y Gobierno; y que encima tengamos militares extranjeros circulando libremente por nuestro territorio tras la fachada de un inverosímil intercambio cultural. Todo esto mientras que tienen lugar hechos tan poco transparentes como la masacre de “El Porvenir”, por la que encarcelaron al Ex Gobernador de Pando, y en la que aparecieron primero implicados y luego muertos 5 militares venezolanos. ¿Alguien nos explica que hacían ahí y que fue lo que les pasó? Sin ir mas lejos en la mismísima Cámara de Diputados apareció asesorando en la Comisión de Defensa y Gobierno, el Coronel venezolano Pedro Yauquez López, explicando la Ley de Seguridad Ciudadana de su país.

El gobierno de Evo Morales está dilapidando recursos económicos del pueblo boliviano instalando bases militares extranjeras, equipándolas en desmedro de las necesidades de nuestra gente que no tiene acceso ni a salud ni a educación adecuada y que encima subsiste con un salario de hambre. Por eso es importante que el gobierno aclare de una buena vez de donde salen y cómo se gasta esa millonada de recursos.

DS - El Presidente Morales, en una entrevista que dio al terminar la Cumbre de las Américas, nos dijo que a las FARC deberíamos perdonarlas y darles la posibilidad de convertirse en un partido político. Sumando declaraciones como ésa a sus declaraciones sobre la existencia de bases militares venezolanas, y a los rumores de que la cooperación con Irán incluye más que tecnología ¿Cuál debería ser el papel de los organismos internacionales, especialmente del Consejo de Seguridad de la ONU, o de la propia OEA en estos casos?

NP – Como las FARC le brindaron su pleno respaldo para que instale las bases militares venezolanas en Bolivia ¿cómo el Presidente no habría de darles a cambio todo su respaldo? La mayoría de los componentes del Gobierno del MAS provienen de grupos delictivos. Álvaro García Linera, fue guerrillero y estuvo preso por delitos de terrorismo y asalto a mano armada. Como casi todos provienen de grupos por el estilo, según ellos “los delitos cometidos en el nombre de la revolución no son delitos”. Salvando las distancias, precisamente eso es lo que hicieron en mi país, conformaron un partido político a partir de un grupo peligroso de “revolucionarios” y cocaleros.

Por otro lado, las peligrosas relaciones que el gobierno ha entablado con países como Irán, Libia y Siria, no son casuales. Basta recordar que en el año 2007 Hugo Chávez Frías dio una entrevista al periódico “Le Figaro” de Francia donde afirmaba que Venezuela y Bolivia proveerían de uranio a la República de Irán y fue a partir de allí que Bolivia entabló conversaciones con dicho país. Suscribieron entonces varios “acuerdos comerciales” tales como la instalación de unas supuestas lecherías. Lo cierto es que entre lo poco que se concretó estuvo la construcción de un hospital en El Alto (La Paz) donde se impuso a las enfermeras que utilicen velo; se permitió la instalación de la Embajada de Irán, cerrando previamente la Embajada de Israel y la de los Estados Unidos. Se informó además que se había mandando a construir el aeropuerto “más grande de Bolivia” en Chimoré, Departamento de Cochabamba. Esa cooperación iraní desde luego es otro tema tabú ya que al respecto tampoco se brinda ningún tipo de informes.

En mi opinión, ante las relaciones crecientes de Bolivia con países como Irán, severamente cuestionados por la violación de los Derechos Humanos de su pueblo y los tratados de no proliferación de armas nucleares, los organismos multilaterales deberían presionar a nuestro gobierno para obtener informes reales, objetivos y oportunos que permitan impedir la consolidación de un poderoso eje latinoamericano del terror.

DS – Muchas gracias y que tenga una buena tarde

* Dayi Sedano es internacionalista y Directora de Programas de HACER en Colombia.