Hace unos días leí, en la página electrónica de El Economista, lo siguiente: “A partir del sábado, (la) SHCP aplicará el sexto aumento (al precio de) las gasolinas”, refiriéndose al gasolinazo, por cuya obra y gracia, a partir del pasado sábado, el precio de la Magna pasó de 10.18 a 10.27 pesos por litro, y el de la Premium de 10.84 a 10.89, todo con el fin de reducir el subsidio que mantiene artificialmente bajos los precios de los combustibles, con las consecuencias que ello ocasiona, desde el despilfarro en el consumo de gasolinas (dado que se paga menos de lo que debería pagarse), hasta la inhibición del desarrollo de energías alternativas (dada la competencia desleal que generan los subsidios).

Pero no es de los subsidios de lo que quiero escribir hoy (tema que traté hace poco: http://www.asuntoscapitales.com/articulo.asp?ida=6295), sino de lo que implica el hecho de que sea la SHCP la que aplique aumentos en los precios de las gasolinas, lo cual equivale a que la dependencia hacendaria fijase, por poner un ejemplo, los precios de las tortas, lo cual estaría fuera de lugar, ya que quienes deben fijar los precios de las tortas son los torteros, y nadie más, de la misma manera que los precios de los tacos los deben fijar los taqueros, y los de los tamales los tamaleros, etc., etc., etc., y en ningún caso la SHCP, ¿o no?

Llegados a este punto no faltará el lector que argumente que entre las gasolinas, por un lado, y las tortas, los tacos y los tamales, por el otro, hay una gran diferencia, lo cual, por las razones obvias, es cierto, pero sin que tales diferencias justifiquen que en el caso de las gasolinas sea la SHCP la que fije los precios. Entonces, si no es la SHCP la que debe fijar los precios de las gasolinas, ¿quién debe hacerlo? La única respuesta sensata es PEMEX, empresa paraestatal que, además de todos los inconvenientes propios de los monopolios gubernamentales, tiene que sujetarse, no pocas veces, a lo dispuesto por la Secretaría de Energía y a las disposiciones de la Secretaría de Hacienda, condiciones que ambas secretarías imponen por considerar que se trata de lo políticamente correcto (tal y como es el caso de los subsidios), lo cual por lo general es contrario a lo económicamente eficaz (tal y como es el caso de los subsidios), sin olvidar que cuando de la oferta de algún bien o servicio se trata lo que debe buscarse es lo económicamente eficaz y no lo políticamente correcto.

Toda empresa gubernamental debe manejarse con criterios de eficacia económica, lo cual supone, en el caso de PEMEX, desde la desaparición de la Secretaria de Energía, hasta la eliminación de la fijación de precios por parte de la SHCP, empresas gubernamentales que debe estar sujetas al laissez-faire, sobre todo en materia de precios, que deben alcanzar para cubrir el costo de producción. Cualquier otra cosa es economía ficción, que es más lo segundo que lo primero.