La elección del nuevo papa, Francisco, el 13 de marzo desvió la atención de los mexicanos de la reforma de telecomunicaciones presentada apenas dos días antes. No faltará quien diga que los cardenales se unieron en un complot para tender una cortina de humo. No sería la primera vez que surgiera una acusación de este tipo. Recuerdo que en 2005 Andrés Manuel López Obrador se quejó de las televisoras por haber prestado más atención a la muerte del papa Juan Pablo II que a su proceso de desafuero. Esto demostraba, decía, que había una conspiración en su contra.

Complot o no, lo significativo es que la Iglesia Católica tiene ya un nuevo obispo de Roma y sumo pontífice y que se trata del primer latinoamericano, argentino, químico, jesuita y Francisco en la historia del papado. Independientemente de la importancia que pueda tener la nueva legislación en materia de telecomunicaciones, la gente común y corriente pronto se interesó más en la bendición Urbi et Orbi que en la desagregación del bucle local.

Un religioso sencillo, Jorge Mario Bergoglio se ganó el respeto de muchos argentinos por su rechazo a los lujos y por su decisión de utilizar con frecuencia el transporte público en vez de los vehículos que tenía a su disposición como arzobispo de Buenos Aires. Hay acusaciones en su contra, sin embargo, por presuntamente haber cuando menos aceptado el secuestro de sacerdotes durante la dictadura militar de los años setenta cuando era provincial de los jesuitas.

La iniciativa de reforma de las telecomunicaciones llega también acompañada de reacciones contrastantes. Los especialistas y el público han recibido de manera positiva la iniciativa, ya que consideran importante romper con los monopolios que han afectado al sector durante tanto tiempo, pero como es lógico hay decenas de cuestionamientos puntuales a distintos puntos de la reforma.

El presidente Enrique Peña Nieto sigue demostrando haber encontrado la forma de obtener los apoyos para sacar adelante sus iniciativas. No solamente las empresas que serán más afectadas por la reforma, América Móvil y Televisa, han anunciado que aceptan las nuevas reglas, sino que más de 300 diputados habían suscrito la iniciativa a un par de días de haber sido enviada a la Cámara. Se nota en la operación política una mano más firme que la de los sexenios anteriores. No falta quien diga que Peña Nieto ha restablecido una disciplina en el sistema político que recuerda a la que la Iglesia Católica ha construido durante dos milenios en sus estructuras.

No dejan de surgir temores, sin embargo. El nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, que algunos ya llaman Ifetel, pretende ser un instituto autónomo y con enormes poderes. La experiencia con el IFE nos dice, sin embargo, que los organismos autónomos pueden no ser tan independientes. Recordemos que el Congreso descabezó al IFE con la reforma electoral de 2007. Un organismo colegiado no necesariamente tiene tampoco eficacia, como lo ha demostrado también el IFE.

En términos generales la nueva ley parece tener más avances que retrocesos. Pero es importante dejar de lado las cortinas de humo y las teorías de la conspiración para entrar al detalle y preparar, una vez aprobada la reforma constitucional, una mejor Ley de Telecomunicaciones y reglamentos adecuados. La industria necesita claridad de reglas y una mayor competencia. Esperemos que el nuevo marco regulatorio lo permita. Y que no establezca una estructura excesivamente jerárquica y autoritaria, que puede ser útil para mantener el control político pero que termine violando la libertad de expresión.