En el contexto actual en el cual el crédito bancario al sector privado es de apenas un poco más de 25% del PIB, significativamente menor que el observado en otros países de nivel de desarrollo similar al de México (Brasil, 50% del PIB; Chile 80% del PIB), el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, sin dar algún detalle al respecto, señaló que próximamente se enviarán al Congreso una serie de iniciativas de reforma en materia financiera que abarcarían tanto a la banca comercial como a la banca de desarrollo.

Hay varios factores que explican la baja penetración del sistema bancario en la economía como es el que en la actualidad las empresas pueden acceder a otras formas de financiamiento como son papel comercial, certificados bursátiles, obligaciones quirografarias, además del tradicional crédito de proveedores. También puede influir, sobretodo en cuanto a las micro, pequeñas y medianas empresas, que no tengan una contabilidad rigurosa de su balance y estado de resultados, lo cual las limita al querer obtener un crédito bancario, más el hecho de que históricamente la vida de una micro y/o una pequeña empresa es de dos años, por lo que la banca difícilmente estaría dispuesta a otorgar crédito de largo plazo.

Pero hay otro elemento fundamental en la explicación: la notoria debilidad del estado de derecho en nuestro país, que implica que no existe la garantía de que el poder judicial garantice el cumplimiento de los contratos.

El estudio “Ejecución de Contratos Mercantiles e Hipotecas en las Entidades Federativas” elaborado por el Consejo Coordinador Financiero, con la participación de la Asociación de Bancos de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el despacho Gaxiola, Calvo y Sobrino y la agencia calificadora Moody’s, resalta la alarmante situación en la cual se encuentran los poderes judiciales estatales en materia mercantil e hipotecaria.

Con base en diferentes indicadores como son la calidad de jueces y magistrados, la imparcialidad de estos, autonomía de los jueces, idoneidad de la legislación estatal en materia mercantil e hipotecaria, suficiencia de juzgados y otros, se elaboró un índice de calidad institucional para cada uno de los poderes judiciales estatales. El índice va de 1 (peor calidad) a 5 (mayor calidad). Los cinco mejor calificados fueron Nayarit (3.12), Sinaloa (3), Nuevo León (2.83), Tabasco (2.82) y Coahuila (2.79). Los cinco peores fueron Puebla (2.11), Quintana Roo (2.09), Veracruz (2.06), Chiapas (2.05) y Tlaxcala (1.94). La media para las 32 entidades federativas fue de 2.52. Todos, menos dos poderes judiciales estatales, reprobados.

Un indicador particularmente importante es la duración de los procesos judiciales. Cuando un banco otorga un crédito a una empresa o un individuo, espera que en caso de no pago del principal y de los intereses, éste pueda acudir ante los tribunales para que se le adjudiquen los activos que respaldan el crédito y espera, asimismo, que el proceso sea imparcial, eficiente y expedito.

Del estudio se desprende que la duración media de los juicios ejecutivos mercantiles sin recurso de apelación es de 5.66 meses (los más rápidos en el Estado de México con 1.91 meses y los más lentos en Sonora con 10.56 meses). Con algún tipo de apelación, la duración media fue de 14.89 meses (Estado de México, 8.34 meses y Sonora, 26.38 meses). Y eso que son los ejecutivos ya que si son ordinarios sin recurso de apelación la duración media aumenta a  6.43 meses y con apelación la media sube a 15.69 meses, con Sonora en 29.07 meses en promedio.

De milagro la banca presta.