Uno de los principios básicos en la teoría del desarrollo económico es que para que un país se encuentre en una senda sostenida de crecimiento económico es que los derechos privados de propiedad estén eficientemente definidos en el marco legal y eficientemente protegidos por un poder judicial independiente e imparcial, un arreglo que es parte de lo que puede denominarse un íntegro estado de derecho. Los derechos privados de propiedad engloban cuatro conceptos básicos.

Primero, el derecho a la posesión de bienes. Todo individuo tiene que ser dueño de sí mismo; el derecho a la vida misma es inalienable. De ahí se desprende que cada agente económico tiene el derecho a poseer bienes como una extensión natural de la vida misma, sea por el principio de “primera ocupación” o mediante la adquisición a través de transacciones enteramente voluntarias.

Segundo, el derecho a la libertad de uso. Todo individuo poseedor de bienes, tiene el derecho de utilizarlos, incluido su propio cuerpo, de acuerdo a sus intereses y objetivos en un proceso racional en búsqueda de la maximización del bienestar individual y de su unidad familiar cercana. Esta libertad está acotada, ya que en el ejercicio de la misma no se puede atentar en contra de los derechos de terceros. O como se dice, “la libertad para utilizar mi cuchillo termina en donde empieza tu espalda”.

Tercero, la libertad de transferencia. Todo individuo tiene la libertad de entrar en transacciones enteramente voluntarias que impliquen la transferencia de la propiedad de un recurso o un bien. Siendo estas transacciones voluntarias, ambas partes esperan ganar y excluye, por lo mismo, la existencia de prácticas monopólicas.

Finalmente, el cuarto es que los tres derechos arriba enunciados tienen que ser protegidos por un poder judicial que sea independiente, imparcial, eficiente y expedito. Es papel de este poder garantizar las libertades individuales y la propiedad privada.

¿Cómo estamos en México al respecto? La respuesta es que bastante mal. De acuerdo al recientemente publicado Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2012, en una escala de 1 a 10, México tiene una calificación de 5, ocupando el lugar 76 de 130 países evaluados, muy por debajo de nuestros socios del TLCAN (Canadá y Estados Unidos en la octava y decimoctava posición, respectivamente) y también por debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Brasil y Colombia en la región latinoamericana.

Por subíndices tenemos lo siguiente: ambiente legal y político, 4.1 (90/ 130); independencia judicial, 3.1 (122/30); estado de derecho, 4.2 (78/130); corrupción, 3.5 (83/130); derechos sobre la propiedad física, 5.8 (76/130); protección de la propiedad física, 4.7 (108/130); registro público de la propiedad, 4.7 (30/130); definición legal de los derechos de propiedad intelectual, 5.1 (65/130); protección de los derechos de propiedad intelectual, 3.9 (99/130); protección de patentes, 1 (103/130).

Y para complementar, si nos vamos al índice de Libertad Económica elaborado por el Instituto Fraser, tenemos lo siguiente, también en una escala de 1 a 10: independencia judicial, 3.7; imparcialidad judicial, 3.7; integridad del sistema judicial, 3.3;  protección de los derechos privados de propiedad, 4.9; garantía judicial del cumplimiento de los contratos, 5.4.

No sorprende, en consecuencia, el mediocre desempeño de la economía mexicana y el que, a pesar del potencial, estemos situados en el lugar 57 en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Lo que sí sorprende es que a ninguno de los candidatos a la Presidencia este tema les haya parecido mínimamente relevante; nunca se mencionó. Grave, muy grave!