En el pasado, la política económica para incentivar el crecimiento en nuestro país se basaba en el activismo fiscal de un gasto público creciente, financiado con deuda también creciente y validada con expansión monetaria. Esta situación llevó a largos y dolorosos periodos de crisis.

En la actualidad, en México se lleva a cabo una política económica basada en la aplicación de un principio de presupuesto público equilibrado a lo largo de varios periodos y una política monetaria con claros y creíbles objetivos de control inflacionarios.

Esto ha permitido a nuestro país diferenciarse de las economías avanzadas en problemas y de otras economías emergentes en la manera de afrontar y atenuar el impacto negativo de los choques externos, sobre todo si se tiene en cuenta que no hay ninguna experiencia en el mundo de algún país que haya tenido un desarrollo sostenible y sustentable por largos periodos de tiempo que no tenga como fundamento finanzas públicas sanas y congruentes.

En este sentido, México cuenta con finanzas públicas sanas, garantizando la sostenibilidad de las mismas y apegándose a los más estrictos criterios de disciplina y responsabilidad para dar certidumbre a la recuperación de la economía. Asimismo, se cuenta con una razón de deuda pública a PIB moderada y estable (nivel que se compara favorablemente al de otras naciones con un grado de desarrollo económico superior), y el manejo adecuado de la deuda ha generado un mejor perfil de la misma, en términos de plazos y tasas.

Por otra parte, y como producto de la expansión monetaria a la que fue sujeta la economía mexicana en el pasado, prolongados períodos de brotes inflacionarios terminaron por afectar severamente el bienestar de la población y frenaron las posibilidades de un mayor desarrollo económico. La inestabilidad de precios era tal que la gente se deshacía del dinero lo más rápido posible, antes de otro aumento de precios. En un ambiente así, donde los precios no reflejaban la disponibilidad y la valoración de los bienes, tuvimos que dejar de esperar el crédito para nuestra vivienda, para nuestro auto, para nuestra educación. En pocas palabras, tuvimos que olvidarnos del futuro.

Esto es particularmente importante si se entiende que la inflación evita que las personas y las empresas decidan de forma adecuada ya que distorsiona sus decisiones de inversión, de consumo y de producción; es decir, amas de casa, trabajadores y empresarios no pueden planear correctamente sus gastos, sus ahorros, ni sus inversiones; además de que la inflación afecta más gravemente a quienes menos tienen, es decir, a quienes sólo perciben ingresos fijos y periódicos, como son los asalariados y los pensionados, y no tienen otros activos o bienes que les permitan aminorar o disminuir los efectos empobrecedores de la inflación.

En este sentido, en cuanto a los avances que en materia de inflación se han alcanzado en la actualidad en nuestro país, éstos se han dado en el contexto de un fortalecimiento en el marco de conducción de la política macroeconómica y, en general, en un entorno de mejoría de los fundamentos económicos de nuestro país.

Así, el régimen monetario actual, apoyado por una política fiscal prudente, ha permitido una reducción importante tanto de los niveles de inflación, como de su volatilidad y persistencia, anclando las expectativas de inflación y auxiliando de forma decisiva para avanzar en la convergencia hacia la meta de inflación del 3 por ciento anual.

Los resultados son claros: en épocas de expansión monetaria en la que el banco central tenía por obligación que financiar el excesivo gasto del gobierno (y que por lo general dicha oferta monetaria no se encontraba respaldada por una producción equivalente de bienes y servicios), nuestro país alcanzó niveles hiperinflacionarios preocupantes que culminaron en crisis económicas muy profundas. Destaca la época de los años 80s, con inflaciones mensuales anualizadas de más del 170% que terminaron con un crecimiento promedio del 86.2% para dicho periodo. Hoy en día, la situación es diferente, ya durante la última década, la inflación anual reportó un crecimiento promedio no mayor al 5%.

Aunado a lo anterior, el fortalecimiento de la regulación y de la supervisión financiera han preservado a nuestro país de episodios de crisis bancarias y de riesgos de insolvencia en el sistema financiero, manteniéndose notablemente sano tanto en capitalización como en solvencia y liquidez.

En resumen, México destaca por la fortaleza de sus fundamentos económicos lo cual le ha permitido diferenciarse de las economías avanzadas en problemas y de otras economías emergentes. Nuestra economía goza de finanzas públicas sanas y de una inflación baja convergiendo a la meta del 3 por ciento anual. Además, a diferencia de otras épocas, hoy la economía nacional muestra un equilibrio en sus cuentas externas, basado en un ingreso de capitales en buena medida de mediano plazo y con un régimen de tipo de cambio flexible que funciona como estabilizador automático ante perturbaciones externas. Asimismo, el sistema financiero mexicano está integrado por intermediarios bien capitalizados, con reservas y liquidez adecuadas, así como de mercados financieros desarrollados y profundos en comparación con otras economías emergentes.

Estos elementos han contribuido a mejorar la confianza en la economía nacional, permitiendo que México camine hacia una transición ordenada y sin sobresaltos, tal y como ocurría en el pasado, continuando con el camino de prudencia y de responsabilidad que hasta la fecha se tiene.

Finalmente, y ante un entorno externo particularmente adverso, es importante reiterar la relevancia de preservar la fortaleza del marco macroeconómico y fortalecer las fuentes internas del crecimiento. En este sentido, un entorno macroeconómico estable es una condición necesaria mas no suficiente para garantizar el crecimiento económico sostenido y acelerado. Para lograr dicho crecimiento, es fundamental avanzar adicionalmente en la implementación de reformas estructurales encaminadas a aumentar la productividad y competitividad de la economía.