El gobierno es un mal necesario. Necesario por los bienes que provee: seguridad contra la delincuencia y, de fallar, impartición de justicia, lo mínimo necesario para la convivencia civilizada. Mal por la manera que tiene de financiar la realización de esas dos tareas: cobrando impuestos, es decir, obligando al contribuyente a entregarle al recaudador parte del producto de su trabajo, lo cual, si aceptamos sin reservas que todo ser humano tiene el derecho al producto íntegro de su trabajo -afirmación que la mayoría de la gente acepta- plantea, de entrada, la siguiente pregunta: ¿cómo justificar el cobro de impuestos? La única respuesta sensata es: porque con esos recursos el gobierno garantiza, hasta donde resulta posible, la seguridad contra la delincuencia y, de fallar, imparte, también hasta donde resulta posible, justicia, las dos tareas esenciales del gobierno, entendiendo por tales aquellas a las que ningún gobierno puede renunciar sin dejar de serlo.

Las tareas esenciales del gobierno, las únicas cuya honesta y eficaz realización justifican la arbitrariedad de que el recaudador obligue al contribuyente a entregarle parte del producto de su trabajo, son garantizar la seguridad contra la delincuencia, es decir, contra los delitos que atentan contra la vida, la libertad y la propiedad de las personas y, de no ser capaz de garantizar tal seguridad, entonces impartir justicia en sus dos vertientes: castigar al delincuente y resarcir a la víctima.

Podemos discutir si al gobierno también le corresponde, de manera legítima, ser desde el petrolero de la nación hasta el educador de la gente, discusión que dejaré para otra ocasión, pero lo que no se puede discutir, al menos que uno sea anarquista, es que las dos tareas irrenunciables de todo gobierno son las ya citadas: garantizar la seguridad contra la delincuencia y, de fallar, impartir justicia, de tal manera que el gobierno que deja de realizarlas deja de ser gobierno, pudiendo ser desde el educador de la gente hasta el petrolero de la nación, pero no gobierno.

Si aceptamos lo dicho -las dos tareas esenciales del gobierno son garantizar la seguridad contra la delincuencia e impartir justicia-, entonces caemos en la cuenta de lo absurdo que han sido todas las críticas a la llamada “guerra” de Calderón, guerra que escribo entrecomillas dando a entender que, estrictamente hablando, no ha sido una guerra, al menos no en el sentido tradicional del término, sino la realización de la tarea esencial del gobierno: el combate en contra del crimen.

Recriminarle al gobierno que combata al crimen es tanto como recriminarle al filósofo que piense, al escritor que escriba, al músico que componga, al nadador que nade, y el largo etcétera que a cualquiera se le puede ocurrir. Recriminarle al gobierno que combata al crimen es reprocharle al gobernante que haga la única tarea que legítimamente le corresponde; es reprenderle por llevar a cabo la única faena que justifica que cometa la arbitrariedad de exigirle al gobernado, por medio del cobro de impuestos, la entrega de parte del producto de su trabajo; es no haber entendido para qué se necesita realmente un gobierno, es no haber comprendido cuál es su verdadero cometido, tal y como no lo han hecho quienes critican y reprueban la “guerra” de Calderón.

La tarea esencial del gobierno (y la esencia es aquello que hace que una realidad sea esa realidad y no otra distinta) es combatir al crimen, es decir, combatir la violación de los derechos naturales de la persona a la vida, a la libertad individual y a la propiedad privada, combate que comienza por la prohibición de esas violaciones: no matarás, no esclavizarás[1] y no robarás, tarea esencial cuya omisión da como resultado la desaparición del gobierno, pudiendo quedar todo un conjunto de burócratas dedicados a tareas tan dispares como lo son, desde la extracción de petróleo (tarea propia de petroleros, pero no de gobernantes, por más que el gobierno pueda hacer las veces de petrolero) hasta la educación de la gente (tarea propia de profesores, más no de gobernantes, por más que el gobierno pueda hacerla de maestro), ninguna de las cuales es la tarea esencial del gobierno.

La tarea esencial del gobierno es combatir al crimen, por lo que resulta equivocado criticar y reprobar al gobierno cuando lo hace, debiendo tener claro que, en ese combate, desafortunadamente, pueden pagar, como de hecho lo hacen, justos por pecadores, momento de preguntar si ese pago injusto es razón suficiente para que el gobierno desista de sus tarea esencial. ¿Lo es? No.

La tarea esencial del gobierno es combatir al crimen, fin que no se puede poner en entredicho, entredicho que debe aplicarse, en todo caso, a los medios utilizados para el logro de aquel fin, pero, ¡insisto!, no al fin mismo. No soy experto en el tema y no sé si los medios del combate del gobierno de Calderón contra el crimen han sido los más eficaces. No lo sé, pero lo que sí sé, no necesitándose ser un genio para saberlo, es que la tarea esencial -e insisto en el término: esencial- del gobierno es garantizar la seguridad contra la delincuencia y, de fallar en la tarea, impartir justicia, de tal manera que esa “guerra”, la del combate contra el crimen, que en estos últimos seis años ha llevado a cabo, ¡cumpliendo con su deber!, el gobierno de Calderón, la deberá de continuar, a partir de 1 de diciembre próximo, el nuevo presidente (así, con minúsculas, para no crear tentaciones ni caer en ellas) de la República, debiendo reconocer que esa es su tarea esencial, pudiendo variar el cómo, pero sin abandonar el qué.

La tarea esencial del gobierno es combatir al crimen, y crimen es cualquier acción que viole los derechos de las personas, es decir, cualquier conducta que, realizada voluntariamente, dañe, en su vida, su libertad o sus propiedades, a los demás, momento de preguntar si la producción, el comercio y el consumo de drogas son, por su propia naturaleza, actividades delictivas que, como tales, deba combatir el gobierno. ¿Lo son? No, claro que no. No confundamos crímenes con vicios, y no olvidemos que una de las mayores amenazas contra la libertad individual y la propiedad privada la tenemos en los gobiernos que inventan crímenes, es decir, que definen como delictivas actividades que, por su propia naturaleza, no lo son, tal y como es el caso de la producción, comercio y consumo de drogas, actividades moralmente cuestionables, pero no delictivas por su propia naturaleza.

La falta del gobierno de Calderón no está en el combate al crimen, en la lucha contra la delincuencia, sino en no haber sido, por lo menos en el discurso, más claro con relación al tema de la prohibición, misma que, cuando de prohibir la producción, comercio y consumo de drogas se trata, no deja de ser, ¡por más nobles que sean la intenciones!, un abuso del ejercicio del poder gubernamental, con las consecuencias que todos conocemos y mucho padecen: la dimensión delictiva del narcotráfico, consecuencia, no de la producción, comercio y consumo de drogas, sino de su prohibición.

La tarea del gobierno es combatir el crimen, no el vicio, y mucho menos definir como delictivas conductas que no pasan de ser viciosas. El próximo gobierno, ¿tienen clara esta distinción? Y de tenerla, ¿actuará en consecuencia?