En mis últimas colaboraciones en este espacio he analizado, con la ley en la mano (la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Penal Federal y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral), si existe la posibilidad, conforme a esa reglas del juego, y por lo tanto legal, de anular la elección presidencial considerando como causa para ello, tal y como lo hace AMLO y el llamado Movimiento Progresista, la compra de votos, que según él resultó considerable, es decir, de cinco millones. Las reglas del juego son claras al respecto: la compra de votos no es causal para la anulación de la elección presidencial, y con esas reglas del juego, aceptadas por todos, incluido AMLO, se jugaron las pasadas elecciones. Si se considera que dichas reglas resultan injustas, dados ciertos principios que deberían respetarse y no se respetan, y/o ineficaces, en función de ciertos fines que deben perseguirse, y no se persiguen, entonces, cara a las próximas elecciones, que se cambien. Pero la elección pasada tiene que acabar de jugarse (y el juego terminará cuando el TEPFJ[1] declare la validez o invalidez de los comicios a más tardar el 6 de septiembre) con las misma reglas con la que se inició el juego, siendo el respeto a este principio –Con las reglas con las que se empieza se termina– uno de los elementos fundamentales del Estado de Derecho, que entre cosas debe proporcionar seguridad, y eso, seguridad, es lo que proporciona el respeto al mentado principio, sabiendo que, independientemente de lo que demanden los amantes del Estado de chueco, los jueces respetarán, ¡y harán respetar!, las reglas con las que se jugó.

Sin embargo hay quienes, con el fin de hacer valer lo que establece el artículo 41 constitucional, en el sentido de que las elecciones deben ser “auténticas” y “libres”, y considerando que la compra de votos, entre otras irregularidades, impide que así sean, han propuesto, como causa para la anulación de la elección presidencial, lo que llaman “causal abstracta de nulidad” que, desde el punto de vista de lo que es el verdadero Estado de Derecho -el gobierno de las leyes justas- y de uno de los fines que el mismo debe lograr -la seguridad jurídica- resulta, por decir lo menos, inconveniente, por una razón muy sencilla: abre las puertas a la discrecionalidad, misma que genera, entre otros trastornos, inseguridad.

¿Qué supone la causal abstracta de nulidad de una elección? Que el juez electoral (por ejemplo: el TEPJF) puede anular comicios por violación de los principios constitucionales de autenticidad y libertad que deben regir toda elección, aunque la causa de dicha violación (por ejemplo: la compra de votos) no se considere como causal de nulidad en las leyes secundarias (por ejemplo: Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral), de tal manera que, en tal caso, los seres humanos ya no estaríamos gobernados por leyes (las secundarias en la materia), sino por hombres (el juez en cuestión), lo cual resulta en más de un inconveniente, comenzando por la discrecionalidad que ello supone.

Puede argumentarse que me equivoco al afirmar que en tal caso los seres humanos ya no estaríamos gobernados por leyes sino por hombres, ya que en tales casos lo que se pretende es hacer valer la Constitución, que es la ley de leyes, razón por la cual está por arriba de todas las demás, de tal manera que, si en la práctica se violó el principio constitucional de autenticidad y libertad que debe regir toda elección, y si se violó por la compra de votos, entonces, aunque la ley secundaria no contemple a dicha compra como causal para la anulación, el juez debe, por respeto a la Constitución, anular la elección, lo cual dependerá, al final de cuentas, de la decisión discrecional del juez, y no de la seguridad que brinda la regla escrita, sin pasar por alto el tema de qué debe entenderse por elecciones auténticas y libres. Si yo, por así convenir a mis intereses, vendo mi voto, y voto por aquel candidato que me lo pagó, ¿actué libremente? Si a la hora de contar los votos, los vendidos y los no vendidos, la cuenta se hace correctamente, ¿la elección fue auténtica? Y la pregunta más interesante de todas: quien vende su voto, ¿tiene derecho a que se respete su voto?

Más allá de las tres preguntas anteriores que son, llamémoslas así, teóricas, está la cuestión práctica de probar, más allá de cualquier duda razonable (condición necesaria, ¿o no?, para aplicar la causalidad abstracta de nulidad), la compra de votos, algo que no resulta fácil, de entrada por las exigencias que, con relación al procedimiento a seguir, impone del Derecho Procesal, y de las cuales nos da una idea Elías Romero Apis, quien afirma que 1) hay que contar con las declaraciones de los  cinco millones de mexicanos que, según AMLO, fueron comprados; 2) todo esto no serviría de nada si el elector comprado no puede identificar su voto y esto es imposible porque la boleta es innominada; 3) dado que el voto es por disposición constitucional secreto, se trataría de una prueba ilegal; 4) si voluntariamente el elector declarara, ninguna autoridad podría tomar ni registro, ni archivo, ni expediente de lo que dijo el elector sobre su voto, ya que se trata de una prueba ilícita y por ello nula de origen; 5) además de estas imposibilidades fácticas y jurídicas, no está clara la potestad jurisdiccional de anulación por las razones aducidas, que es, precisamente, en lo que yo he insistido una y otra vez.

Para aplicar la causal abstracta de nulidad se debería cumplir con lo dicho por Romero Apis, cumplimiento que supondría contar con cinco millones de pruebas de la compra de cinco millones de votos, lo cual “formaría el expediente más grande de la historia mexicana”, ya que supondría “integrar como veinte millones de fojas”, que “a una institución tan grande como la PGR le ocuparía como diez años, tan solo dedicada a ello”, mientras que “a una tan pequeña como el TRIFE le ocuparía como mil años”.

El hecho es que los seres humanos debemos estar gobernados por leyes, no por hombres, y la causal abstracta de nulidad supone lo contrario: el gobierno de los hombres sobre el de las leyes, lo cual elimina la seguridad que la regla escrita brinda y la sustituye por la discrecionalidad del que juzga, no conforme a lo que dice la ley, sino de acuerdo a lo que él cree que debe ser, lo cual resulta, por decir lo menos inconveniente y, por decir lo más, peligroso. No se trata de creer que debe hacerse esto o lo otro,  sino de saber, de acuerdo a las reglas escritas, qué se puede hacer. Si las reglas del juego son injustas o ineficaces entonces que se cambien con miras a las próximos juegos, que es lo que demanda el respeto al principio que afirma que con las reglas con las que se empieza se termina, principio que es uno de los elementos fundamentales del Estado de Derecho, que entre cosas debe proporcionar seguridad, que es lo que proporciona el respeto al mentado principio. Y, sin embargo, AMLO y los suyos insisten en violar el Estado de Derecho.