Habiéndose aprobado en la Cámara de Diputados la reforma laboral, la cual se espera también sea aprobada en el Senado, quedan por venir el resto de las llamadas reformas estructurales, destacando la tributaria, la de seguridad social, la energética y la de telecomunicaciones. Hay sin embargo una que a nadie parece preocuparle pero que es crucial para lograr un crecimiento económico elevado y sostenido. Me refiero al cambio estructural dentro del Poder Judicial Federal.

Douglass North, en su libro Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, señaló que: “la inhabilidad de las sociedades para desarrollar un sistema eficiente y de bajo costo para garantizar el cumplimiento de los contratos, es la fuente más importante tanto del estancamiento que históricamente ha afectado a los países del Tercer Mundo así como del actual subdesarrollo de estos países”.

En una economía de mercado, los agentes económicos, sean empresas entre sí, individuos con empresas y empresas con el gobierno y que se involucran en transacciones, esperan que el contrato que se haya firmado sea cumplido. En una economía de mercado las transacciones son descentralizadas y, dada la escasez de recursos a la cual todos se enfrentan, cada agente económico buscará, en el caso de las empresas, obtener la mayor tasa de rentabilidad sobre la utilización de sus recursos, mientras que en el caso de las unidades familiares buscarán maximizar la utilidad o satisfacción de los bienes y servicios que consumen.

En este contexto, siempre existe la posibilidad de que alguna de las contrapartes involucradas en un contrato lo viole y de ahí la importancia de contar con un poder judicial que sea independiente, imparcial, eficiente y expedito que garantice el cumplimiento de los contratos, en donde su papel primordial es que, si el contrato no puede ser cumplido a cabalidad, de acuerdo a las cláusulas establecidas, obligue a la parte que violentó el contrato a compensar a la víctima por el daño causado y/o otorgarle a la parte afectada los activos que le rediman el daño derivado del incumplimiento.

Un país en donde el poder judicial no garantiza el cumplimiento de los contratos, deriva en altos costos de transacción y el que se desaprovechen las ventajas comparativas que cada agente económico posea, lo cual resulta en menor crecimiento económico y menor bienestar de las familias.

En la Constitución mexicana, en el artículo 104 se establece que: “Los Tribunales de la Federación conocerán: II. de todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. A elección del actor y cuando solo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común”.

La concurrencia de los poderes judiciales federal y estatales en materia mercantil es un arreglo institucional ineficiente que no garantiza el cumplimiento de los contratos e inhibe el crecimiento económico. Los poderes judiciales estatales no son, en su mayor parte, independientes e imparciales, además de que en muchos casos están plagados de corrupción.

Por lo anterior, es crucial como parte de una política de Estado que busque impulsar el crecimiento económico, una reforma estructural del Poder Judicial de la Federación, creando dentro de éste un área especializada en materia de derecho económico, incluyendo el mercantil, de concursos mercantiles, de competencia económica y de derecho privado internacional.

Mientras persista que el Poder Judicial Federal no garantice el cumplimiento de los contratos, no importa cuántas otras reformas se hagan, México seguirá sin crecer.