Hace tres años el presidente Calderón tomó una decisión que mucho aplaudimos contribuyentes y usuarios forzosos: acabar con Luz y Fuerza del Centro, pésima servidora y brutal succionadora de nuestro dinero. Acababa, pensamos, una sangría de miles de millones anuales.

¿Sí? ¡Pues no! El despacho de Buen (cuyos socios Néstor y Carlos son amigos míos, y muy queridos) ha cumplido como despacho de abogados al hacer triunfar en el 2º Colegiado un amparo laboral promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas. No critico a los abogados que hicieron bien su chamba; tampoco critico a los obreros que quieren recuperar su trabajo y canonjías; no critico a quienes aplican y aprovechan la ley. Critico esa ley, cuyas consecuencias son —por decir lo menos— desorbitadas e inmorales.

Luz y Fuerza tenía unos 44,000 sindicalizados al extinguirse. La suplió en su zona la Comisión Federal de Electricidad (con 30,000 menos y sin la integración vertical de una LyF que fabricaba hasta los postes). El gobierno ofreció una indemnización legal copeteada. Casi 2/3 la tomaron pero el resto siguió la pelea legal y política contra el gobierno. Ya que el Colegiado les dio la razón, 16,599 podrían tener de patrón sustituto a la CFE.

Falta un recurso de revisión ante la Suprema Corte. ¿Y si lo desecha? La CFE, que tiene cerca de 14,000 empleados para esta zona, habrá de contratar a 16,599. Pagarles 3 años de prestaciones y salarios vencidos: unos $12,000 millones por año, o $36,000 en total. Y echarle $12,000 más al presupuesto de 2013, más revisiones salariales y las irreversibles conquistas que pudo haber obtenido el SME esos tres años. Unos 3,800 millones de dólares por 3 años vencidos y el próximo.

La CFE podrá argumentar que no fue parte en el juicio entre el gobierno federal y la difunta LyF; bien podría decir que vayan a buscarla al panteón y no le endilguen pifias y costos que no le tocan. Quién sabe.

Hay otro problema. El contrato colectivo del SME es más costoso que el del Suterm, especialmente en pensiones y jubilados. Si no pueden coexistir dos contratos colectivos en un mismo espacio, ¿cuál subsistirá si llegan los del SME a la CFE? Para como funcionan las leyes y los irrenunciables derechos de los conquistadores sindicales, podemos esperar lo peor. Pero, aun sin lo peor, lo malo es malísimo.

Si fuese correcta la cuenta de $36,000 millones vencidos, nos costará a ti y a mí módicos $2,168,805 cada sindicalizado. Y la ley obliga a reinstalar, pero no pregunta si hay con qué pagar y si cada puesto es necesario. La ley tutela tanto al obrero que obliga a mantenerlo en la nómina, pase lo que pase a la economía nacional y a los contribuyentes, a los subsidios y tarifas, al pueblo trabajador y al pueblo desempleado. La ley tutela derechos; y que pague el gobierno con sus arcas infinitas.

A quienes loan a la siempre sufrida “clase obrera” no parece importarles cuánto cueste generar un empleo, ni si hace falta el puesto. La ley garantiza un derecho irrenunciable a cobrar, aunque ese trabajo no sea útil. El patrón sustituto estará obligado a recontratar a todos. Todos. Aunque más que duplique su plantilla en esta zona.

No es usual tocar al bovino sagrado. Yo lo hago a riesgo propio, así como escribí hace años en un libro llamado “Fobaproa. La bomba de tiempo” contra ese inmenso atraco (que aún seguimos pagando). Y aquello se hizo basado en la ley…

Hay quien me objeta: “recuerda que los del SME son seres humanos”. ¡Claro que lo son! ¿Justifica eso que se les subsidie por un trabajo innecesario? ¿Y venimos de Saturno, o somos inhumanos los contribuyentes obligados a pagar más de 2 millones por empleado, y lo conquistado de año con año? Además nadie piensa en los costos colaterales: distraer impuestos y miles de millones de dinero produce víctimas que no por no verse, dejan de existir. Gente anónima que no podrá encontrar trabajo y se irá al ambulantaje, o de una vez a la delincuencia.

Algunos pensamos que si una ley obliga al parasitismo a costillas del contribuyente, lo que está mal es esa ley. Creemos que el gobierno está obligado a cuidar el dinero que no le pertenece. Asumimos que el ser “clase obrera” no es un bálsamo que purifique toda injusticia. Sabemos que el sector público no es una caja negra que aguante todo dispendio, por más que la ley lo prohíje; que es una irresponsabilidad con el derecho ajeno, usar ineficientemente los dineros públicos: una injusticia cometida a nombre de la “justicia social”. Ya estamos viendo, fuera y dentro de Europa, qué pasa por creer que los gobiernos pueden mantener hermosas políticas sociales y tirar de una liga que nunca se revienta. Hasta que se revienta.

Nuestra ley merece la prueba lógica de empujarla a sus últimas consecuencias: reducirla al absurdo. De jure, vivimos en pleno absurdo. Falta que nos regodeemos de facto en el absurdo cuando los conquistadores sindicales exijan que les paguemos sus conquistas, con más derechos que obligaciones y responsabilidades.

No sólo viviremos la realidad de un estado de cosas absurdo sino francamente inmoral contra la justicia, contra nuestros bolsillos y contra la dignidad, aun con el manto purificante del empleo y de la “clase obrera”. Difícilmente hay vía más cara de crear empleos que hincar el diente al contribuyente por cerca de 750,000 anuales para cada empleo artificial, en función de errores (irreversibles) cometidos en el pasado.

Termino con esto que dijo Martín Esparza: “Heredaremos a nuestros hijos este contrato colectivo”. Tiene razón. En una sociedad patriarcal premoderna (y muy “progresista”), los privilegios son dinásticos.