En un artículo anterior apunté que, con el cobro de dieciséis impuestos distintos el año pasado (Impuesto sobre la renta; Impuesto empresarial a tasa única; Impuesto al valor agregado; Impuesto especial sobre producción y servicios a gasolinas y diesel para combustión interna; Impuesto especial sobre producción y servicios a bebidas con contenido alcohólico; Impuesto especial sobre producción y servicios a cervezas y bebidas refrescantes; Impuesto especial sobre producción y servicios a tabacos labrados; Impuesto especial sobre producción y servicios a juegos con apuestas y sorteos; Impuesto especial sobre producción y servicios a redes públicas de telecomunicaciones; Impuesto especial sobre producción y servicios a bebidas energetizantes; Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, Impuesto sobre automóviles nuevos; Impuestos a los rendimientos petroleros; Impuesto al comercio exterior; Impuesto a los depósitos en efectivo; Impuestos accesorios) el Gobierno Federal recaudó 1 millón de millones 294 mil millones de pesos ($1,294,000,000,000.00) y que, si en vez de esos dieciséis tributos, hubiera cobrado el impuesto único, homogéneo, universal, del 15 por ciento al consumo, hubiera recaudado 2 millones de millones 752 mil millones de pesos ($2,752,000,000,000.00), un 112.6 por ciento más de lo que recaudó, lo cual muestra que sí es posible realizar una reforma tributaria (basada en las preguntas qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrarlos, y a quién cobrárselos) que puede calificarse de perfecta: 1) el gobierno recaudaría más; 2) quienes pagamos impuestos pagaríamos menos; 3) quienes no pagan impuestos comenzarían a pagarlos (ya que los dos grandes boquetes están en la informalidad, que no paga el ISR, y en la exención del IVA a los alimentos: con el impuesto único, universal, homogéneo, no expoliatorio, al consumo desaparece el ISR y todas las compras, incluidas las de alimentos, estarían gravadas); 4) se elevaría la competitividad del país, definida como la capacidad para atraer, retener y multiplicar inversiones, mismas que, al no tener que pagar las empresas más que el impuesto único, universal, homogéneo, no expoliatorio, al consumo, seguramente se multiplicarían; 5) se simplificaría lo más posible el sistema tributario; 6) el gobierno contaría con más recursos para redistribuir a favor de los pobres, en tres renglones principales: alimentación, atención médica y educación, que influyen directamente en la formación de capital humano, indispensable para el progreso económico. Todo lo anterior se lograría cobrando el impuesto único, homogéneo, universal, al consumo total, es decir, al consumo de todos y de todo: cualquier compra estaría gravada con dicho impuesto, momento de preguntar qué pasaría si se gravara nada más el consumo final, es decir, la compra de bienes y servicios para la satisfacción directa de las necesidades, quedando exentas del cobro y pago del impuesto todas las otras transacciones comerciales. ¿Qué pasaría? Habría un considerable aumento en la competitividad del país y, consecuencia de ello, un notable incremento en las inversiones directas y, por consiguiente, un importante repunte en el progreso económico, con el consecuente impacto favorable sobre el bienestar de la gente.

Supongamos a Juan Pérez, padre de familia, quien compra, para recreación de sus hijos, una computadora. ¿De qué se trata? De consumo final. Supongamos al mismo Juan Pérez, pero ahora en el papel empresario, comprando una computadora con el fin de elevar la productividad (hacer más con menos) y competitividad (hacerlo mejor que los demás) de su negocio, con el objetivo de servir mejor a sus consumidores. ¿De qué se trata? De inversión, definida como cualquier gasto destinado a producir más y mejor. El consumo final supone “destrucción” de riqueza: lo consumido, consumido está, y si lo consumido no se repone el progreso económico se detiene y el bienestar disminuye. Por el contrario, la inversión supone creación de riqueza: reposición (en el peor de los casos) o aumento (en el mejor de ellos) de bienes y servicios y, por ello, manutención (en el peor de los casos) o incremento (en el mejor de ellos) del bienestar.

Teniendo clara la distinción entre inversión (creación de riqueza) y consumo (“destrucción” de la misma), ¿es lógico, sensato, prudente, inteligente, lúcido, juicioso, cuerdo o racional castigar, cobrándole impuestos, la creación de riqueza, con todo lo que ello supone, destacando de entre todo ello la creación de puestos de trabajo? ¿Es moral y económicamente correcto gravar las inversiones?

Aceptando que necesitamos un gobierno (que se limite a la realización de sus legítimas tareas: garantizar la seguridad contra la delincuencia, impartir justicia, y ofrecer los bienes y servicios públicos, que realmente lo sean, y que verdaderamente deban de ser provistos), entonces necesitamos identificar la manera menos dañina de financiarlo, siendo esa el impuesto único (ni uno más), homogéneo (la misma tasa en todos los casos), universal (sin excepción de ningún tipo), no expoliatorio (no cobrado con fines redistributivos), al consumo final (no al consumo de todo, y mucho menos al ingreso o al patrimonio), que grava únicamente la “destrucción” de riqueza que supone el consumo de bienes y servicios, y no la creación de riqueza consecuencia de las inversiones. De todos los impuestos éste es el menos malo, afirmación que parte del hecho de que todo impuesto, desde el momento en el que su cobro implica obligar al contribuyente a entregarle al recaudador parte del producto de su trabajo (lo cual concuerda con la definición de robo) es un mal.

¿Cuáles son, en México, las posibilidades recaudatorias del impuesto único, homogéneo, universal, no expoliatorio, al consumo final? Si el año pasado, el Gobierno Federal, en vez de haber cobrado los dieciséis impuestos que cobró, hubiera cobrado el mentado impuesto hubiera recaudado 2 millones de millones 225 mil millones de pesos, 82.6 por ciento más de lo que recaudó con el cobro de los dieciséis impuestos que integran el engendro tributario que padecemos, y que nadie, absolutamente nadie, está dispuesto a eliminar: en el mejor de los casos hay quienes están dispuestos a hacerle una que otra modificación, tal y como se le han hecho, meros cambios accidentales que dejan intacta su esencia (de clara inspiración churrigueresca).

¿Se imaginan de qué manera se apuntalaría la competitividad de México –definida como la capacidad de la nación para atraer, retener y multiplicar inversiones– si se llevara a cabo una reforma tributaria que eliminara el actual engendro tributario y lo sustituyera por el impuesto único, homogéneo, universal, no expoliatorio, del 15 por ciento al consumo final, es decir, a la “destrucción” de riqueza, no a la creación de la misma?

Ese impuesto –único, homogéneo, universal, no expoliatorio, del 15 por ciento al consumo final– es, moralmente, el menos injusto y, económicamente, el menos ineficaz, ineficacia e injusticia que, sobre en lo referente al cobro y pago de impuestos, deben de minimizarse al máximo, algo que hasta ahora los encargados de hacerlo, y encargados de hacerlo son los legisladores, no han estado dispuestos a hacer.

Me queda claro que, pese a las conclusiones a las que nos llevan los números (que una reforma tributaria a favor del impuesto único, homogéneo, universal, no expoliatorio, al consumo final, sería una reforma que podría calificarse de perfecta), seguiremos padeciendo el engendro tributario, ya que, de llevarse a cabo una reforma fiscal en los próximos meses, la misma sólo introducirá cambios accidentales, dejando intacta la esencia del engendro tributario, tal y como ha sucedido una y otra vez. ¡Tal es el tamaño de la mediocridad de muchos de nuestros gobernantes, comenzando por buena parte de los legisladores!