La explosión del centro administrativo de Pemex del 31 de enero, que causó la muerte a 37 personas y dejó a más de un centenar de heridos, no fue un accidente industrial. En esto se distingue de la explosión del 18 de septiembre de 2012 en el Centro Receptor de Gas de Reynosa, cuando hubo 30 muertos y decenas de heridas, y de muchos otros accidentes industriales de nuestro monopolio petrolero.

Pero quizá todos estos accidentes sean reflejo del mismo mal. Pemex es una empresa pobre… y esto es una enorme anomalía en un mundo en el que las petroleras se distinguen por su riqueza. Si bien los accidentes no pueden eliminarse completamente en una actividad como la petrolera, como lo demuestra el derrame de BP en el golfo de México de 2010, sí pueden disminuirse de manera radical cuando una empresa cuenta con recursos y con una cultura de seguridad.

Sorprende que Pemex sea pobre. No sólo es un monopolio que no enfrenta competencia en México, sino que en los últimos años ha gozado de la mayor y más prolongada bonanza en precios petroleros de la historia. El crudo de Pemex cuesta poco más de 6 dólares por barril, debido a que una parte muy importante sigue siendo de aguas someras, mientras que los precios de venta se han mantenido cercanos o superiores a los 100 dólares en los últimos años.

El problema es que las ganancias del petróleo crudo son borradas por unas pérdidas enormes en refinación y petroquímica y por unos impuestos que ascienden a 56 por ciento de las ventas. En consecuencia, la empresa registra pérdidas contables y un patrimonio negativo, es decir: sus pasivos son superiores a sus activos.

Pemex no tendría por qué ser pobre. Para empezar, el saqueo al que la somete de manera sistemática la Secretaría de Hacienda no es necesario. Pero para que termine, los legisladores deben llevar a cabo la reforma fiscal de fondo a la que siempre se han negado.

Además de reducir su carga tributaria, deben modificarse las reglas con las que opera Pemex. Sus programas de gasto no se ejercen con la libertad que debería tener una empresa productiva, incluso una paraestatal, sino que son limitados por una Ley de Obras Públicas hecha para controlar el gasto de una burocracia. Las prohibiciones a la inversión privada en muchas áreas de actividad, desde refinación de gasolina y operación de ductos hasta exploración y explotación de crudo y de gas, restringen también su desarrollo. La negativa a que Pemex tenga accionistas privados –como los tienen las paraestatales Petrobras de Brasil o Statoil de Noruega—debilita a la firma al reducir su capital de trabajo y privarla de aportaciones tecnológicas de otras empresas.

Por ser una petrolera pobre, Pemex invierte menos de lo que debería tanto en producción como en seguridad. Pero la empresa no tiene por qué andar dando lástima. Es simplemente cuestión de cambiar la ley y liberar su potencial. Una empresa más rica no sólo sería más segura y productiva sino que además haría más prósperos a los mexicanos.