No me consta que durante la campaña electoral se haya dado, ni la compra de votos, ni la coacción sobre votantes, al menos no en el sentido normal que se le da esos términos, y que, a lo más, empañan una elección. No sé de alguien –pariente, amigo, conocido– al que se le haya coaccionado para votar de una u otra manera, como tampoco sé de alguien al que se le haya comprado el voto, todo ello, insisto, en el sentido normal que se le da a esos términos. Lo anterior no quiere decir que no se haya dado, durante la campaña electoral, ni la compra de votos, ni la coacción sobre votantes (otro asunto es en qué magnitud se dio y qué tanto empañó la elección). Lo anterior quiere decir, nada más, lo dicho: nada de ello me consta, sobre todo cuando por ello se entiende lo que normalmente se entiende.

Tampoco me consta que se haya hecho, durante la elección, algún fraude (que no hay que confundir con irregularidades), mucho menos uno de tal magnitud que, en contra de lo realmente votado por el electorado, le haya dado el triunfo, por una diferencia mayor a los seis puntos porcentuales, equivalentes a más de tres millones de votos, a Peña Nieto sobre López Obrador. No sé de alguien –conocido, amigo, pariente– que haya sido testigo de alguna conducta fraudulenta, conductas fraudulentas que, para conseguir ese margen de ventaja de Peña a favor de López, debieron de haber sido… ¿cuántas? ¿Miles? ¿Decenas de miles? ¿Cientos de miles? ¿Millones?

No me consta que durante la elección no se haya hecho fraude, mismo que, o se hizo a la hora del conteo original -casilla por casilla, voto por voto-, lo cual supone la deshonestidad de muchos de los ciudadanos que llevaron a cabo los conteos, siempre bajo la mirada vigilante de los representantes de los partidos políticos y de los observadores, tanto nacionales como extranjeros, o, segunda posibilidad para la realización del fraude, éste se llevó a cabo de manera cibernética, momento de no olvidar que la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional avalaron la confiablidad del Programa de Resultados Preliminares, el PREP, con el que se contaron y publicaron los resultados. Por aquello de las dudas, tal y como lo establece la ley, se realizó el cómputo en los 300 distritos del país y, ¿realmente es sorpresa?, los tres conjuntos de cifras –conteos rápidos, PREP y cómputos distritales– cuadran. Conteos rápidos: EPN, entre 37.93 y 38.55 por ciento; AMLO, entre 30.90 y 31.86 por ciento. PREP: EPN, 38.15 por ciento; AMLO, 31.64 por ciento. Cómputos distritales: EPN, 38.21 por ciento; AMLO, 31.59 por ciento. No me consta que durante la elección no se haya hecho fraude, pero creo, más allá de cualquier duda razonable, que no se hizo.

Dicho lo anterior manifiesto, uno, que intentaron comprar mi voto y, dos, que sobre mí se ejerció coacción, sobre todo si por esos términos –compra de votos y coacción sobre votantes– entendemos algo distinto de lo que normalmente se entiende. Mi caso no fue el único, sino uno entre muchos otros, ¡los 79.4 millones de electores potenciales!, a quienes los cuatro candidatos intentaron comprarles su voto y coaccionarlos para que no votaran por el contrincante. Es más: para eso, para comprar el voto de los electores y para coaccionarlos, son las campañas electorales, ¡y vaya que dan resultado!, y yo soy una buena muestra de ello, debiendo confesar, en primer lugar, que vendí mi voto a cambio de algunas de las promesas de Vázquez Mota y, en segundo término, que cada uno de los cuatro candidatos me coaccionó,  a veces con argumentos, otras con meras ocurrencias, para que no votara por sus contrincantes y, por lo tanto, para que votara por ellos, todo lo cual es propio de la democracia electoral que, en más de un sentido, se convierte en mercado electorero.

En el mercado electorero se llevan a cabo dos tipos de transacciones: las legales, permitidas por la ley, y las prohibidas por la misma, consideradas ilegales. Legal es vender el voto a cambio de las promesas de un candidato, ilegal es hacerlo a cambio de una torta y un refresco, compra ilegal de votos que, aunque no me conste un solo caso de ello, sin duda alguna tuvo lugar, y no sólo de parte de un partido, el PRI, sino de todos. El PRD, en general, y López Obrador, en lo particular, ¿están libres de ese pecado como para poder tirar, con autoridad moral, la primera piedra en contra de la compra - venta ilegal de votos?

Llegados a este punto hay que distinguir entre la compra de votos y la coacción sobre los votantes, todo lo cual sucede a lo largo de la campaña electoral, y por lo tanto antes de la elección, y el fraude electoral, que sólo puede tener lugar después de la elección, y tenerlo, o a la hora del conteo de los votos en las casillas, o a la hora de transmitir y recibir esos datos al y en el PREP. La compra de votos y la coacción sobre los votantes lo que hace, a lo más, es enturbiar la elección. Pero si, por las razones que hayan sido –porque el votante vendió su voto a cambio de un refresco y una torta, o a cambio de las promesas del candidato que lo convenció–, los electores votaron de una manera, y esa manera de votar se contó correctamente, quedó fielmente asentada en actas, y los datos así obtenidos se transmitieron adecuadamente al PREP y fueron recibidos correctamente en el PREP, ¿podemos decir que hubo fraude en la elección? Pudo haber habido, como de hecho las hubo, ¡y de parte de todos los partidos!, trampas a lo largo del proceso electoral, que fueron desde la compra ilegal de votos hasta la coacción ilícita sobre los votantes, momento de preguntar si tales trampas deben ser consideradas causas suficientes para anular la elección. La repuesta depende, de entrada, de la contestación a las siguientes preguntas: 1) ¿qué debe considerarse una compra ilegal del voto (¿no la entrega, por asistir a un mitin, de camiseta y cachucha, pero sí la entrega, a cambio de la promesa de votar por X, de sacos de cemento y varillas?)?; 2) ¿cuántas de esas trampas se pueden probar más allá de cualquier duda razonable?; 3) ¿cuántas de esas trampas se necesitan para que el resultado de la votación resulte distinto del que hubiera sido si no hubieran tenido lugar?, todo lo anterior sin pasar por alto lo siguiente: quien en su momento aceptó una torta y un refresco a cambio de votar por el candidato X, a la hora de votar, ¿realmente lo hizo por X? López Obrador les dio la receta a sus seguidores: “Si les ofrecen dinero acéptenlo, pero voten por mí”.

Si analizamos cuáles son las causales de nulidad de la elección presidencial en México no aparecen, ni la compra de votos, ni la coacción sobre votantes[1], y no lo hacen, lo imagino, por la dificultad de poder probarlo más allá de cualquier duda razonable. Así las cosas, ¿qué supone la solicitud, que hará el PRD el próximo 12 de julio ante el máximo tribunal electoral, para que se anule la elección? ¿Mandar al diablo las instituciones?