Después de la aprobación del dictamen de las reformas a la Ley Federal del Trabajo en el Senado, que modificó el aprobado en la Cámara de Diputados al haber incluido lo relacionado con la transparencia sindical, por lo que regresó a esta última para su aprobación o rechazo, el Diputado Beltrones declaró que ante los cambios que el Senado hizo, habría que enfriar el proceso final del dictamen, que “no había prisa” para aprobar las reformas, aunque acotó que para cuando Enrique Peña Nieto asuma la Presidencia de la República ya habría un dictamen definitivo, para que fuera éste quién lo promulgara, siendo ésta la primera reforma estructural del próximo sexenio.

“No hay prisa”. Mientras, el país no avanza a la velocidad requerida para incrementar significativamente los niveles de bienestar de la mayor parte de la población, para crecer a tasas sostenidas y elevadas que deriven en una menor pobreza y en una mayor equidad en la distribución de la riqueza.

Independientemente de la posición de Beltrones, o del PRI en general, para proteger los cacicazgos sindicales, lo relevante de la declaración del diputado es que “no hay prisa”. Esta ha sido la dinámica en el Congreso de la Unión al menos desde julio de 1997 cuando nos cayó encima la democracia imperfecta. La última gran reforma estructural, la creación de las cuentas individuales de retiro administradas por las Afores fue en el primer semestre de ese año. A partir de entonces, ya con un Congreso dividido, muy pocos han sido los cambios en la legislación que deriven en un marco institucional que generen los incentivos adecuados para alcanzar mayores tasas de crecimiento económico. En consecuencia, el desempeño de la economía ha sido notablemente mediocre, con un crecimiento del PIB por habitante prácticamente nulo, con una distribución del ingreso de las más inequitativas del mundo y con un incremento, aunque coyunturalmente por el aumento de precio de los alimentos, de la incidencia de pobreza.

El Congreso nunca tiene prisa. Las afirmaciones clásicas son “no son los tiempos políticos adecuados” y “no nos obligarán a legislar sobre las rodillas”, se han convertido en el pretexto para una parálisis legislativa sobre los aspectos más relevantes para impulsar el crecimiento económico. Y aquí caben, además de la reforma laboral, las otras ya mencionadas reiterativamente: la tributaria, la del gasto público, la energética, la de telecomunicaciones, etcétera.

Es obvio que el actual sistema político no está funcionando eficientemente; los funcionarios públicos electos (senadores, diputados, gobernadores y presidentes municipales y, en menor grado, el Presidente de la República) no enfrentan un esquema eficiente de incentivos, de premios y castigos, para inducirlos a actuar de una manera socialmente responsable y, por lo mismo, hay que modificarlo introduciendo en el marco legal la reelección inmediata. Cuando los funcionarios electos enfrentan la reelección inmediata se generan, al menos nominalmente, los incentivos para actuar de una manera socialmente responsable, respondiendo a las demandas de la sociedad, mientras que con el arreglo actual solo responden a los liderazgos partidistas, tal como lo hemos observado en el accionar del Congreso de la Unión. Y ha sido el PRI quién más notoriamente se ha opuesto a la reelección.

Beltrones podrá no tener prisa pero a México le urge. No solamente es la reforma laboral. Durante el próximo año se requiere legislar sobre las otras reformas institucionales para incentivar el crecimiento económico, ya que de no hacerlas rápidamente, condenará a la economía mexicana a seguir en la mediocridad. México sí tiene prisa.