Como apunté en los dos últimos artículos, uno de los elementos que impide que la economía mexicana crezca a mayores tasas es la notoria inequidad en la distribución del ingreso aunado a que la mitad de la población vive en condiciones de pobreza. Esto se traduce en que, para efectos prácticos, el mercado interno es muy estrecho por lo que el consumo familiar, como componente de la demanda agregada interna, no es una fuente significativa de crecimiento económico. Y de ahí la importancia de lograr, simultáneamente una caída en la incidencia de pobreza y una mayor equidad en la distribución del ingreso a través de una mayor acumulación de capital humano, ya que es éste el principal determinante de cómo se distribuye el ingreso en el largo plazo. Y ahora la pregunta es qué rol juega la política tributaria.

El Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, señaló que es necesaria una política tributaria redistributiva, en donde los que más utilidades generen paguen más impuestos, utilizando la mayor recaudación para financiar un esquema de seguridad social universal que comprenda servicios de salud, una pensión mínima garantizada y un seguro temporal de desempleo y que se estima costaría alrededor de cinco puntos porcentuales del PIB. Y así nada más; no dio ningún detalle de lo que el Poder Ejecutivo propondría al Congreso en materia tributaria.

En el análisis, hay que partir de una premisa básica. Los impuestos son únicamente para recaudar, nunca para redistribuir el ingreso. Cuando se utiliza el sistema tributario con un objetivo redistributivo, no solo no se logra éste sino, peor aún, se mina la base tributaria y, en consecuencia, la recaudación. Es mucho más eficiente, para efectos redistributivos, tener una sólida base de recaudación y utilizar el gasto público en programas bien diseñados y progresivos.

Ejemplos de porqué no sirve utilizar los impuestos con fines redistributivos abundan. Un ejemplo son los regímenes especiales de tributación en el ISR a personas morales, particularmente el aplicado a los agricultores y a los transportistas. Se pierde una inmensa cantidad de recursos tributarios sin que ello se traduzca en una mayor equidad en la distribución del ingreso. Igual sucede con el IVA; el gobierno pierde una fuente importante de recaudación y no porque los alimentos y medicinas tengan tasa cero, ello se ha traducido en una mayor equidad.

En consecuencia, lo que el gobierno tiene que hacer es un completo rediseño de los tributos que le impone al sector privado y lograr con ello una sólida base de recaudación para financiar programas de gasto público que sí tengan efectos redistributivos.

Primero, homogeneizar el IVA. Segundo, en el ISR para personas físicas, establecer un impuesto proporcional (flat tax) en donde el monto a pagar se estime como una proporción fija y uniforme para todos los contribuyentes de los ingresos totales brutos sin exenciones (incluidas las ganancias netas en el mercado de capitales) menos un monto fijo que podría ser la línea de pobreza, junto con un esquema de transferencias directas para aquellas familias cuyo ingreso esté por debajo de la línea de pobreza.

Y, finalmente para las empresas, es necesario abandonar el esquema actual de ISR y IETU, transitando solamente hacia el segundo impuesto, tal como fue originalmente diseñado es decir, una tasa fija aplicable a los ingresos brutos menos adquisiciones e inversión fija.

Una reforma con estas características fortalecería estructuralmente las finanzas del gobierno federal, simplificaría notablemente el sistema tributario y generaría un sistema de incentivos alineados con el objetivo de mayor crecimiento.