El presidente Calderón presentó, a la consideración de los diputados, una propuesta de reforma laboral con la que, según lo explicó la misma Presidencia de la República, “se atiende la imperiosa necesidad de modernizar nuestra legislación laboral que es un tema que ha estado en el debate público durante los últimos 15 años”, subrayando que “la propuesta constituye una reforma estructural de gran calado e importancia por su impacto en la generación de oportunidades para los diversos sectores de la población”, reforma laboral que, para explicarlo de la manera más sencilla posible, consiste en cuatro puntos esenciales: 1) flexibilización del mercado laboral, sobre por el lado de la contratación; 2) mejoras en las condiciones laborales, abarcando temas que van, desde la subcontratación y el trabajo de menores de 14 años fuera del ámbito familiar, pasando por la discriminación de género, el acoso sexual y las condiciones laborales para personas discapacitadas, hasta llegar al tema de la licencia por paternidad; 3) límite a la generación de salarios caídos, desde la fecha de despido y hasta un período máximo de un año; 4) en materia sindical democracia (voto libre, directo y secreto), transparencia y rendición de cuentas.

Antes de calificar, aunque sea de manera general, la propuesta de reforma laboral de Calderón, hay que tener presente las tres dimensiones de la cuestión: 1) contratación y despido de trabajadores, tema que es el de la flexibilidad del mercado laboral; 2) condiciones del trabajo, tema que es el de la decencia en el entorno laboral, y 3) defensa de los derechos del trabajador, tema que es el del sindicalismo, temas que están incluidos en la propuesta de reforma laboral de Calderón, restando responder a la pregunta de si están incluidos de manera correcta, pregunta cuya respuesta, en términos generales, es que sí, siendo esta característica la que, seguramente, ocasionará el rechazo de los demagogos, sobre todo los de la izquierda, quienes, para empezar, no entienden correctamente los derechos y, para terminar, confunden derechos con intereses, todo lo cual conduce a la redacción y promulgación de leyes injustas e ineficaces, como lo es la Ley Federal del Trabajo en muchos de sus muchísimos artículos.

Pongo un ejemplo. ¿Tiene el ser humano derecho al trabajo? Sí, claro que sí, pero el punto está en entender en qué consiste ese derecho, existiendo, en esencia, dos posibilidades, que se identifican bien al caer en la cuenta de que todo derecho supone, necesariamente, una obligación -el derecho de X supone la obligación de Y-, obligación que puede ser de dos tipos: positiva o negativa. Si se considera que la obligación correspondiente del derecho de X al trabajo es la obligación de Y de darle trabajo a X, entonces se trata de una obligación positiva: el derecho de X al trabajo implica la obligación de Y de sí darle trabajo a X (por ello lo de obligación positiva). Por el contrario, si se considera que la obligación que corresponde al derecho de X al trabajo es la obligación de Y de no impedirle a X la búsqueda y obtención de un trabajo, entonces estamos ante una obligación negativa: el derecho de X al trabajo implica la obligación de Y de no impedirle perseguir y alcanzar un trabajo (por ello lo de obligación negativa).

¿Cuál es la manera correcta de entender y practicar el derecho al trabajo? ¿Como aquel al que le corresponde una obligación positiva o, por el contrario, como aquel al que le corresponde una obligación negativa? Mi derecho al trabajo, ¿tiene como contrapartida la obligación positiva de alguien más de darme trabajo, o solamente la negativa de no impedirme buscar y conseguir trabajo? ¿Qué sucede si respondo que el derecho de X al trabajo supone la obligación positiva de Y de darle trabajo? Lo que sucede es que, así concebido el derecho al trabajo, este supone, si hemos de ser congruentes, el derecho a no ser despedido, suposición que no es posible si concibo el derecho de X al trabajo como la obligación negativa de Y de no impedirle a X buscar y conseguir trabajo. ¿Cuál es la manera correcta de concebir y defender el derecho al trabajo? ¿Como aquel al que le corresponde una obligación positiva o como aquel al que le corresponde una obligación negativa?

En la medida en la que la legislación laboral dificulta el despido de trabajadores, ésta, por todo lo dicho en el párrafo anterior, se inspira en la postura que identifica la obligación relacionada con el derecho al trabajo con una obligación positiva, que convierte un interés en un derecho, dando lugar a una ley injusta e ineficaz. ¿Tiene el ser humano interés de que no lo despidan? Sí, ¿quién no? Pero el derecho de X al trabajo, ¿supone también el derecho de X a que no lo despidan, y por lo tanto la obligación de Y, el patrón, de no despedirlo? Solamente si se concibe a la obligación correspondiente a ese derecho al trabajo como una obligación positiva, por la cual Y tiene la obligación de darle trabajo a X, sin importar nada más, lo cual, si hemos de ser congruentes, implica el derecho de X a no ser despedido por Y, también sin importar nada más, momento de insistir: X puede tener el interés de no ser despedido de su trabajo, pero no tiene el derecho de no ser despedido (y me refiero, obviamente, al despido justificado).

El caso anterior expone dos errores comunes, claramente rastreables en la legislación laboral mexicana: 1) el considerar que los derechos, sobre todo los que son manifestaciones concretas de los derechos naturales (como es el caso del derecho al trabajo, que es derecho a la libertad para trabajar y, por ello, manifestación concreta del derecho natural a la libertad individual) suponen obligaciones positivas; 2) la confusión entre derechos e intereses, confusión que encuentra su razón de ser en el considerar que los derechos naturales suponen obligaciones positivas. La consecuencia de estos errores es que, tal y como sucede con la Ley Federal del Trabajo, muchas leyes lo que hacen es defender intereses, y no garantizar derechos, siendo por lo tanto, ¡y no hay manera de que no lo sean!, leyes injustas e ineficaces, como lo es la ya mentada legislación federal laboral, motivo por el cual, una y otra vez, se viene hablando de la necesidad de la reforma laboral, misma que sigue pendiente, entre otras razones, pero de manera muy importante, porque el statu quo, la ley tal y como está redactada, más que garantizar derechos defiende intereses, y aquellos cuyos intereses resultan así defendidos no están dispuestos a perder, al menos no sin dar la batalla, tal defensa.

¿Cuál es el origen del problema laboral que enfrentamos? Creer que a los derechos naturales les corresponden obligaciones positivas y, consecuencia lógica de tal creencia, confundir intereses con derechos, y haber armado buena parte del entramado legal, comenzando por la Constitución, a partir de esa creencia y esa confusión. ¿Cómo se resuelve el problema? Desenmascarando la falsa creencia y aclarando la confusión. ¿Qué se oponen a tal solución? Los intereses creados y protegidos por el statu quo.

Las leyes, comenzando por las laborales, deben garantizar derechos, ¡que realmente lo sean!, no defender intereses, ¡que, por conveniencia de los interesados, se confunden con derechos!