Queda claro que la Doctrina Social de la Iglesia –DSI– considera, acertadamente (1 ), que el libre mercado “es una institución socialmente importante por su capacidad de garantizar resultados eficientes en la producción de bienes y servicios”, y que “un mercado verdaderamente competitivo es un instrumento eficaz para conseguir importantes objetivos de justicia: moderar los excesos de ganancias de las empresas; responder a las exigencias de los consumidores; realizar una mejor utilización y ahorro de los recursos; premiar los esfuerzos empresariales y la habilidad de innovación; hacer circular la información de modo que realmente se puedan comparar y adquirir los productos en un contexto de sana competencia”, razón por la cual lo acepta, pero señalando que ““la utilidad individual del agente económico, aunque legítima, no debe jamás convertirse en el único objetivo, (ya que) al lado de ésta existe otra, igualmente fundamental y superior, la utilidad social, que debe procurarse no en contraste, sino en coherencia con la lógica del mercado”, señalamiento que pasa por alto dos puntos importantes: 1) que en el mercado, es decir: en el intercambio, los agentes económicos actúan, siempre, en busca de la utilidad individual (cada uno, ya sea el oferente, ya el demandante, busca satisfacer sus necesidades); 2) que el resultado del intercambio, es decir: del mercado, es la utilidad social, entendida como el bien común de las partes involucradas, ya que, una vez realizado el intercambio, y dado que cada una de las partes valora más lo que recibe que lo que da, el bienestar de ambas es mayor. El intercambio es socialmente útil porque ambas partes ganan, siendo el resultado el bien (la ganancia) común (de las dos partes).

Aclarado lo anterior, y tocando el tema de la acción del Estado, la DSI apunta que “la actividad económica, sobre todo en el contexto de libre mercado, no puede desarrollarse en un vacío institucional, jurídico y político, (que) «por el contrario, supone una seguridad que garantiza la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes» (y que) para llevar a cabo su tarea, el Estado debe elaborar una oportuna legislación, pero también dirigir con circunspección las políticas económicas y sociales, sin ocasionar un menoscabo en las diversas actividades de mercado, cuyo desarrollo debe permanecer libre de superestructuras y constricciones autoritarias o, peor, totalitarias”.

Al margen de definir con puntualidad, ya que el no hacerlo puede llevar a esas superestructuras y constricciones autoritarias o totalitarias, cuáles son esos servicios públicos que el Estado debe proporcionar, y cuál es el sistema monetario que garantiza la preservación del poder adquisitivo de la moneda, lo señalado por la DSI apunta a la economía de mercado en el sentido institucional del término, es decir, apunta al conjunto de leyes y reglamentos que facilitan al máximo el intercambio entre oferentes y demandantes, y todo lo que está antes (la producción de mercancías), y todo lo que viene después (el consumo de satisfactores), para lo cual se requiere que esas leyes y reglamentos reconozcan plenamente, definan puntualmente y garanticen jurídicamente la libertad individual (laissez faire), así como la propiedad privada (laissez avoir), propiedad y libertad que son mencionadas por la DSI, todo lo cual apunta en la dirección correcta.

La DSI continúa señalando que “es necesario que mercado y Estado actúen concertadamente y sean complementarios. El libre mercado puede proporcionar efectos benéficos a la colectividad solamente en presencia de una organización del Estado que defina y oriente la dirección del desarrollo económico, que haga respetar reglas justas y transparentes, que intervenga también directamente, durante el tiempo estrictamente necesario, en los casos en que el mercado no alcanza a obtener los resultados de eficiencia deseados y cuando se trata de poner por obra el principio redistributivo, (y que) en efecto, en algunos ámbitos, el mercado no es capaz, apoyándose en sus propios mecanismos, de garantizar una distribución equitativa de algunos bienes y servicios, esenciales para el desarrollo humano de los ciudadanos: en este caso, la complementariedad entre Estado y mercado es más necesaria que nunca”.

Aquí empiezan los problemas. Uno: si el Estado ha de orientar la dirección del desarrollo económico, y si por orientar se entiende dirigir hacia un fin determinado, entonces no hay libre mercado que valga, sobre todo si por tal entendemos el sistema económico por el cual son los consumidores, comprando o dejando de comprar en el merado, quienes orientan la dirección del desarrollo económico. En el ámbito de la actividad económica mercado y Estado no son complementarios sino sustitutos, y si se ha de respetar el libre mercado la tarea del Estado debe ser, únicamente, la de reconocer plenamente, definir puntalmente y garantizar jurídicamente la libertad individual (laissez faire) para trabajar, emprender, invertir, producir, distribuir, comercializar, intercambiar, ahorrar y consumir, así como la propiedad privada (laissez avoir) sobre los ingresos, el patrimonio y los medios de producción. Dos: si el Estado ha de poner por obra el principio redistributivo, y si por tal entendemos que el Estado les quita a unos lo que es de ellos para darles a otros lo que no es de ellos, entonces tampoco hay libre mercado que valga, sobre todo si por tal entendemos el sistema en el cual el agente económico no solamente es libre para hacer lo que elija hacer (laissez faire), sino también para poseer íntegramente los frutos de su trabajo (laissez avoir), sin olvidar (olvido en el cual la DSI incurre), que la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual es la propiedad privada sobre el producto íntegro del trabajo, y que en la medida en la que se limita la segunda también se limita la primera (2 ). Tres: si el Estado ha de realizar la redistribución equitativa de ciertos bienes y servicios, para lo cual debe poner por obra el principio redistributivo, lo cual supone quitarle a uno lo que por justicia le corresponde (el fruto de su trabajo) para darle a otro lo que por justicia no le corresponde (el fruto del trabajo de otro), entonces tampoco hay libre mercado, entendido como el sistema que reconoce que la satisfacción de las necesidades depende, no de tener una necesidad, sino de la capacidad para producir el satisfactor, y en este punto nada más hay dos opciones: o la persona satisface sus necesidades gracias al trabajo propio, o lo hace gracias al trabajo de los demás, siendo que con relación a esta segunda opción nada más hay, a su vez, dos alternativas: o alguien más la ayuda voluntariamente, o a alguien más se le obliga a ayudarla, siendo ésta la opción que, al proponer la redistribución estatal con fines de equidad, defiende la DSI. ¿De qué se trata? De socialismo puro y duro, contrario al libre mercado, que no sólo es laissez faire (dejar hacer), sino también laissez avoir (dejar poseer).

Al final de cuentas, al proponer poner por obra el principio redistributivo, la DSI es contraria al libre mercado, y todo por no haber caído en la cuenta de que libertad individual y propiedad privada son dos caras de la misma moneda, que la segunda es la condición de posibilidad de la primera, y que en la medida en la que se limita la segunda, lo cual se hace poniendo por obra el principio redistributivo, se limita la primera.

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