Sigo con la historia que inicié la semana pasada sobre cómo un arreglo institucional perverso en el ámbito del crédito hipotecario en los Estados Unidos gestó una terrible burbuja en los precios de los bienes raíces que eventualmente condujo al colapso financiero iniciado en 2007 y cuya superación no parece inminente.

Empiezo por ofrecer disculpas a mis estimados lectores, varios de los cuales se quejaron de que no hubiera yo mencionado los nombres de los autores del libro Reckless Endangerment. Se trata de Gretchen Morgenson, reportera y columnista del New York Times y Joshua Rosner, analista financiero independiente.

Su relato cubre dos décadas de “innovaciones” en el mercado de créditos hipotecarios durante las cuales los mínimos criterios prudenciales que lo habían caracterizado desde tiempos inmemoriales se echaron por la borda cuando fue posible que los bancos que otorgaban las hipotecas pudieran venderlas a terceros.

Esta desvinculación entre la institución que concedía el crédito, al empaquetarse con otras hipotecas similares y venderse a inversionistas en el mundo entero, representaba una clara disminución del riesgo para el prestamista original por lo que podía incurrir en mayores riesgos en subsecuentes créditos y, por lo tanto, cargar más elevadas tasas de interés y proceder a venderlos de nuevo.

Las matemáticas y los modelos que se desarrollaron para crear estos instrumentos financieros derivados sustentados en créditos hipotecarios, eran de tal complejidad que pocos expertos los entendían pero todo mundo confiaba en lo que se volvió el mantra de esta industria: que al compartirse el riesgo éste disminuía.

Cuando Fanny Mae se dio cuenta de la oportunidad de negocio y crecimiento que representaba el empaquetamiento y venta de derivados hipotecarios, se lanzó con entusiasmo a desarrollarlo involucrando en el camino a los grandes bancos de inversión, en particular Goldman Sachs con el que tenía una relación muy estrecha.

¿Por qué tanto interés en estos instrumentos financieros? Aquí es dónde embona la política monetaria expansiva que mantuvo por largo tiempo el Sistema de la Reserva Federal que generó tasas extraordinariamente bajas de interés, y una enorme liquidez a nivel global en constante búsqueda de nuevos instrumentos de inversión.

El otro ingrediente esencial en este esquema fue el que jugaron las agencias calificadoras de riesgo como Standard & Poor’s y Moody’s, que sustentaron la tesis de que conforme se ampliaba y diversificaba tanto el origen como la clientela de los instrumentos financieros sustentados en créditos hipotecarios, su riesgo disminuiría.

La emisión de estos instrumentos era enormemente rentable para las agencias calificadoras, mucho más de lo que ganaban evaluando bonos municipales u otros instrumentos financieros, por lo que sus incentivos estaban claramente alineados con el mayor crecimiento posible de este mercado.

Como suele suceder en mercados financieros que están en la víspera de explotar, la inercia para un cada vez más acelerado crecimiento en la emisión de instrumentos derivados se aceleró y mientras los precios seguían subiendo parecía que todo iba bien, aunque siempre hubo algunas voces que alertaron del peligro inminente.

¿Dónde estaban en todo este proceso las numerosas agencias reguladoras del gobierno con la misión de controlar estos mercados e instituciones? Con contadas excepciones, habían sido penetradas y conquistadas por las entidades a las que tenían obligación de regular, lo que se llama en economía “captura regulatoria.”

Lo más grave de esta historia de incompetencia, corrupción y ambición desenfrenada es que los responsables no acabaron en la cárcel, como merecían, sino que ni siquiera han sido objeto de censura y reprobación social. Al contrario, mantienen su status privilegiado tanto en Wall Street como en la ciudad de Washington.

¿Qué remedio discurrieron el gobierno de Barack Obama y el Congreso de EU para evitar que pudiera haber una recurrencia de crisis? Primero, echarle la culpa a la desregulación financiera de los años noventa y, a continuación, aprobar miles de páginas de legislación que pretende, ahora sí, supervisar apropiadamente al sector.

Se crea un enorme número de nuevas agencias burocráticas con la misión de regular todos los aspectos que los legisladores, liderados por el diputado Barney Frank y el senador Christopher Dodd, ambos aliados y protectores de Fanny Mae, consideraron que no fueron debidamente supervisados con la legislación anterior.

Nada impide que las nuevas agencias, que todavía tienen que encontrar su modus operandi y su interacción con las anteriores, sean también capturadas por la industria financiera como ha ocurrido sistemáticamente, y que la innovación de productos y vehículos de inversión una vez más deje atrás la habilidad de los nuevos reguladores de desempeñar un papel útil en prevenir la siguiente crisis.