El pasado domingo 2 de diciembre los presidentes de los tres principales partidos políticos –PAN, PRD y PRI– y Enrique Peña Nieto, firmaron el Pacto por México, por medio del cual se busca “el fortalecimiento del Estado mexicano a través del diálogo y el alcance de acuerdos entre las fuerzas política del país”, según lo dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

El Pacto por México se compone de tres ejes rectores: 1) El fortalecimiento del Estado mexicano; 2) La democratización de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales; 3) La participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas, tres ejes rectores a partir de los cuales los políticos involucrados ya llegaron a los siguiente cinco acuerdos: 1) Sociedad de derechos; 2) Crecimiento económico, empleo y competitividad; 3) Seguridad y justicia; 4) Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; 5) Gobernabilidad democrática, cinco acuerdos que, de entrada, plantean la siguiente pregunta: en un entorno republicano y democrático, de Estado de Derecho con Estado benefactor, ¿habrá algún político en contra del respeto a los derechos de la persona; en contra del crecimiento de la actividad económica; en contra de la seguridad y la justicia; en contra de la transparencia y rendición de cuentas en todo lo que tiene que ver con la tarea de gobernar; en contra de la gobernabilidad democrática, democracia que, en su fase electoral, le otorga al gobernante la legitimidad de origen: “Eres gobernante legítimo porque la mayoría te eligió”?

En un entorno republicano y democrático, de Estado de Derecho con Estado benefactor, todo lo acordado por los políticos en el marco del Pacto por México, independientemente de que el partido político sea de izquierda, centro o derecha, debe darse por descontado. En México, ¿no lo estaba? ¿Tan mal andábamos? El Estado de Derecho, definido como el gobierno de las leyes justas; la democracia, definida como el gobierno desde el pueblo; la república, definida como el gobierno cara al pueblo, y el Estado benefactor, definido (mínimamente) como redistribución del ingreso a favor de quienes no son capaces de satisfacer, de manera independiente, gracias al trabajo propio, sus necesidades básicas, suponen, esencialmente, un cierto tipo de gobierno, más allá de las diferencias accidentales producto de que los partidos políticos sean de derecha, centro o izquierda. Es por ello que, al final de cuentas, los gobiernos terminan pareciéndose mucho, sobre todo en lo que respecta a los fines. De haber ganado la presidencia Josefina Vázquez Mota, o López Obrador, y supuesto el entorno republicano y democrático, de Estado de Derecho con Estado benefactor, los ejes rectores del Pacto por México, y los acuerdos alcanzados, ¿hubieran sido esencialmente (ojo: esencialmente) distintos de los que al final de cuentas fueron? No: tal vez, de haber ganado Vázquez Mota, se hubiera puesto más énfasis en el tema del crecimiento económico o, de haber ganado López Obrador, el acento se hubiera puesto en el tema del combate a la pobreza, pero, insisto, en un entorno republicano y democrático, de Estado de Derecho con Estado benefactor, hay límites que no se deben sobrepasar, y hacerlo supone abandonar ese entorno de Estado de Derecho con Estado benefactor, de república y democracia, entorno que impone límites al qué, quedando espacio para la discusión en torno al cómo, espacio este último que es el del Pacto por México. ¿En qué deben ponerse de acuerdo los políticos? No en el qué sino en el cómo.

En un entorno republicano y democrático, de Estado de Derecho con Estado benefactor, el qué no puede variar mucho: 1.- El gobierno debe surgir de las urnas, lo cual supone el sufragio efectivo y, en los casos en los que sea posible, la tarea de gobernar debe practicarse con la participación de los ciudadanos (democracia); 2.- Se debe gobernar cara al pueblo, lo cual supone, antes que otra cosa, transparencia en el uso de los recursos (república); 3.- El gobierno debe ser el de las leyes, no el de los hombres (Estado de Derecho); 4.- El gobierno debe asumir ciertas responsabilidades de las personas, sobre todo las que tienen que ver con la satisfacción de necesidades básicas que, arbitrariamente, han sido definidas como derechos: a la alimentación, a la atención médica, a la educación, etc. (Estado benefactor). Estos qués son compartidos por gobiernos de derecha, centro e izquierda, no existiendo, desde este punto de vista, ninguna diferencia esencial entre ellos, y la mejor muestra de ello es El Pacto por México, firmado por el PAN, considerado el partido de la derecha, el PRD, calificado como el partido de izquierda, y el PRI, estimado como el partido de centro (aunque afiliado a la Internacional Socialista).

De ese entorno republicano y democrático, de Estado de Derecho con Estado benefactor, ¿qué hay que criticar? No la república, tampoco la democracia, y mucho menos el Estado de Derecho, sobre todo si se define como el gobierno de las leyes justas (siendo tales las que reconocen plenamente, definan puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos naturales de la persona a la vida, la libertad individual y la propiedad privada) sino el Estado benefactor, ese que tanto los gobiernos del PRI, como los del PAN, han practicado por medio de la redistribución del ingreso, redistribución que es sinónimo de gobernar, tal y como se prueba analizando los presupuestos de egresos de los gobiernos.

¡Y vaya que el Pacto por México, sobre todo en el primero de sus ejes –Sociedad de derechos– está a favor del Estado de bienestar, y por ello de la redistribución del ingreso, todo ello a partir de la identificación arbitraria de necesidad con derechos! ¿Qué acordaron los políticos? En primer lugar seguridad social universal, lo cual supone: 1.- acceso universal a los servicios de salud; 2.- pensión para los adultos mayores de 65 años, que no cuenten con sistema de ahorro para el retiro o pensión del IMSS o ISSTE; 3.- seguro de desempleo; 4.- seguro de vida para jefas de familia y, en segundo término, un sistema nacional de programas de combate a la pobreza, todo lo cual –seguridad social universal y sistema nacional de programas de combate a la pobreza– supone la redistribución del ingreso, es decir, al gobierno quitándole a unos para darle a otros, todo ello justificado a partir de una arbitrariedad: la identificación de necesidades con derechos, misma que hace del gobierno, desde un ángel de la guarda, que pretende preservarnos de todos los males, hasta una hada madrina, que intenta concede todos los bienes, momento de recordar que el gobierno no puede darle todo a todos, razón por la cual solamente le da algo a algunos, y que ese algo que a algunos les da previamente se lo tuvo que haber quitado a otros, algo que a los políticos no les quita el sueño, y allí están panistas, perredistas y priístas firmando el Pacto por México, con todas sus propuestas redistributivas.