Lo que está ocurriendo en un número creciente de estados de la Unión Americana al liberalizarse el consumo de marihuana para fines médicos y “recreativos”, como lo acaban de hacer Colorado y Washington, mientras que su gobierno federal mantiene la veda en los libros, pero no la aplica, recuerda la secuela de eventos que culminaron en revocar la prohibición a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en los treinta.

Cuando se adoptó aquella prohibición mediante una enmienda constitucional —apenas la decimoctava en los 130 años que tenía entonces su Carta Magna, apoyada por una coalición de fanáticos convencidos de que prohibir el alcohol mejoraría a la sociedad estadunidense—, de inmediato hubo estados y ciudades que no apoyaron la medida.

Al igual que hoy con las drogas prohibidas, los recursos que dedicó el gobierno federal para combatir el tráfico ilegal de alcohol eran completamente insuficientes para imponer en todo el territorio nacional esa proscripción, sobre todo al no contar con el apoyo decidido de las policías estatales y locales.

Quienes apoyaron la prohibición del alcohol eran fundamentalmente anglosajones blancos de religión protestante, sumados a los populistas que siempre creen que el gobierno puede cambiar la naturaleza humana, con una elevada concentración de habitantes rurales que entonces representaban casi la mitad de la población de EU.

Por el contrario, en las grandes ciudades con densas concentraciones de inmigrantes europeos hubo siempre gran oposición a la prohibición, lo que se tradujo en que las autoridades locales ignoraban la ley federal aduciendo —como ocurre hoy en México en el combate contra las drogas— que no era su responsabilidad hacerla cumplir.

La consecuencia fue que la policía federal especializada en imponer la prohibición, que dependía del Departamento del Tesoro, era completamente insuficiente para hacer cumplir la ley, mientras que las fuerzas del orden locales o desconocían los mandatos o inclusive trabajaban para los contrabandistas de bebidas alcohólicas.

En ciudades como Chicago y San Francisco, y estados como Nueva York y Maryland, nunca se pasaron leyes locales que apoyaran la prohibición federal, por lo que ni siquiera se hizo el intento de aplicarla.

Tan paradójica situación eventualmente convenció a un número creciente de personas de que la prohibición era una tontería.

Lo que estamos viendo a nivel estatal y local con la marihuana es muy similar, con el ingrediente adicional de que durante la administración del Presidente Barack Obama las agencias del gobierno federal, empezando por el Departamento de Justicia —el equivalente en EU de nuestra PGR— no han hecho mucho esfuerzo por aplicar la ley.

A diferencia de la prohibición al alcohol, que se había llevado hasta el rango constitucional, hoy la prohibición a las drogas es resultado de ordenamientos y decretos de mucho menor jerarquía, lo que implica que desde un punto de vista jurídico sería mucho más fácil conseguir darles marcha atrás.

Ello no quiere decir que políticamente vaya a ser fácil, pues hay enormes intereses creados alrededor de mantener la prohibición a las drogas, empezando por todas las agencias del gobierno que se dedican a combatirlas que se quedarían sin trabajo, en caso de abolirse la interdicción.

El creciente relajamiento de las leyes locales respecto a la marihuana y la actitud del gobierno federal de no involucrarse para aplicar sus leyes conlleva implicaciones fundamentales para México, pues es evidente que no tiene el menor sentido que nosotros sigamos persiguiendo el sembradío y comercio de la marihuana cuando en EU, el principal mercado para la droga, se hace exactamente lo opuesto.

Yo tengo la impresión de que la administración Obama, que acaba de ser relegida para un segundo y último periodo de cuatro años, puede ser mucho más susceptible a proponer cambios de fondo en las leyes federales, al menos en el caso de la marihuana, ahora que ya no enfrentará un nuevo proceso electoral.

En el próximo encuentro entre los presidentes electos Enrique Peña Nieto y Obama, antes de sus respectivas tomas de posesión, sería deseable que el próximo mandatario mexicano le informara a su contraparte que México seguirá el ejemplo de su país de no perseguir a productores, mercaderes o consumidores de marihuana.

De hecho, México debiera copiar integralmente el trato que le dan las autoridades de EU al narcotráfico en su propio territorio, pues es imposible creer que el enorme flujo de enervantes ilícitos que fluye por todos sus caminos hasta alcanzar a decenas de millones de usuarios en su amplia geografía les sea completamente desconocido.