En las semanas que faltan para que el Tribunal Electoral declare que la elección presidencial del 1º de julio pasado fue tan válida como el resto de las elecciones para diputados y senadores federales y para los gobiernos en varios estados, hay algunas labores que pienso son las más importantes para Enrique Peña Nieto y su equipo.

En primer término quienes están encargados de defender la elección de las continuas descalificaciones de López y sus secuaces y propagandistas, deben hacerlo con mayor celeridad y vigor, partiendo de la premisa de que todas las acusaciones que le enderezan al PRI se sustentan sin la menor duda en lo que ellos mismos sí hicieron.

Es indispensable defender no sólo el resultado de la elección sino el prestigio del proceso electoral enfatizando el papel protagónico que jugó en él la ciudadanía y subrayando que la evidencia de irregularidades es menor respecto a la gigantesca escala de la elección, y que de ninguna manera son atribuibles en exclusiva al PRI.

El equipo que coordina Jesús Murillo Karam ya empezó a reaccionar con eficacia a los ataques cada vez más delirantes de López, pero es necesario hacerlo con mayor vigor no solo por las vía judicial ante acusaciones como la de que EPN financió con dinero ilícito su campaña, sino también en los medios de comunicación pues se trata de neutralizar y revertir los daños que insiste en causarle al proceso electoral.

La caracterización que hizo la campaña de Felipe Calderón de López como un peligro para México fue lo que le ganó la elección en 2006. Ahora es necesario atajar todos sus irresponsables ataques elevando el costo de hacerlos, que hasta ahora ha sido inexistente, y diseñando campañas para informar a la opinión pública que lo pinten como lo que es: el enemigo de instituciones cruciales para los mexicanos.

Al mismo tiempo el equipo de Peña Nieto encargado de diseñar las políticas públicas del próximo gobierno haría bien en hacer un análisis a fondo del enorme y torpe aparato administrativo federal y del enjambre de entidades, muchas de ellas inútiles, redundantes y que no cumplen ni de lejos la misión para la que fueron creadas. El objeto debe ser reinventar la gestión pública federal pues es claro que no funciona.

Recuerdo una conversación que tuve en los inicios de la administración de Vicente Fox con Diódoro Carrasco, el último secretario de Gobernación priísta, en la que me contó la forma en que el nuevo gobierno había desmoronado el sistema de seguridad nacional que existía entonces, y pronosticó que en su ausencia se dispararía la criminalidad y la violencia, como ha ocurrido puntualmente para horror de todos.

Es necesario crear un aparato administrativo mucho más eficaz que genere los incentivos apropiados para que se hagan bien las cosas, exactamente lo opuesto a lo que ocurre hoy, por ejemplo, con la Secretaría de la Función Pública (SFP) que dice tener como misión “consolidar un gobierno honesto, transparente y eficiente.”

Lo que ha conseguido la SFP es consolidar el pánico en los funcionarios públicos que no están dispuestos a tomar ninguna decisión de las que les corresponden en el desempeño de sus funciones por el temor de ser sancionados por los agentes de la SFP, lo que provoca la parálisis de la gestión pública con costos inimaginables.

¿Cuántos verdaderos burócratas corruptos ha sancionado la SFP? ¿Dónde están los famosos “peces gordos” que prometió capturar el pésimo Francisco Barrio, secretario de la SFP de Fox? Es claro que se trata de un arreglo institucional perverso que no consigue sus propósitos y que genera muchas consecuencias indeseables.

El próximo gobierno tiene la gran oportunidad de reinventar la gestión pública para generar los incentivos correctos tanto entre los funcionarios públicos como en la sociedad. Se trata de crear un diseño institucional radicalmente distinto que promueva la eficacia y la honestidad en el gobierno.

Un buen ejemplo de éxito en el rediseño institucional del gobierno fue la apertura comercial del país iniciada en los años ochenta del siglo pasado. Cuando la economía estaba cerrada a piedra y lodo al comercio internacional, se podía importar virtualmente cualquier cosa mediante la “mordida” apropiada al burócrata correcto.

Con la apertura y la competencia en el comercio externo, se eliminó de cuajo la corrupción en ese ámbito pues de pronto cambiaron los incentivos que enfrentaban los importadores y se eliminaron los que promovían la corrupción. Tenemos que replicar este triunfo en toda la administración pública a sus distintos niveles.