Podemos definir al Estado de Derecho como el gobierno de las leyes justas, siendo justas las leyes que, uno, reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos del ser humano, que son los naturales (aquellos con los que se nace: a la vida, a la libertad individual y a la propiedad privada) y los contractuales (aquellos consecuencia del acuerdo voluntario entre partes) y, dos, las que se aplican de igual manera a todos, sin excepción de ningún tipo. El Estado de Derecho hace posible la convivencia civilizada, que supone, primero, el respeto a los derechos de los demás y, segundo, una autoridad capaz de velar por ese respeto y, de fallar, capaz de castigar al violador y de resarcir a la víctima, momento de preguntar si en todos los casos de conductas indebidas, lo cual no supone que sean necesariamente delictivas, sino nada más indebidas (no es lo mismo asesinar a alguien –conducta delictiva– que estacionarse en algún lugar prohibido –conducta indebida–), la autoridad es capaz, de entrada, de identificar y probar esa conducta, que la ley califica de indebida, primer paso para poder dar el segundo: castigar al infractor.

Supongamos que una ley califica como indebida la conducta X (por ejemplo: la venta de votos de parte de los electores, que no es lo mismo que la compra de votos de parte de los candidatos, por más que sean dos caras de la misma moneda), pero la autoridad encargada de castigar a quienes incurran en ella son incapaces de comprobar que así fue. Más allá del tema de la justicia, ¿cómo calificar a esa ley que define como indebida una conducta que no hay manera de comprobar y, por ello  mismo, no hay manera de sancionar? ¿Ineficaz? Exactamente.

Son eficaces aquellas leyes que promueven las conductas que se consideran correctas, lo cual depende de la naturaleza de la ley (lo primero –desafortunadamente no lo único– que se requiere para que una ley se respete es que sea respetable: justa y eficaz) y de la posibilidad de que la autoridad castigue a quien la viole. Si el cumplimiento de esta segunda condición resulta imposible, y en muchos casos así es, esa ley, que pretende evitar la conducta indebida, resulta ineficaz dada la ineficacia de la autoridad para comprobar que alguien se comportó de manera indebida y, por ello, dada la ineficacia de dicha autoridad para castigar al infractor, todo lo cual deja muy mal parada a la ley, algo que debe evitarse.

Las leyes ineficaces, e ineficaces por la ineficacia de la autoridad para comprobar que realmente alguien actúo de manera prohibida, deben evitarse para evitar la erosión del Estado de Derecho, que supone a una autoridad eficaz para comprobar la falta y así, solamente así, poder castigarla. ¿Existen conductas, debidas o indebidas, imposibles de comprobar? Sí, y una de ellas es la venta del voto de parte del elector, razón por la cual dicha conducta no está calificada por la ley como indebida, motivo por el cual no es considerada como causal para anular una elección, tal y como ya les debe de haber quedado claro a López Obrador y los suyos, ¿o no? Vamos por partes, que son dos.

Primera: lo que no resulta imposible comprobar, lo cual no quiere decir que sea fácil, ¡pregúntenle a López Obrador!, es la compra de votos de parte de algún candidato en campaña, motivo por el cual dicha compra sí está considerada, tal y como lo señala el Código Penal Federal, delito electoral. Segunda: considerar como indebida la venta del voto de parte del elector supone, no el recibir alguna dádiva a cambio de la promesa de votar por el comprador de dicho voto, sino cumplir la palabra y realmente votar por él. Lo primero, la operación de compra-venta del voto, sí es posible, aunque no fácil, comprobar. Lo segundo, que el vendedor del voto haya cumplido su palabra, y que realmente haya votado por quien compró su sufragio, no hay manera de probarlo, por una razón muy sencilla, que se ha considerado parte de la esencia misma de la democracia: el voto no solamente es libre sino secreto, lo cual en la práctica supone que no hay manera de saber quién votó por quién y, por ello, no hay manera de saber si fulanito, quien le vendió su voto a menganito, cumplió su palabra y realmente votó por él, algo que hasta el mismo López Obrador entiende, tal y como lo demostró cuando les dijo a algunos electores simpatizantes suyos que si algún otro candidato les ofrecía alguna dádiva a cambio de su voto la aceptaran pero que, al final de cuentas, votarán por él (por López Obrador).

¿Hay manera de superar la imposibilidad de saber si alguien vendió su voto, entendiendo por tal el que realmente fulanito votó por menganito, quien le compró su voto? Sí, claro que sí hay manera, nada más que hay que ver si los electores estamos dispuestos a aceptar que se den las condiciones necesarias para conseguirlo, que se resumen, de entrada, en una: eliminar la secrecía del voto, para lo cual lo primero que se necesita es que cada quien, a la hora de votar, ponga con tinta indeleble su nombre en la boleta, y que alguien compruebe que el nombre que se ha escrito en la boleta concuerde con el que aparece en la credencial de elector. Como electores, ¿aceptaríamos tales condiciones? Además de lo anterior, habría que probar que efectivamente el elector vendedor de su voto recibió del candidato comprador alguna dádiva a cambio de la promesa de sufragar a su favor, lo cual no resulta imposible, pero sí difícil, sobre todo en la cantidad suficiente como para considerar que la elección no fue ni libre ni auténtica. ¿Cuánta compra efectiva de votos –efectiva: el elector sí votó por quien le compró su voto– se necesita para que la elección resulte forzada y por lo tanto falsa? ¿Qué porcentaje del total de votos debe ser compra efectiva de los mismos para poder afirmar objetivamente que la elección no fue libre y auténtica?

Al margen del tema, por demás interesante y pertinente, y que muy pocos analistas y periodistas han traído a colación, entre ellos la politóloga Ivabelle Arroyo, (véase: aquí), de lo que supone ser propietario del voto, sin olvidar que la clave de la propiedad está en el derecho de enajenar (regalar, vender, heredar, etc.) aquello que es nuestro, tema relacionado con la pregunta de si la venta del voto es realmente una conducta indebida, queda claro que la venta de votos no es causal para la anulación de elecciones porque si el voto ha de ser secreto, ¡y secreto ha de ser!, no hay manera de probar la venta efectiva del mismo, no habiendo por ello manera de castigarla. Una ley que considerara a la venta del voto como causal para la anulación de una elección sería, en el sentido arriba descrito, una ley ineficaz que pondría en entredicho al Estado de Derecho, sin olvidar que el mismo, que en México en general deja mucho que desear, funciona relativamente en el frente electoral, y por ello la pregunta: AMLO, ¿está dispuesto a desafiar al Estado de Derecho en uno de los pocos frentes de la vida nacional en el cual sí funciona? Sí, claro que sí, desafió que pinta de cuerpo entero al personaje en cuestión. ¿Un peligro para los mexicanos? Usted dirá.