La iniciativa de reforma que envió el Presidente Calderón al Congreso de la Unión en materia laboral y que tiene que ser votada a más tardar el 30 de septiembre en la Cámara de Diputados, no es la panacea para impulsar el crecimiento económico, aunque sin duda ayudaría. Como se ha señalado, esta iniciativa consta básicamente de dos partes, la económica y la política.

En la denominada parte económica hay varios planteamientos importantes. Primero, es reducir los costos de contratación y despido de la mano de obra. Para las empresas operando legalmente, contratar nuevos trabajadores es muy caro porque despedirlos también es muy caro. Cuando una empresa desea contratar un trabajador, tiene que destinar recursos escasos para analizar la productividad potencial de los diferentes candidatos a ocupar el puesto, mismos que tienen el incentivo a esconder sus  defectos. Si la empresa contrata al trabajador equivocado con un contrato por tiempo indefinido, como marca la LFT, y luego lo tiene que despedir, los costos son muy elevados. Reducir estos costos haría más barato el despido y, simultáneamente, el proceso de contratación.

Un segundo punto que destaca es la contratación a prueba. Dada la información asimétrica (el candidato a ocupar un puesto sabe más sobre sus propias cualidades de lo que sabe la empresa), es importante que existan este tipo de contratos, lo cual también reduce los costos de contratación.

Un tercero, es la contratación por hora. La LFT prohíbe este tipo de contratos, lo cual discrimina abiertamente en contra de las mujeres y los jóvenes. En el caso de las mujeres, particularmente con hijos en edad escolar, poder tener acceso al mercado laboral por unas cuantas horas (mientras los hijos están en la escuela), tendría un efecto positivo sobre el ingreso y el bienestar familiar. En el caso de los jóvenes, hay muchos “ninis” porque no pueden pagarse los estudios; el poder contratarse por hora les permitiría a muchos de ellos poder estudiar y trabajar.

Un cuarto es la promoción en el escalafón con base en la productividad. Con el esquema actual de escalafón ciego, se castiga el incentivo a ser más productivo, así como también se castiga el incentivo a la capacitación en el trabajo, lo cual inhibe la adopción de tecnologías modernas de producción, principal fuente de crecimiento económico.

Aprobar estas cuatro reformas generaría el incentivo para que paulatinamente empresas que ahora operan en la ilegalidad migraran hacia la legalidad y crecieran, generando mayor empleo con prestaciones sociales y con un mayor valor agregado.

Y ahora la denominada parte política que concierne a los sindicatos. Primero se propone la eliminación de la cláusula de exclusión sindical que impide a una empresa contratar a un individuo si éste no es miembro del sindicato y la obliga a despedirlo si éste es expulsado del sindicato. El resultado de esta cláusula es que el administrador de la empresa pierde la decisión de a quién contratar, siendo el líder sindical quién la posee, lo que le permite vender las plazas. Si la empresa desea mantener el control, le tiene que pagar al líder sindical. El resultado es que no existe líder sindical pobre.

Este resultado se acrecienta por el hecho de que la legislación actual obliga a la empresa a descontar de la nómina de los trabajadores las cuotas sindicales y entregárselas a la dirigencia sindical, la cual no está obligada a rendir cuentas a los afiliados sobre su utilización.

Y es por estos dos últimos que hay tal oposición a la reforma.