La semana pasada se dio a conocer que el gobierno federal quitaría la concesión por adelantado de espacio radioeléctrico a distintas compañías de telecomunicaciones, entre ellas Multivisión (MVS). Se trata de la llamada banda de frecuencias de 2.5 GHz.

De acuerdo con los expertos, dicha banda es propicia para que México se modernice en materia de velocidad del internet en dispositivos móviles como son los llamados teléfonos celulares. El gobierno alega que en el caso de MVS, su concesión es básicamente sobre televisión y que el resto de la banda no es utilizada (subutilización de la banda), por lo que de acuerdo con la autoridad es necesario dar paso a nuevos participantes para que se amplíe el mercado y se modernice la navegación en dispositivos móviles.

Según MVS se están violando sus derechos contractuales y llama ilegítima y expropiatoria a la medida del gobierno federal. El gobierno mexicano aduce que el espacio radioeléctrico es por ley un bien público, que pertenece a la nación (¿?) y que el retiro de la concesión a MVS es legal y sólo se da sobre espacio radioeléctrico que no utiliza. Antes el gobierno trató que MVS pagara por todo el espacio lo que considera que es el precio adecuado, 27 mil millones de dólares, cantidad que por supuesto fue rechazada por MVS.

A continuación expongo una posición liberal.

El espectro radioeléctrico forma parte del espectro electromagnético y es el conjunto de ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3000 GHz y que se propagan por el espacio sin guía artificial. Más sencillo, el espectro radioeléctrico es el conjunto de ondas que están a nuestro alrededor, el espacio abierto, y que no son visibles al ojo humano, pero que pueden ser usadas como vías para las telecomunicaciones como lo son la transmisión de imágenes, de radiodifusión y de datos como el internet.

El espacio radioeléctrico no tiene por qué ser un bien en tutela de los gobiernos. De hecho, esta realidad constituye un verdadero peligro contra la libertad de expresión de los particulares. Yo gobierno decido a qué empresas y por cuantos años tendrán la titularidad de determinada frecuencia del espectro radioeléctrico. Yo gobierno decido qué contenidos pueden ser objeto de difusión por parte de los medios. Si a mí, gobierno, no me parece el contenido, o siento hostilidad de un medio hacia mi régimen, entonces puedo proceder a tres actos: retirar por adelantado la concesión (alegando causa de utilidad pública) y/o esperar al vencimiento de la concesión para “negociar” con otro particular la concesión (un particular cómodo, que no sea hostil) o de plano yo gobierno asumo el control total del espacio y no dejo que ningún medio de comunicación particular exprese críticas públicas hacia mi régimen (recordar sólo el caso cubano).

No, no exagero, así está sucediendo en Venezuela y en general en los países que se inclinan por el socialismo. Tampoco exagero si afirmo que la censura es práctica común aún en democracias como la estadounidense. Le recomiendo al lector esta página para que compruebe lo anterior, y además se dé una “empapada” sobre el tema de la privatización del espectro, las posturas liberales sobre privatización y subasta de frecuencias de Ronald Coase y Murray Rothbard, y en general argumentos sólidos sobre la necesaria privatización de todo el espacio radioeléctrico.

El gobierno argumenta que el espacio radioeléctrico es un bien escaso, y que por tanto debe ser el Estado quien tenga la tutela de todas las frecuencias. Perdón, pero si un bien es escaso, quien mejor asigna los recursos para su explotación y administración es el mercado, jamás el Estado.

Si el gobierno toma la figura de la concesión con particulares, automáticamente crea una escasez artificial del espacio radioeléctrico, así como barreras a la entrada a nuevos competidores; asimismo, los concesionarios harán todo lo posible para que ellos sigan siendo “los únicos dueños” de las frecuencias y por tanto se las ingenian con todo tipo de negociaciones con los políticos hasta incluso llegar a la “captura” de las agencias reguladoras del espacio radioeléctrico. Recordemos cómo cuando fue inventado el sistema FM de radio en EU, todos los concesionarios de AM se opusieron a que la agencia reguladora permitiera a los nuevos participantes entrar en el mercado y competir. Así las cosas, pasaron décadas para que las FM pudieran ser parte del mercado.

Ya antes lo expuse en un artículo, pero lo repito. De acuerdo con los expertos, el problema de “concesionar” el espectro acarrea los siguientes efectos negativos:

• Al ser una concesión de “utilidad pública” restringe al concesionario a utilizar esa porción de espectro para un servicio específico que no podrá cambiar (ello provoca que usualmente el espectro se subutilice, pues hay restricciones de gobierno, lo mismo que pasó con MVS).

• Son por un período de tiempo determinado, lo que puede desalentar las inversiones del concesionario al acercarse al límite temporal de la concesión.

• Son de carácter intransferible, lo que impide al concesionario someter sus derechos a transacciones comerciales con terceros (en países más avanzados que México en materia de telecomunicaciones ya no se concesiona el espectro, se subasta -en México ya habido subastas pero mal hechas y llenas de polémica- y el ganador puede a su vez comercializar el espacio con otros agentes económicos).

• Son de carácter precario, lo que produce un estado de incertidumbre en el concesionario respecto de sus derechos (en países con debilidades institucionales ó gobiernos totalitarios, el gobierno puede retirar a diestra y siniestra determinadas concesiones para con ello censurar la libertad de expresión. Véase el caso de Venezuela).

• Suelen ser onerosas las concesiones (caso de México y los totalmente prohibitivos 27 mil millones de dólares que exige Hacienda a MVS a cambio del uso total de la frecuencia) y en su precio no está claro el criterio económico, sino el político.

Lo que debe proceder es la liberación inmediata de todo el espacio radioeléctrico, finalizar con el actual modelo estatista de concesiones de las frecuencias y evitar juicios largos que sólo retrasan al país en materia de telecomunicaciones (eso pasará con el litigio que hará MVS, un problema que la administración calderonista le endosa totalmente a Peña Nieto.

Desgraciadamente en el sector telecomunicaciones, durante mucho tiempo el gobierno ha sido el único ente que ha decidido cuántas estaciones de radio y televisión tener, cuántas empresas de telefonía fija y móvil existir, de qué anchos de banda disponer, a qué tecnologías acceder; incluso, el gobierno mexicano hasta ha llegado a querer dictar los contenidos de los medios de comunicación, cuáles son los contenidos “decentes” y cuáles son los contenidos “indecentes”. No, así no funciona un mercado libre.

Se suele justificar que las telecomunicaciones son un bien estratégico al tener limitación espacial y ser escaso. Perdón, pero esa es la clásica justificación estatista. El campo dedicado a la siembra y cosecha de alimentos es también un sector estratégico, pues de ello depende la vida humana, no obstante en los países con agricultura próspera, la tierra es privada y no del “dominio público”.

Haciendo un paralelismo con otro recurso natural, de carácter limitado como lo es el territorio, los estados suelen reservar al dominio público sólo una parte pequeña de éste, como, por ejemplo, las costas, las calles, los caminos, las plazas, etc., quedando la gran mayoría de la superficie territorial sometida al régimen de derecho privado.

En el caso del espectro, las aplicaciones militares sólo ocupan una pequeña parte del mismo, la gran mayoría del espacio es ocupado para radiodifusión y telecomunicaciones en general, por lo que no se justifica que sea el gobierno el dueño total y absoluto del espectro.

Que se entienda de una vez, las concesiones son una figura socialista que erige al Estado como el supremo todo poderoso que puede aplastar la libertad de expresión y por ende a las libertades más esenciales de los ciudadanos. Los medios de comunicación deben estar asentados sobre sólidos derechos de propiedad en donde el gobierno no tenga injerencia.

Con la evolución tecnológica y en el marco de las democracias, no se entiende por qué sigue siendo el Estado el monopolista del espectro. Salvo en las aplicaciones militares, los gobiernos deben dejar que sea el mercado, a través de una clara definición de los derechos privados de propiedad (NO CONCESIÓN), quien dicte el desarrollo de las telecomunicaciones. No hacerlo deja el potencial a que lleguen gobiernos totalitarios que impidan toda libre expresión mediante las redes y las ondas electromagnéticas, como tristemente sucede con el caso de Venezuela.

A ver si entendemos esto en México ó nos quedaremos atrapados en el siglo XX en materia de telecomunicaciones. Avanzar ó morir, esa es la disyuntiva en telecomunicaciones en el siglo XXI.